Los ciencinazis y los verdaderos magufos: una teoría sobre la insensatez humana


Los ciencinazis y los verdaderos magufos: una teoría sobre la insensatez humana


ESTEBAN HERNÁNDEZ. 
http://blogs.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/tribuna/2015-10-06/los-ciencinazis-y-los-verdaderos-magufos-una-teoria-sobre-la-insensatez-humana_1048527/

06.10.2015

En su número de septiembre de 2015, ‘The Atlantic’ publicó un artículo en el que analizaba el aumento de estudios científicos cuyos datos presentaban irregularidades, a partir de la retractación que la prestigiosa revista ‘Science’ hubo de realizar sobre una investigación que había recogido en su volumen de mayo. En el texto se señalaba cómo en 2012 un investigador de la compañía biotecnológica Amgen intentó reproducir 53 estudios clave sobre el cáncer pero sólo pudo replicar 6, además de citar algunos casos más de investigaciones con cifras manipuladas.

Esas prácticas se han convertido en frecuentes, señalaba el autor, debido a la gran competencia entre los científicos por los puestos de trabajo académicos y por la financiación de sus investigaciones, así como a la cultura de “publicar o morir” en la que están inmersos. Y como las revistas científicas son mucho más propensas a recoger las investigaciones que arrojan resultados positivos (aquellas que apoyan una tesis en lugar de refutarla), los investigadores cocinaban los datos para conseguir esa clase de conclusiones.

Si se trabaja en periodismo, o simplemente si se es un lector habitual de la prensa, se está muy habituado a estas experiencias dudosas. Es fácil que un estudio afirme que la leche (o cualquier otra cosa) es muy mala para la salud, que tres meses después se publique otro que diga que en realidad es excelente para algo, que otro a los seis meses concluya que la leche es lo mejor del mundo y que nueve meses más tarde se nos asegure que es la causa de alguna enfermedad terrible. Esa es la ciencia hoy, tejida por un conjunto de intereses, perspectivas teóricas, posiciones académicas y necesidades de financiaciónque hacen difícil orientarse entre sus avances.

La tecnología no está mejor. Las noticias que surgen de Silicon Valley son un cúmulo de expectativas superlativas dirigidas a hacernos creer que están encontrando soluciones para todo y que en pocos años habrán remediado por completo los grandes problemas de la humanidad, actitud que Evgeny Morozov ha denunciado utilizando la precisa y acertada expresión“solucionismo tecnológico” (su estupendo libro saldrá en un mes en España, vía Katz/Clave intelectual). En resumen, buena parte del mundo tecnológico se dedica a vender ilusiones que les son muy rentables a la hora de captar fondos, y luego, cuando sus fantásticos inventos no se concretan, nos dicen que fracasar es necesario y que equivocarse muchas veces es el mejor camino. Quizá sí, y lograr un avance sea cuestión de prueba y error, pero entonces no te dediques a vender lo que aún no has cazado y más como si fuera la revolución última que lo cambiará todo. Esa prudencia lógica del “cuando lo tengas, hablamos”, es ignorada por sus apologistas, que jalean las promesas que llegan desde la tecnología como si se tratase de la venida de Jesucristo a la Tierra.

Pero de esto no se habla. Los panfletistas de la ciencia, que son muy activos en redes y en los medios, no sólo creen a pies juntillas lo que se publica en revistas como ‘Nature’ o ‘Science’, o los estudios que salen de las universidades más prestigiosas, o los que están financiados por las empresas con más recursos, algo a lo que tienen todo el derecho, sino que se distinguen por atacar a quienes no están de acuerdo con ellos como si fueran seres inferiores a los que es preciso castigar para que salgan de su pobre estado de naturaleza.

Lo tienen bastante fácil: escogen una diana en la que todo el mundo está de acuerdo, fabrican un marco y van encuadrando en él y poniendo a su altura todo aquello que les disgusta. Dicen combatir las pseudociencias, esto es, las abducciones extraterrestes, la telepatía, los curanderos que sanan imponiendo las manos y ese tipo de cosas, y sitúan en ese nivel toda clase de crítica a la ciencia. Si alguien cuestiona la validez de los estudios que defienden, bien porque sean poco rigurosos conforme a los parámetros que deberían medirlos, bien porque sus conclusiones son demasiado endebles, bien porque quienes los han sufragado son gente interesada en obtener resultados determinados o bien porque sus investigadores saben que van a obtener muchos más fondos si fuerzan los resultados, se convierte inmediatamente en alguien perverso que ataca a los fundamentos mismos de la ciencia.

Cualquiera que no diga amén a lo que ellos piensan se convierte por arte de magia en un magufo, en un ser irracional y estúpido que cree en los horóscopos, las constelaciones y la ouija. Pero esto lo hemos visto antes: en el terreno político ha sido la táctica más común en los últimos quince años, y me saturan tanto estas banalidades que hasta he escrito un libro sobre semejante falta de cordura. Se titula ‘Nosotros o el caos’, y en su título queda bien reflejada esta mentalidad. Su argumento es: “O piensas como te digo o eres un imbécil que va a sumir nuestro mundo en la catástrofe”. En política ha sido el centro de muchos discursos (“si no piensas lo mismo que yo, aunque sólo te separes un centímetro, es porque eres un radical o un insensato que nos va a llevar a la ruina absoluta”) y en economía, para qué hablar.

No toda la ciencia que se realiza hoy en día es igual de rigurosa. (iStock)

No, no se trata de las ideas que defienden, sino de cómo lo hacen. No aceptan críticas, no aceptan refutaciones intelectuales, no aceptan que se difundan otras posturas, porque ellos poseen la verdad. Actúan como sacerdotes que van rastreando el pecado y castigando la maldad humana, ahora expresada en forma de credulidad e ignorancia. Si dices que sólo cuando lo veas creerás en que vamos a vivir hasta los 150 años, como dicen los tecnócratas tecnológicos,  o que Uber no es más que un sistema para desregular y concentrar en pocas manos una actividad descentralizada y sometida a controles, es porque eres un retrógrado paleto que se niega a aceptar los cambios.

Si dices que muchos estudios están construidos a partir de determinados intereses que pervierten sus resultados, eres un irresponsable que prefieres que a tu hijo le cure de apendicitis un sanador de manos antes que un cirujano. Si eres un periodista y te haces eco de estudios que no les gustan (creas tú o no en ellos, porque eres un periodista y lo que haces es simplemente contar lo que pasa) te conviertes en un seguidor de la quiromancia. Esto es peculiar, porque te atacan personalmente en lugar de refutar las tesis: lo lógico sería que discutieran con quienes realizan las afirmaciones que les disgustan, pero prefieren insultar a quien tienen a mano. Y no se te ocurra publicar una entrevista con algún científico que denuncie errores de las farmacéuticas, o que presente un estudio que defienda la homeopatía (yo no la utilizo, vaya por delante, pero los alemanes sí), o que defienda la comida ecológica, porque entonces ya caes en el peor de los crímenes. Y así sucesivamente… Es cierto que las posturas que defienden a muerte suelen ser las mismas que las promovidas por las empresas con más recursos, pero no creo que esto tenga mucho que ver, porque ellos son fanáticos de la verdad, el dinero les da igual.

Pero quizá sea peor lo que ocurre en el terreno de las ciencias sociales, donde se está alcanzando un grado de irracionalidad sorprendente, fruto de esa estupidez funcional, por citar la expresión de Spicer y Alvesson, que está inundando los campos del conocimiento. La economía, la sociología, la política e incluso la psicología se han convertido en entornos donde todo es reducido a números. Lo cuantitativo ya no es un arma válida más para entender la realidad social, sino la verdad total, de modo que nada puede ser dicho si no es reducido a una serie de fórmulas, gráficos y porcentajes. Esa actitud, que algunos académicos han denominado cuantofrenia, está pervirtiendo tanto la realidad para que pueda encajar en su modelo que acaba construyendo inútiles teorías mágicas. Veo tantos artículos que están construidos desde esta perspectiva que me asalta la sospecha de si no se están convirtiendo en aquello que dicen odiar, de si no son más que nuevos magufos. Porque reducir la realidad social sólo a las variables que se pueden medir y tomar uno de los instrumentos por el fin en sí mismo son las mejores maneras de hacer pseudociencia.

Decía Stanislav Andreski en su ‘Las ciencias sociales como forma de brujería’, que las advertencias contra la charlatanería (que en el mundo contemporáneo es numérica) no iban a servir de mucho porque siempre existirían “esclavos de la rutina que preferirían morir antes que pensar, buscavidas mercenarios, dóciles empleados educacionales acostumbrados a juzgar las ideas según la posición de sus proponentes y delicadas almas errabundas que suspiran por nuevos gurúes”. Es probable que sea cierto: la creencia en que se posee la verdad es un arma psicológicamente muy seductora como para abandonarla. En fin, que como terminaba Andreski su prólogo, “en todo caso, conviene no desesperar”.

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La cementera COSMOS no podrá incinerar residuos


El artículo que sigue fue publicado en Encartes21 el pasado 12 de Octubre. Lo incorporo al foro con el deseo de contribuir a su reactivación.
Luis Morera Sanz

La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba ha puesto en marcha el expediente para declarar fuera de ordenación urbana a la cementera Cosmos (antigua Asland), que de ese modo no podrá incinerar residuos. Con esta decisión, PSOE e IU, las dos organizaciones políticas que gobiernan el Ayuntamiento de la ciudad, cumplen el compromiso contraído en Mayo pasado, en plena campaña electoral, cuando firmaron el “Pacto por un aire Limpio“, suscrito también por el resto de grupos políticos y candidaturas que se presentaron a las elecciones municipales.
Cuando el Pleno del Ayuntamiento ratifique el expediente y adopte dicho acuerdo, posiblemente el próximo mes de noviembre, culminará un largo proceso que comenzó hace diez años y en cuya resolución han sido determinantes la presencia, el compromiso y las actuaciones del movimiento ciudadano.
Estos son los momentos más importantes del proceso:

Junio de 2005
La cementera presenta en la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Córdoba una solicitud de Autorización Ambiental Integrada (AAI), que es sometida a información pública en el BOP 223 del 30/12/2005. No se presentan alegaciones. Aprobada con fecha 2/03/2007, autoriza a la empresa a utilizar como combustible hasta 14200 de plásticos agrícolas, 26100 T de neumáticos, 54500 T de lodos de tratamiento de aguas residuales urbanas y 43500 T de residuos municipales mezclados, lo que supondría hasta un máximo del 30% del combustible total utilizado.
Pero la concesión de la AAI no es suficiente para poder iniciar la actividad: se requiere además que el Ayuntamiento conceda las correspondientes licencias municipales de obra, actividad y puesta en marcha.

Septiembre de 2007
Comienza a organizarse en la ciudad un movimiento de rechazo a la incineración prevista en la AAI. Promovido inicialmente por Asociaciones de Vecinos (AAVV) del entorno más cercano y organizaciones ecologistas, poco después se amplía hasta constituirse la Plataforma Córdoba Aire Limpio (PCAL), en la que participan diversas AAVV, Consejos de Distrito, y grupos políticos y ecologistas, hasta un total de 31 entidades.
Paralelamente, la empresa anuncia su intención de renunciar a la quema de residuos y que mantendría en su totalidad el uso de combustibles tradicionales.

Noviembre de 2007
La Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba informa, en una respuesta escrita a una pregunta del Grupo Municipal popular que “el gobierno municipal, en la persona de la Alcaldesa Rosa Aguilar, manifestó el compromiso político y la voluntad de no dejar que la fábrica lleve a cabo esta actividad” y que “Este ayuntamiento, se felicita por la decisión de Cosmos en cuanto a su renuncia a la quema de residuos, así como el anuncio del aumento de la producción y aplicación de mejoras técnicas para la reducción de emisiones de CO2. Igualmente ratifica que la quema de residuos no puede ser una fuente de producción de energía en la planta de Cosmos ubicada en Córdoba, por el daño objetivo, que se causa a los vecinos más próximos a sus instalaciones y por el empeoramiento que supondría de las condiciones ambientales que afectan a la ciudad.”
Julio de 2012
La PCAL solicita a la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Córdoba la declaración de caducidad de la AAI, alegando indefensión de las partes interesadas, incompatibilidad de la incineración de residuos potencialmente peligrosos con el PGOU de Córdoba, consideraciones sobre la naturaleza y destino de los vertidos emitidos a cauce público y a la red municipal de saneamiento, peligrosidad de las emisiones y existencia de “Mejores Técnicas” para el tratamiento de residuos que la incineración en cuanto a su impacto ambiental.

Diciembre de 2013
La Delegación de Medio Ambiente de la Junta en Córdoba declara la caducidad de la AAI concedida en Marzo de 2007, tras constatar que la empresa no ha realizado las obras previstas en el Proyecto autorizado –que deberían haber estado terminadas en Marzo de 2012- así como que tampoco han tramitado las correspondientes licencias municipales de obra para esta actividad.
Durante los trámites la empresa presentó un Acta Notarial en la que se manifiesta la existencia de obras relacionadas con el proyecto. Visitas posteriores a las instalaciones, tanto de técnicos del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía, informan de que no han detectado la existencia de obras relacionadas con el proyecto autorizado.

Febrero – Octubre 2015.
La AAI no es condición suficiente pero sí necesaria para la incineración de residuos. La anulación de la AAI significaba, pues, la imposibilidad legal para la empresa de llevar a cabo esta actividad. Sin embargo, en Febrero de 2015 la situación da un vuelco cuando el Viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta acepta el recurso de alzada presentado por la empresa en enero de 2014 contra la declaración de caducidad de la AAI, interpretando que el plazo de 5 años para la ejecución de las obras debe contabilizarse a partir de Enero de 2012 (fecha de la entrada en vigor de la norma que establece este plazo) y no a partir de Marzo de 2007 (fecha de notificación de la AAI), y sin entrar a considerar todos los demás argumentos -amplios y bien documentados- que motivaron la decisión inicial de caducidad.

A partir de este momento se reactiva el movimiento ciudadano contra la incineración de residuos en la fábrica de cemento, protagonizado de nuevo por la PCAL. Además de anunciar la intención de recurrir por todos los cauces legales posibles la decisión del Viceconsejero, promueve en Mayo de 2015 un documento, “Pacto por un Aire Limpio”, que firman todos los grupos políticos y candidaturas que se presentan a las elecciones municipales que iban a tener lugar días después, y que dice en su punto 1º:
Que, una vez quede constituida la nueva Corporación Local cordobesa, en el primer Pleno “útil”, que se celebre, se presentará una moción, en la que acuerde el inicio de la revisión de la calificación del emplazamiento de la cementera de la empresa CEMENTOS COSMOS SUR S.A., establecida en el actual PGOU declarándola formalmente “fuera de ordenación urbana” a fin de evitar que en ella se puedan establecer ampliaciones o cambio de actividades no adecuadas. Esta declaración no impediría a Cosmos continuar con la producción de cemento pero sí la incineración de residuos, ya que no podría recibir las licencias de obra necesarias para ello.

Un asunto pendiente: el traslado de la cementera
Cuando en el Pleno de noviembre todos los grupos municipales, en coherencia con lo que firmaron en Mayo, ratifiquen la propuesta de la Gerencia Municipal de Urbanismo, todavía quedará pendiente resolver el problema que supone para la ciudad la existencia de una cementera en pleno casco urbano.
La fábrica de cemento de Córdoba (originalmente Asland) se instaló en nuestra ciudad en 1931. Entonces estaba situada relativamente alejada del núcleo de población –aunque con casas “modestas” muy cerca. En los años 60 su plantilla era de unos 300 trabajadores. La crisis del sector de la construcción ha supuesto un descenso drástico en su actividad y actualmente la plantilla es, tras varios EREs, de apenas 40 trabajadores. Con el crecimiento de la ciudad ha pasado a estar localizada prácticamente en pleno casco urbano.
La fábrica no puede seguir indefinidamente en su localización actual. Por lo que se debe abrir, a partir de ahora, un periodo de transición, de duración razonable, en el que los intereses de los trabajadores y sus puestos de trabajo sean debidamente considerados, para que la fábrica se traslade a otra ubicación, alejada de zona urbana.
La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba deben mantener una defensa clara y firme de la seguridad y salud de la población cordobesa, así como un estricto cumplimiento de las normas en materia de evaluación del impacto en salud y ambiental de las actividades industriales.

Para saber más: http://www.cordobaairelimpio.org/. Véase especialmente:
Autorización Ambiental Integrada 2007
 Mapa del cáncer en España.
http://elpais.com/elpais/2014/09/30/ciencia/1412091987_955227.html
 Incineradoras e incidencia de cáncer.
http://www.cordobaairelimpio.org/wp-content/files/incidencia_de_cancer_en_la_poblacion_cercana_a_incineradoras_en_Espana_ingles.pdf
Riesgos incineración residuos en cementeras

LA INVESTIGACIÓN MOLECULAR Y LA SANIDAD PÚBLICA.


                       El siguiente artículo ha sido publicado en http://www.nogracias.eu/    y    http://encarte21.blogspot.com.es/  lo traigo a ideasyopiniones ya que sigo pensando que es una buena herramienta para expresar nuestras opiniones, aunque últimamente me haya quedado bastante solo.

                      Diego Llanes

 

La parcelación de los seres vivos, para su estudio, ha permitido esclarecer de qué estamos hechos y ha situado a los genes (ADN) en la base de la vida. El conocimiento generado con este modelo de estudio ha permitido, además, el desarrollo de productos y técnicas, consideradas útiles para la salud humana y animal y para la mejora de las distintas producciones animales y vegetales. El conocimiento es un bien colectivo, y por tanto no es apropiable por los poseedores del capital, sin embargo los usos de ese conocimiento si pueden serlo. En nuestro caso los medicamentos y técnicas generados por este modelo, se adaptan muy bien al proceso de privatización mediante patentes. Los descubridores y/o propietarios obtienen así jugosos beneficios económicos, lo que permite retroalimentar al modelo de estudio que lo favorece, convirtiéndolo en el único realmente existente en nuestra sociedad.

El modelo de investigación y la protección del uso del conocimiento generado mediante patentes, han dado lugar a lo que podemos llamar complejo genético-industrial, que contiene a las grandes farmacéuticas, con un poder solo comparable al complejo militar-industrial. Este modelo de investigación molecular reduccionista y su paradigma, el determinismo genético, esconde cuidadosamente que no es eficaz para dar soluciones a problemas biológicos complejos, como son las enfermedades animales y humanas, y así los ingentes fondos públicos que nuestra sociedad gasta con la promesa de vencer a las enfermedades, están lejos de conseguir los resultados prometidos.

Su fracaso se debe a que la inmensa mayoría de nuestras enfermedades o anomalías, no son consecuencia de un simple error en el genoma del individuo. Nuestro modelo de investigación prefiere olvidar que una persona se compone de moléculas, células, tejidos y órganos que necesariamente deben moverse en un ambiente y en una sociedad concreta. El tratamiento de esas anomalías básicamente desde la perspectiva molecular es un enorme error, como día tras día se puede observar en la lucha contra el cáncer y las enfermedades cardiovasculares (las principales causas de muerte en las sociedades ricas). Los avances más notables en estas enfermedades son consecuencia de nuevas medidas quirúrgicas, relacionadas con las mejora de las tecnologías y de los conocimientos en fisiología y anatomía, y no con los avances aportados por la investigación molecular.

Investigación y modelo económico.

¿Cuántos miles de millones de euros más serán necesarios para lograr un retroceso en la incidencia del cáncer y de las enfermedades cardiovasculares en nuestra sociedad? De acuerdo con la OMS (Organización Mundial de la Salud) para 2030 habrá un incremento en la incidencia del cáncer del 55%. ¿Son necesarios otros cincuenta años de estudios moleculares, antes de cambiar esta tendencia?
Las enfermedades de origen infeccioso, aunque diferentes en su origen, son un buen ejemplo para comprobar la influencia que tiene el medio ambiente, sobre el valor curativo del modelo de investigación molecular. Para ello debemos admitir que los espectaculares avances en el conocimiento, tratamiento y curación de las enfermedades infecto contagiosas han coincidido con cambios simples en la higiene de las poblaciones (alcantarillado, cloración del agua, asepsia, régimen alimenticio…), pero solo en el primer mundo. En las zonas económicamente desfavorecidas por el capitalismo (la mayoría del planeta), los avances en la detección y tratamiento basados en el modelo molecular de poco sirven. Lo que vendría a demostrar que las herramientas generadas por las mejoras sociales y el desarrollo económico, son al menos tan potentes para el tratamiento de enfermedades como las herramientas generadas por el modelo de investigación molecular.

¿Cuánto debemos esperar para que las mejoras sociales en prevención y en el modelo económico permitan una disminución en la incidencia de las enfermedades más comunes en el primer mundo, igual que lo han permitido en las enfermedades de origen infeccioso? No se trata de cambiar una proteína por otra, o un gen por otro, sino de mejorar la salud de un ser vivo formado y situado en medio de infinitas conexiones moleculares, ambientales y sociales.
Pese a los elevados costes y los pobres resultados, el modelo molecular es hoy el preferido por el sistema económico capitalista y esto tiene unos motivos que en nada se relacionan con el avance del conocimiento que el modelo de investigación produce.

Ciencia y salud

En la lucha contra las enfermedades, junto a la Ciencia, que aumenta nuestro conocimiento, los seres humanos necesitan instituciones, capaces de usar ese conocimiento, para tratar sus problemas de salud. Ambos aspectos, conocimientos generados por la Ciencia y las instituciones sanitarias que deben aplicarlos, están estrechamente ligados. Las instituciones sanitarias siguen dos modelos básicos en el capitalismo; uno público, financiado con los impuestos de los ciudadanos y que atiende al enfermo independientemente de su situación social y, otro privado, financiado por los individuos que acceden a los diferentes servicios. En ambos casos los medicamentos y técnicas empleadas son aportados por empresas, en su gran mayoría en manos de capitales privados.

Los científicos en general consideran que el modelo de investigación que utilizan para aumentar el conocimiento, que procede en su mayoría de fondos públicos, es independiente del modelo sanitario. En Europa, donde el sistema sanitario público está más implantado, es cada vez más frecuente que los usos de los nuevos conocimientos, bien sean nuevas técnicas o nuevos medicamentos, propiedad de las empresas farmacéuticas, no se puedan aplicar a todos los supuestamente necesitados de ellos, dado su elevado coste, véase el reciente caso de la hepatitis C.

A la vista de los datos que hoy tenemos, creemos que el modelo de investigación molecular, además de escasamente eficaz, es contrario al sistema sanitario público. La gran mayoría de los resultados que se obtienen, bien sean medicamentos o técnicas, están dirigidos al desarrollo de lo que llaman medicina personalizada, medicina que es incompatible, por su coste, con una sanidad que quiera cubrir a los varios miles de millones de habitantes del planeta.

La medicina personalizada objetivo actual de la investigación molecular, además de imposible de aplicar en una medicina pública y universal, resulta extremadamente costosa, dada la dificultad para obtener nuevos conocimientos que la sustenten, y por ello la investigación básica es cada vez más responsabilidad del sector público.

Privatizar el conocimiento, privatizar la salud.

Los elevados costes que asume el sector público en el modelo de investigación molecular para el desarrollo de la medicina personalizada se reparten en: a) Mantenimiento de centenares de institutos de investigación con una estructura compleja, necesaria para el mantenimiento de la tecnología. b) La compra de aparatos cuya obsolescencia es muy elevada, aparatos que son en general producidos por empresas del complejo genético-industrial y c) Los salarios de una gran variedad de personal altamente cualificado que en buena parte ha sido además formado con fondos públicos.

Para apropiarse del uso del conocimiento generado con las inversiones públicas, el complejo genético-industrial, ha convencido a los gestores públicos de la necesidad de permitir la creación de empresas que queden asociadas a los institutos de investigación financiados con los impuestos de todos. El objetivo: privatizar, desde sus comienzos, los usos del conocimiento generado con fondos públicos, usando como pretexto que es la única forma de estimular el interés de los investigadores por su trabajo. Así los descubrimientos son patentados y los más rentables acaban en manos de las poderosas grandes farmacéuticas únicas con poder y capital suficiente para acometer el desarrollo y la comercialización de estos nuevos productos.
El modelo de investigación molecular, que en sus inicios podría presentarse como independiente del modelo económico, depende ahora de los sectores dominantes de este, el sector financiero, con el que mantiene estrechos vínculos a través del complejo genético-industrial y al que dota de herramientas que permiten burbujas financieras.

Además, el modelo está siendo extendido a todos los países, mediante campañas de propaganda, por las que se le sitúa dentro de la llamada economía del conocimiento, presentada como alternativa y salida de la actual crisis económica. Estos países se ven obligados a invertir grandes cantidades de fondos públicos en este modelo de investigación, fondos que podrían ser usados para potenciar la sanidad y la educación básica. Además, los resultados, de haberlos, pasarán a las grandes farmacéuticas, centro del sistema sanitario público o privado y únicas capaces, como hemos dicho, de desarrollar y realizar el marketing necesario para convencer a la sociedad y a las autoridades sanitarias de la bondad de unos nuevos medicamentos de una dudosa utilidad.

La extensión a muchos países de este modelo de investigación favorece al complejo genético-industrial de dos formas; la primera, consigue que la sanidad pública del país entre en el mercado de la medicina personalizada donde se ofertan medicamentos y técnicas a precios exorbitantes y la segunda, hace que los millares de investigadores, médicos y gestores de los institutos y centros de investigación, del país en cuestión, se conviertan en grupos de presión social. Grupos que reclaman un continuo aumento de gasto público para este modelo de investigación, que llega a ser presentado como el único capaz de generar nuevos conocimientos y por tanto nuevos medicamentos, aunque en realidad acabará llevando a la sanidad pública al colapso.

Nos encontramos ante una situación perversa; a más fondos públicos invertidos en el avance del conocimiento, más usos serán privatizados, impidiéndose con ello que puedan ser aplicados al conjunto de la población que con sus impuestos ayudó a generarlos. Se abre un tiempo donde la privatización de medicamentos y técnicas traerá un trato diferencial de los seres humanos. Por un lado los que puedan pagarse y someterse a tratamientos muy caros, aunque sean de dudosa efectividad y, por otro, los excluidos del sistema, que cada vez son más, a los que solo quedará la medicina ligada a las instituciones caritativas.

Los investigadores e investigadoras moleculares, la mayoría con contratos precarios, que de forma consciente o inconsciente trabajan para este modelo científico, deben tomar conciencia de que su paradigma científico ha dejado de cumplir con su cometido de producir conocimientos útiles para el conjunto de la población. Necesitamos un nuevo paradigma en Biología, que tenga en cuenta a los seres vivos como un todo, y sustituya al objetivo de la medicina personalizada por otra que sirva para todas las personas dentro de un modelo sanitario público y universal. En tanto esto sucede los investigadores e investigadoras deberían minimizar el daño que produce el actual modelo de investigación en el sistema sanitario público universal, proponiendo medidas para que los usos del conocimiento, generado con fondos públicos, pasen a titularidad pública.

Diego Llanes Ruiz

LA NUEVA Y LA VIEJA POLÍTICA.


Esta reflexión me surge tras las elecciones municipales y autonómicas y pretende abrir un debate que creo necesario.
Empecemos diciendo que en el momento actual del desarrollo capitalista, el término izquierda y derecha como categoría partidaria, usado por lo que llamo “vieja política”, ha quedado anticuado. Tenía un sentido cuando se trataba de escoger entre modelos de “crecimiento” económico. Ahora, es mi opinión, esto se ha terminado y en el horizonte se nos presenta únicamente el cómo gestionar nuestro paso hacía el “decrecimiento” (1) y a ello deberán aplicar sus energías las mayorías sociales (en general con trabajo precario o desempleadas) siendo indiferente que sus componentes se consideren de derecha o izquierda.
En estos momentos históricos el modelo económico es claramente insostenible, es un problema básicamente energético. Pero los seres humanos que nos hemos criado y educado en un sistema capitalista, que necesita el crecimiento exponencial para sobrevivir, estamos habituados a cubrir las necesidades dentro de este modelo, algunos incluso acaparando mucho más de lo que necesitan (son los triunfadores o triunfadoras del sistema). Es en ese contexto de necesidad donde los partidos de la “vieja política” echan sus redes una vez cada cuatro años. En ese marco, muchos ciudadanos eligen de entre propuestas similares aquella que piensan le beneficiará personalmente, aunque tengan pruebas históricas de que se trata de un juego amañado.
Sin embargo, hay grupos de mujeres y hombres que han dejado de confiar en que este modelo tenga alguna utilidad para cambiar las relaciones sociales. Estos grupos, que apuestan por otros modelos de gestión democrática, a los que llamo “nueva política”, son por ahora minoritarios y no utilizan las herramientas electorales clásicas, para difundir sus planteamientos. Su fuerza puede medirse por la capacidad de generar plataformas que llevan a cabo acciones concretas para la protección y gestión de la sociedad y el medio ambiente. Estos sectores representan el futuro, y de su capacidad para cubrir nuestras necesidades cotidianas dependerá que la transición a un nuevo modelo económico poscapitalista llegue a ser una realidad.
(1) Las otras opciones posibles se relacionan con el colapso de nuestra civilización, pero preferimos no entrar en ese escenario, aunque muchos lo ven el más probable.
Diego Llanes

El régimen andaluz.


He entresacado esta parte de un artículo de Gustavo Buster, ya que refleja lo que pienso de nuestra tierra.

  1. el artículo completo con los links está en:

http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=7980

Esta subordinación de la política andaluza a la más general del Reino de España –la peor pesadilla de los distintos regímenes autonómicos y sus barones territoriales – no debe hacer perder de vista las características especificas del modelo andaluz. En definitiva son ellas las que están en el origen de la crisis política iniciada con imputación de funcionarios y políticos de la Junta en el caso de los ERE que provocó las dimisiones sucesivas de Chaves y Griñán, la elección de Susana Díaz, la formación de un gobierno de coalición con IU –a condición de que se crease una comisión de investigación en el Parlamento andaluz- la crisis del gobierno de coalición por las contradicciones internas insalvables en IU, la “maniobra táctica” por la estabilidad de Susana Díaz y la actual situación de bloqueo en el Parlamento andaluz a la formación de un gobierno minoritario del PSOE.

Reconocer estas características del “régimen andaluz” es adentrarse en la complejidad del estado de las autonomías en la Constitución de 1978, más allá de la pretensión de excepcionalidad que se atribuye a Cataluña o el País Vasco por la importancia de las fuerzas políticas nacionalistas. Después de 35 años de gobierno continuado de Andalucía, la huella del PSOE ha sido determinante en la configuración de su actual estructura económica y social, en un proceso de cambio desde los finales del franquismo en el que era un ejemplo de un “desarrollo del subdesarrollo” que hundía sus raíces en una estructura de propiedad agrícola que se remontaba a la reconquista, primero, y a la desamortización del siglo XIX, después, con un desarrollo industrial cortocircuitado desde finales del siglo XIX hasta entrados los años 60 del siglo pasado.

Esta descripción puede resultar un poco apocalíptica. Pero basta comparar algunas cifras en la gestión de la Gran Recesión en la región más poblada del Reino: tasas de paro del 34,7% (25% en España), de pobreza del 38,3% (27,3), de pobreza infantil del 45,3% (32,6%), de 980 euros per capita de gasto sanitario (1.205) -ver aqui y aqui Ello a pesar de una balanza fiscal con el resto de las autonomías que suponía transferencias del 4,29% del PIB en 2005 y un endeudamiento total que, con la crisis, ha pasado del 24% en 2007 al 97% en 2013.

La evolución del gasto público de la Junta de Andalucía, desde un mero 5% de su PIB en 1985, hasta alcanzar el 22% del PIB en 2010, es la crónica del despliegue de una red clientelar específica de un “capitalismo de amiguetes” peculiar, ligado al desarrollo de una sanidad y una educación públicas con sectores privados concertados y subvenciones a sectores agro-industriales y manufactureros ligados a la exportación y la energía, al tiempo que se dejaba caer sectores industriales públicos, como la construcción naval. Todo ello en paralelo al mantenimiento de bolsas de campesinos sin tierras, mantenidos gracias al PER, con el argumento adicional de evitar una concentración urbana inmanejable en pleno hundimiento de su salida tradicional en el sector de la construcción (Ver la colección de los Informes económicos y financieros de la Junta).

Esa estructura clientelar –que está detrás de la explicación no solo de porqué se produjeron las subvenciones irregulares a los ERE sino también de porqué el Parlamento andaluz los aprobó sin objeciones durante 10 años- ha salido fuertemente dañada de la crisis. El gasto social público de la Junta es un componente esencial para importantes sectores de la población en el mantenimiento de un nivel de vida cuando parten de un ingreso per capita que le sitúa en el puesto 18 de las comunidades autónomas.

Para estos sectores de la población andaluza, el PSOE al frente de la Junta, después de 35 años, es a falta de una alternativa de gobierno a su izquierda, un “mal menor” capaz de asegurar en ciclos alcistas una serie de transferencia fiscales gracias a la aportación de los votos del PSOE andaluz a la mayoría necesaria para los gobiernos del PSOE en el estado central. Y durante la crisis, un “neoliberalismo de rostro humano” justificado en el miedo a una Junta en manos del PP como representante de los intereses de los sectores más reaccionarios de la burguesía andaluza. Esta ha sido en definitiva la raíz estructural del “felipismo” y el mantenimiento de su influencia tanto en la Junta de Andalucía como en el PSOE, como fue patente en el 38º congreso del partido en Sevilla en 2012. Ese “felipismo” es el que continua operando en las “maniobras tácticas” de Susana Díaz y que parece entrar ahora en un callejón sin salida, que es una muestra más de la crisis del régimen del 78.

Gustavo Buster es miembro del comité de redacción de Sinpermiso

PORQUÉ APOYO A LA RENTA BÁSICA UNIVERSAL.


El siguiente artículo me ha sido publicado en: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=7754

Paso a reproducirlo en nuestra web, creo que es un tema de actualidad y que ha generado mucho debate desde que PODEMOS lo incluyó en su programa al Parlamento europeo.

Un cordial saludo

Diego

 

Son muchos los motivos que hay para defender la implantación de una renta básica universal y no condicionada (RBU), una renta que en nuestro país representaría unos ingresos de 7500 euros anuales para cada residente legal mayor de edad y un 20% de esa cantidad para los menores.

Serían motivos: a) Económicos; ya que permitiría una seguridad básica a cada residente, frente a la incapacidad del actual sistema capitalista de ofrecer esa seguridad a través de empleos con salarios dignos. b) Sociales; pondría freno al proceso de desmantelamiento de las instituciones y de los mecanismos que aportan solidaridad y protección social. c) Laborales; permitiría luchar contra la precariedad en el empleo, incrementando el poder de negociación de los trabajadores y trabajadoras.

Además la RBU tendría efectos morales y sicológicos positivos para la sociedad; actuaría como parachoques contra los golpes adversos, disminuiría las trampas de la precariedad, eliminaría la incertidumbre en la que viven los más desfavorecidos y fomentaría la libertad personal del conjunto de la población.

Una RBU de este tipo interesa a grupos muy mayoritarios de ciudadanos; todos aquellos trabajadores y trabajadoras que necesitan de un salario para vivir, a los jóvenes con trabajos precarios, a los parados, especialmente a los de larga duración, a los jóvenes en general y los que tienen como única salida la emigración, a las mujeres y hombres cuyo trabajo está fuera del mercado laboral. ¿Quién pierde entonces con la renta básica universal? Únicamente las élites socioeconómicas.

La RBU como toda opción sociopolítica tiene muchos detractores. Aducen, entre otros motivos, el de su inviabilidad económica, el ser una propuesta utópica y que promueve la indolencia. Recordemos que las prestaciones por desempleo también fueron rechazadas en un principio con argumentos similares. Sociológicamente sus detractores provienen tanto de la derecha, que prefieren las ayudas condicionadas y la caridad, como de sectores socialdemócratas y de la izquierda radical que aducen otros motivos que ahora analizaremos.

Usualmente tanto entre los defensores como entre los detractores no se destacan los motivos sociopolíticos que subyacen a la defensa o rechazo de la RBU. Las elites, sin embargo, ven con claridad que la RBU es una opción social que no les conviene ya que instauraría un cierto grado de libertad e independencia socioeconómica en la ciudadanía, lo que choca directamente con sus intereses. En la izquierda el rechazo de la RBU, viene de seguir instalada en paradigmas económicos que el capitalismo actual ha convertido en caducos, como la defensa del pleno empleo.

Los sectores más radicales la rechazan por no cuestionar la forma de vida capitalista en sí. Junto a ello, consideran que su implantación requiere de fondos que serán obtenidos de los sectores capitalistas exitosos mediante impuestos, sectores que desaparecerían en cuanto la medida se extendiera globalmente. La RBU por tanto, dicen, solo funcionaría en unas pocas sociedades favorecidas por el sistema capitalista. Coincidiendo con el objetivo de sustituir el paradigma capitalista por otro nuevo los que apoyamos la RBU sostenemos que permitiría a los desfavorecidos esperar de manera más segura la llegada de este nuevo paradigma.

La característica política diferenciadora de la RBU con otras propuestas tanto de derecha como de izquierda, es el no ser una promesa de futuro, la RBU se puede aplicar de forma inmediata, si una mayoría de la sociedad así lo decide. La RBU debe ser vista como un dividendo social derivado de las inversiones y el trabajo duro de los antepasados. No es un beneficio para generaciones futuras, aunque su implantación cambiará, como hemos señalado, el futuro de nuestras sociedades, es una conquista que puede y debe aplicarse aquí y ahora.

Walter Benjamín en el punto XII de sus escritos Sobre el concepto de historia, afirmaba que la socialdemocracia, “se ha contentado con asignarle a la clase trabajadora el papel de mera redentora de generaciones futuras. Con ello cortó el tendón donde se apoya la mejor de las fuerzas… [las] que se nutren de los antepasados esclavizados y no del ideal de los descendientes liberados”.

La RBU, por ello, sería un premio que merece la clase trabajadora por los sacrificios que ya han realizado los antepasados durante decenios de capitalismo, trae a la política la inmediatez que necesitan hoy los desfavorecidos y desfavorecidas. Inmediatez que favorecerá la lucha por un nuevo modelo económico y energético.

Como señala Benjamín, la implantación de la RBU implica que los desfavorecidos recuperen la fuerza de que disponen, después de decenios en las que se les ha educado para que olviden que todas las conquistas sociales actuales se han debido a la voluntad de sacrificio de sus antepasados.

La demostración de que la propuesta es viable económicamente en nuestro país, está en: “Un modelo de financiación de la Renta Básica para el conjunto del Reino de España: sí, se puede y es racional.

Este trabajo demuestra que con la reforma del IRPF y el ahorro de las prestaciones que hoy existen inferiores a la RBU, ésta se podría financiar. Un porcentaje del 60 al 70% de los declarantes y todos los no declarantes saldrían beneficiados. Una reforma fiscal, no contemplada en el modelo pero necesaria, permitiría aumentar ese porcentaje de declarantes que se benefician y poder subir los gastos en todo lo relacionado con la sanidad y educación pública, lo que claramente diferencia a la RBU que defiendo de la propuesta por economistas de derecha, que junto con la RBU proponen la eliminación de todas las ayudas públicas.

Los partidos que incluyan en su programa la RBU no lo tendrán fácil y deberán hacer un gran esfuerzo pedagógico para vencer el miedo que todo lo nuevo genera en la sociedad y así conseguir el apoyo de la mayoría de la población para su implantación, y en eso está ahora la batalla.

 

¿Por qué y para qué reforma Wert el sistema de títulos universitarios?


El PP prometió en 2011 una nueva Ley universitaria y para ello hizo que una comisión gastara tiempo y dinero en preparar el correspondiente informe. No debió gustar el resultado al ministro Wert y en lugar de una Ley el ministro optó por transformar las universidades mediante reales decretos (RD).
El articulo de Albert Corominas y Vera Sacristan analiza el último RD, que, como explican, esconde un aumento del precio de las enseñanzas universitarias. Además Albert Corominas y Vera Sacristan nos recuerdan que es el famoso Plan Bolonia el que abre las puertas a  estas subidas y que justo es recordarlo se debió a un gobierno del PSOE.

Diego

 

¿Por qué y para qué reforma Wert el sistema de títulos universitarios?

Albert Corominas · Vera Sacristán

El BOE del 3 de febrero ha publicado el Real Decreto (RD) que modifica la ordenación de las enseñanzas universitarias, sin que para ello hayan sido óbice las críticas u objeciones de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, las asociaciones estudiantiles, todos los sindicatos e incluso el Consejo de Estado.

Antecedentes: el “Plan Bolonia” y el austericidio

Para analizar el alcance de este RD hay que remontarse a 2007, cuando se inicia la implantación en España de lo que se dio en llamar Plan Bolonia  y que realmente no es ningún plan, sino una declaración de 1999, vaga y técnicamente deficiente, que,  con el fin de facilitar la movilidad estudiantil en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) y de profesionales con título universitario en la Unión Europea, propugna sistemas comparables de dos ciclos (con un primer ciclo de no menos de 3 cursos), establece un sistema de, digamos, medida común del esfuerzo discente (el ECTS, European Credit Transfer (and Accumulation) System) y el Suplemento Europeo al Título, un documento con información descriptiva normalizada sobre los estudios cursados, para facilitar su reconocimiento académico y profesional.

Había entonces en España un catálogo de títulos oficiales, con 64 de ciclo corto (3 cursos), 67 de ciclo largo (4 o 5) y 22 de segundo ciclo (2 años, accesibles desde títulos de ciclo corto): 153 en total. Bastaban unos retoques para adaptar el sistema al EEES, pero este sirvió de pretexto para una reforma radical, que obligó a extinguir todos los planes de estudios vigentes.

El retraso y las peculiaridades de la implantación en España del EEES se explican por la inconsistencia y la carencia de proyecto universitario del PSOE y de los sucesivos gobiernos de Zapatero, que tomaron una opción  rígida en cuanto a la duración de los grados (4 cursos) y desreguladora en cuanto a su naturaleza y contenido. Pero lo más significativo de la reforma no era la duración de grados y másteres (4+1 o 4+2), sino  el énfasis en la ocupabilidad (employability),  entendida como especialización cortoplacista, y, en sintonía con este enfoque, el encumbramiento de las competencias versus los contenidos, y el fomento de métodos docentes alineados con el eslogan “aprender a aprender”.

En esta línea resultan coherentes la vaguedad en la definición de las funciones de los grados y la substitución del catálogo de títulos por un registro en el que cada universidad puede inscribir como oficial cualquier título que conciba, previa validación de algunos requisitos –más circunstanciales y burocráticos que de contenidos– por parte de una agencia evaluadora.

Tal como algunos ya advertimos como peligro en 2005, todo ello ha desembocado en la  trivialización y degradación del grado, la mercantilización del postgrado y de algunos grados, y el desparramo del conocimiento. Frente a los 153 títulos que había en el catálogo, en el registro se pueden contar ahora, solo entre los de grado, no menos de 500. Y sin conseguir plenamente el supuesto objetivo principal de encajar el sistema español en el EEES, bastante heterogéneo, por cierto.

Los primeros pasos de la implantación del EES en España (que, como se recordará desencadenaron fuertes protestas) coincidieron con la activación de una campaña de desprestigio de la universidad pública, orientada a reducir la dimensión del sistema y su calidad, con el concomitante y disuasorio discurso de la sobrecalificación y con el estallido de la crisis financiera.

En este contexto, la contribución a la política universitaria del último gobierno del PSOE y del actual de PP, así como de los gobiernos de algunas comunidades autónomas, como el bipartito de Convergència i Unió en Cataluña, ha consistido básicamente en la aplicación de las políticas austericidas, que se ha concretado en el recorte de las subvenciones, la cuasi congelación y la precarización de las plantillas y el aumento de los precios de matrícula (especialmente en Cataluña y la C.A. de Madrid), todo lo cual ha hecho más difícil el acceso a la universidad y ha expulsado del sistema a miles de jóvenes. En particular, con el sistema de precios establecido por el Real Decreto-ley 4/2012, los de los másteres que no habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas duplican con creces los de los grados.

El nuevo Real Decreto

En este marco aparece y debe valorarse el RD, cuyo motivo, según su preámbulo, no es otro que fomentar “la internacionalización de nuestros egresados universitarios”.

Su parte dispositiva se reduce básicamente a abrir la posibilidad de que haya grados de 3 cursos (180 créditos) y a dar algunas indicaciones sobre los planes de estudios de los grados, que deberían tener carácter generalista, con la obligación de incluir materias  básicas determinadas (lo que sería positivo para los nuevos grados, pero no tiene incidencia sobre los vigentes), y con la posibilidad de reducir hasta lo irrisorio los conocimientos propios de cada grado. En un plan de estudios de 3 cursos  el decreto prevé que pueda quedar menos del 60%, el equivalente a 1,775 cursos, para impartirlos, puesto que las prácticas externas pueden alcanzar el 25%, el trabajo fin de grado un 12,5% y se puede obtener más del 3% como reconocimiento de actividades “culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación”).

Tras las luchas anti-Bolonia, muchas voces, entre las cuales las de consejeros autonómicos y algunos rectores, manifestaron reiteradamente que los grados tendrían que pasar mayoritariamente de 4 cursos a 3 y que las universidades deberían tener más autonomía (de hecho, más desregulación), entendida como libertad de diseñar su oferta de enseñanzas.

Pero una de las causas principales de que se haya llegado a la situación actual es precisamente la desregulación, la cual, aunque defendida por los creyentes en la mano invisible, suele tener las consecuencias que prevé el conocido dilema del prisionero: los intentos de maximizar la satisfacción individual desembocan en la catástrofe colectiva. Y el nuevo decreto profundiza en la desregulación. No se trata de que pueda haber grados de 3 cursos y otros de 4 cursos de acuerdo con criterios académicos, sino de que un mismo grado pueda tener 3 cursos en una universidad y 4 en otra. Se supone que hay que fomentar la movilidad a y desde Europa y, en cambio, se puede dificultar la de España para los españoles. Un factor más de dispersión a añadir a los ya existentes.

Si los precios públicos de grado y máster fueran iguales, el paso de 4+1 a 3+2 aumentaría el atractivo de la formación universitaria, porque entre la juventud de familias con rentas bajas un factor decisivo para emprender estudios superiores es el tiempo necesario para obtener un primer título. Pero, como ha reconocido el propio ministro, la proporción de estudiantes que cursan el máster es baja. En parte, aunque el ministro no lo diga, porque el máster es muy caro. El resultado, al pasar la mayoría de estudiantes de 4 años a 3, no puede ser otro que la disminución del estudiantado universitario.

Así pues, las consecuencias previsibles del flamante RD son el aumento de la entropía del sistema, la rebaja del nivel académico de muchos grados y el encarecimiento de la combinación grado + máster, que reforzará la tendencia a la reducción de estudiantes y, por ende, a la de presupuestos y plantillas.

En lo que respecta a los precios, las consideraciones contenidas en la Referencia del Consejo de Ministros del 3 de febrero, en el que se aprobó el RD, no tienen desperdicio: para encontrar trabajo –¿dónde?– basta con el grado –por  lo visto con independencia de lo que dure–  y, al pasar de 4 a 3, las familias llegarían a ahorrar 150 M€ –con los precios actuales, claro, porque con los precios pre-Wert era más barato un grado de 4 que con los precios de Wert uno de 3.

No es este RD lo que necesita el sistema universitario, sino: definición de las funciones de grados y másteres y de los instrumentos que las aseguren; regulación que flexibilice la estructura del sistema y a la vez garantice la homogeneidad en su aplicación;  restablecimiento del catálogo, que ya empiezan a reclamar algunos rectores, con criterios académicos centrados en los contenidos; reprogramación que elimine títulos fútiles y redundancias innecesarias; reducción de los precios hasta los niveles pre-Wert y homogeneización de los de grado y de máster, que no contaminaría, a diferencia de lo que sucede ahora mismo, la discusión académica sobre su organización.

Para que todo ello sea posible se requiere coordinación y cooperación entre universidades públicas y administración para reprogramar con criterios académicos y sociales, y una movilización  incesante para volver a los precios pre-Wert, como paso hacia la gratuidad o casi gratuidad como en la mayoría de países de nuestro entorno. Ya que el principal argumento ministerial es la homologación con Europa, quizás podríamos homologarnos también en precios.

 

Albert Corominas es catedrático emérito de la UPC y Vera Sacristán, profesora de matemática aplicada de la UPC.

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