¿Por qué y para qué reforma Wert el sistema de títulos universitarios?


El PP prometió en 2011 una nueva Ley universitaria y para ello hizo que una comisión gastara tiempo y dinero en preparar el correspondiente informe. No debió gustar el resultado al ministro Wert y en lugar de una Ley el ministro optó por transformar las universidades mediante reales decretos (RD).
El articulo de Albert Corominas y Vera Sacristan analiza el último RD, que, como explican, esconde un aumento del precio de las enseñanzas universitarias. Además Albert Corominas y Vera Sacristan nos recuerdan que es el famoso Plan Bolonia el que abre las puertas a  estas subidas y que justo es recordarlo se debió a un gobierno del PSOE.

Diego

 

¿Por qué y para qué reforma Wert el sistema de títulos universitarios?

Albert Corominas · Vera Sacristán

El BOE del 3 de febrero ha publicado el Real Decreto (RD) que modifica la ordenación de las enseñanzas universitarias, sin que para ello hayan sido óbice las críticas u objeciones de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, las asociaciones estudiantiles, todos los sindicatos e incluso el Consejo de Estado.

Antecedentes: el “Plan Bolonia” y el austericidio

Para analizar el alcance de este RD hay que remontarse a 2007, cuando se inicia la implantación en España de lo que se dio en llamar Plan Bolonia  y que realmente no es ningún plan, sino una declaración de 1999, vaga y técnicamente deficiente, que,  con el fin de facilitar la movilidad estudiantil en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) y de profesionales con título universitario en la Unión Europea, propugna sistemas comparables de dos ciclos (con un primer ciclo de no menos de 3 cursos), establece un sistema de, digamos, medida común del esfuerzo discente (el ECTS, European Credit Transfer (and Accumulation) System) y el Suplemento Europeo al Título, un documento con información descriptiva normalizada sobre los estudios cursados, para facilitar su reconocimiento académico y profesional.

Había entonces en España un catálogo de títulos oficiales, con 64 de ciclo corto (3 cursos), 67 de ciclo largo (4 o 5) y 22 de segundo ciclo (2 años, accesibles desde títulos de ciclo corto): 153 en total. Bastaban unos retoques para adaptar el sistema al EEES, pero este sirvió de pretexto para una reforma radical, que obligó a extinguir todos los planes de estudios vigentes.

El retraso y las peculiaridades de la implantación en España del EEES se explican por la inconsistencia y la carencia de proyecto universitario del PSOE y de los sucesivos gobiernos de Zapatero, que tomaron una opción  rígida en cuanto a la duración de los grados (4 cursos) y desreguladora en cuanto a su naturaleza y contenido. Pero lo más significativo de la reforma no era la duración de grados y másteres (4+1 o 4+2), sino  el énfasis en la ocupabilidad (employability),  entendida como especialización cortoplacista, y, en sintonía con este enfoque, el encumbramiento de las competencias versus los contenidos, y el fomento de métodos docentes alineados con el eslogan “aprender a aprender”.

En esta línea resultan coherentes la vaguedad en la definición de las funciones de los grados y la substitución del catálogo de títulos por un registro en el que cada universidad puede inscribir como oficial cualquier título que conciba, previa validación de algunos requisitos –más circunstanciales y burocráticos que de contenidos– por parte de una agencia evaluadora.

Tal como algunos ya advertimos como peligro en 2005, todo ello ha desembocado en la  trivialización y degradación del grado, la mercantilización del postgrado y de algunos grados, y el desparramo del conocimiento. Frente a los 153 títulos que había en el catálogo, en el registro se pueden contar ahora, solo entre los de grado, no menos de 500. Y sin conseguir plenamente el supuesto objetivo principal de encajar el sistema español en el EEES, bastante heterogéneo, por cierto.

Los primeros pasos de la implantación del EES en España (que, como se recordará desencadenaron fuertes protestas) coincidieron con la activación de una campaña de desprestigio de la universidad pública, orientada a reducir la dimensión del sistema y su calidad, con el concomitante y disuasorio discurso de la sobrecalificación y con el estallido de la crisis financiera.

En este contexto, la contribución a la política universitaria del último gobierno del PSOE y del actual de PP, así como de los gobiernos de algunas comunidades autónomas, como el bipartito de Convergència i Unió en Cataluña, ha consistido básicamente en la aplicación de las políticas austericidas, que se ha concretado en el recorte de las subvenciones, la cuasi congelación y la precarización de las plantillas y el aumento de los precios de matrícula (especialmente en Cataluña y la C.A. de Madrid), todo lo cual ha hecho más difícil el acceso a la universidad y ha expulsado del sistema a miles de jóvenes. En particular, con el sistema de precios establecido por el Real Decreto-ley 4/2012, los de los másteres que no habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas duplican con creces los de los grados.

El nuevo Real Decreto

En este marco aparece y debe valorarse el RD, cuyo motivo, según su preámbulo, no es otro que fomentar “la internacionalización de nuestros egresados universitarios”.

Su parte dispositiva se reduce básicamente a abrir la posibilidad de que haya grados de 3 cursos (180 créditos) y a dar algunas indicaciones sobre los planes de estudios de los grados, que deberían tener carácter generalista, con la obligación de incluir materias  básicas determinadas (lo que sería positivo para los nuevos grados, pero no tiene incidencia sobre los vigentes), y con la posibilidad de reducir hasta lo irrisorio los conocimientos propios de cada grado. En un plan de estudios de 3 cursos  el decreto prevé que pueda quedar menos del 60%, el equivalente a 1,775 cursos, para impartirlos, puesto que las prácticas externas pueden alcanzar el 25%, el trabajo fin de grado un 12,5% y se puede obtener más del 3% como reconocimiento de actividades “culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación”).

Tras las luchas anti-Bolonia, muchas voces, entre las cuales las de consejeros autonómicos y algunos rectores, manifestaron reiteradamente que los grados tendrían que pasar mayoritariamente de 4 cursos a 3 y que las universidades deberían tener más autonomía (de hecho, más desregulación), entendida como libertad de diseñar su oferta de enseñanzas.

Pero una de las causas principales de que se haya llegado a la situación actual es precisamente la desregulación, la cual, aunque defendida por los creyentes en la mano invisible, suele tener las consecuencias que prevé el conocido dilema del prisionero: los intentos de maximizar la satisfacción individual desembocan en la catástrofe colectiva. Y el nuevo decreto profundiza en la desregulación. No se trata de que pueda haber grados de 3 cursos y otros de 4 cursos de acuerdo con criterios académicos, sino de que un mismo grado pueda tener 3 cursos en una universidad y 4 en otra. Se supone que hay que fomentar la movilidad a y desde Europa y, en cambio, se puede dificultar la de España para los españoles. Un factor más de dispersión a añadir a los ya existentes.

Si los precios públicos de grado y máster fueran iguales, el paso de 4+1 a 3+2 aumentaría el atractivo de la formación universitaria, porque entre la juventud de familias con rentas bajas un factor decisivo para emprender estudios superiores es el tiempo necesario para obtener un primer título. Pero, como ha reconocido el propio ministro, la proporción de estudiantes que cursan el máster es baja. En parte, aunque el ministro no lo diga, porque el máster es muy caro. El resultado, al pasar la mayoría de estudiantes de 4 años a 3, no puede ser otro que la disminución del estudiantado universitario.

Así pues, las consecuencias previsibles del flamante RD son el aumento de la entropía del sistema, la rebaja del nivel académico de muchos grados y el encarecimiento de la combinación grado + máster, que reforzará la tendencia a la reducción de estudiantes y, por ende, a la de presupuestos y plantillas.

En lo que respecta a los precios, las consideraciones contenidas en la Referencia del Consejo de Ministros del 3 de febrero, en el que se aprobó el RD, no tienen desperdicio: para encontrar trabajo –¿dónde?– basta con el grado –por  lo visto con independencia de lo que dure–  y, al pasar de 4 a 3, las familias llegarían a ahorrar 150 M€ –con los precios actuales, claro, porque con los precios pre-Wert era más barato un grado de 4 que con los precios de Wert uno de 3.

No es este RD lo que necesita el sistema universitario, sino: definición de las funciones de grados y másteres y de los instrumentos que las aseguren; regulación que flexibilice la estructura del sistema y a la vez garantice la homogeneidad en su aplicación;  restablecimiento del catálogo, que ya empiezan a reclamar algunos rectores, con criterios académicos centrados en los contenidos; reprogramación que elimine títulos fútiles y redundancias innecesarias; reducción de los precios hasta los niveles pre-Wert y homogeneización de los de grado y de máster, que no contaminaría, a diferencia de lo que sucede ahora mismo, la discusión académica sobre su organización.

Para que todo ello sea posible se requiere coordinación y cooperación entre universidades públicas y administración para reprogramar con criterios académicos y sociales, y una movilización  incesante para volver a los precios pre-Wert, como paso hacia la gratuidad o casi gratuidad como en la mayoría de países de nuestro entorno. Ya que el principal argumento ministerial es la homologación con Europa, quizás podríamos homologarnos también en precios.

 

Albert Corominas es catedrático emérito de la UPC y Vera Sacristán, profesora de matemática aplicada de la UPC.

LA UNIVERSIDAD PÚBLICA: DATOS INTERESANTES PARA 2015


La universidad pública, un bien común
Vera Sacristán · · · · ·

25/01/15
Las universidades públicas reciben en promedio de su comunidad autónoma algo menos del 69% de sus ingresos corrientes (datos del MEC, año 2012). Este porcentaje tiene gran variabilidad: desde el 58% en Cataluña hasta más del 80% en el País Vasco, la Rioja o Canarias. Los precios y tasas que pagan los estudiantes y sus familias constituyen el 20% de los ingresos corrientes de las universidades, con una variabilidad incluso mayor: por debajo del 10% en las universidades de La Laguna, País Vasco o Cádiz, y hasta el 36% en la de Barcelona o el 37% en la Rey Juan Carlos de Madrid.

Desde el año 2009, la evolución de esas cifras puede calificarse de “histórica”. En algunas comunidades autónomas los recortes se acercan al 40% en términos reales, una vez descontada la inflación, lo que nos retrotrae a más de veinte años atrás. Según un estudio del Observatorio del Sistema Universitario (OSU), cursar algunas carreras cuesta hoy hasta 3 o 4 veces lo que costaba en 2007, justo antes de las últimas reformas universitarias.

Llama la atención que la mayor parte de países europeos sigan una política distinta o incluso opuesta a la española. Y no se trata sólo de los consabidos países nórdicos, donde los estudios universitarios son gratuitos, sino de países y regiones más próximos a nosotros, donde la matrícula es gratuita (Austria o Escocia, entre muchos otros) o requiere tan sólo el pago de una tasa fija (300€ por año en Alemania, 183€ en Francia, por ejemplo). Mientras esto ocurre en Europa, los precios públicos en España llegan a alcanzar los 2.600€ por curso de grado, y los 4.000€ por curso de máster. Además, la inmensa mayoría de países europeos ofrecen o bien becas-salario para compensar la pérdida de ingresos de los jóvenes que optan por estudiar en vez de trabajar (modelo nórdico), o bien desgravaciones fiscales y subsidios para las familias que mantienen a los hijos que estudian en la universidad (modelo centroeuropeo), algo inexistente en España.

Cabe preguntarse si lo que ocurre en nuestro país no es más que el resultado inevitable de una situación económico-financiera adversa. Sin embargo, quienes defienden estas nuevas políticas de financiación universitaria no suelen hacerlo en términos coyunturales, sino con argumentos de fondo. El principal es el de considerar que, puesto que obtener un título universitario permite acceder a trabajos y niveles de renta superiores, quien estudia en la universidad debe pagarse los estudios, pues va a obtener de ellos un beneficio personal. Y es cierto que lo va a obtener. Lo que no es tan claro es que deba pagar por ello a priori, esto es, mientras estudia. Intentaré argumentar por qué es mejor que lo haga a posteriori, mediante un sistema de impuestos progresivo, que permita que devuelva a la sociedad, incluso con creces, lo que de ella ha recibido.

También se aduce que no es justo que paguen lo mismo los ricos que los pobres. Como si no nos costara exactamente lo mismo a todos, ricos y pobres, comprar un kilo de arroz o un televisor. De nuevo, la redistribución de la riqueza conviene hacerla mediante el sistema impositivo, no en el sistema de precios.

Otro argumento frecuente es el de considerar que, puesto que a la universidad acceden mayoritariamente jóvenes de clases medias y altas, no es justo que los contribuyentes les paguen los estudios. Efectivamente, sabemos que a nuestras universidades acceden mucho más los hijos de directivos, profesionales y, en general, trabajadores de oficina, servicios y administración, mientras que los hijos de trabajadores obreros están infrarrepresentados ya que sólo son un 27% de la población universitaria mientras que sus padres conforman el 48% de la población de 40 a 60 años. Pero esto no debería inducirnos a una aceptación resignada de los hechos, sino a actuar para que la situación cambie. Un motivo que explica la baja presencia de estudiantes de origen humilde en nuestras universidades es su necesidad de trabajar y aportar ingresos a sus familias. En estas condiciones, el aumento del precio de la matrícula es un elemento disuasorio añadido.

Por último hay quien piensa que la respuesta a todas estas cuestiones está en mantener precios elevados como los actuales y ofrecer becas o créditos a quienes no puedan permitirse pagarlos. Las becas o, peor aún, los créditos, no resuelven el problema. Aparte de la escasez de sus importes y número, las becas generan incertidumbre ya que un estudiante no sabe a priori si la obtendrá. De los créditos, para qué hablar, en un país en el que las hipotecas son causa de problemas tan graves. ¿En qué condiciones entraría en el mercado de trabajo un recién titulado obligado a devolver un crédito por los estudios cursados? ¿Cómo afrontaría el inicio de una vida personal y familiar independiente? Conocemos demasiado bien las dificultades generadas por el sistema de créditos al estudio en los países que los han implantado, especialmente Estados Unidos y el Reino Unido: endeudamiento no sostenible, disminución drástica de la movilidad estudiantil, retracción de la demanda universitaria por parte de sectores específicos (mujeres y adultos), burbuja crediticia y, finalmente, abandono de los estudios al producirse la crisis financiera y reducirse la concesión de créditos y las expectativas laborales.

Debemos, en cambio, preguntarnos por qué los países de nuestro entorno están optando por una política tan distinta: financiación pública de la universidad, matrículas gratuitas o simbólicas, y ayudas en forma de becas-salario, desgravaciones fiscales y subsidios. Este es el modelo mayoritario en Europa porque promueve la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad. Y la igualdad no es sólo una cuestión de justicia social sino también de eficacia, ya que permite que los mejores accedan a los estudios, y que el país no desperdicie su talento por causas económicas. En otras palabras, frente al beneficio personal que se extrae del estudio, la mayoría de países valoran el beneficio colectivo que obtiene el conjunto de la sociedad. Un beneficio cultural, científico, técnico y profesional que ayuda al bienestar y al progreso del país. Un beneficio económico gracias a quienes, tras haber pasado por la universidad, desarrollan actividades útiles y rentables para empresas e instituciones, tanto privadas como públicas. Y, finalmente, un retorno de la inversión pública a través de los impuestos.

No es posible tratar de financiación universitaria sin mencionar la investigación, puesto que en nuestro país las universidades públicas son su agente principal. La disminución de la financiación de la investigación en España ha sido drástica en estos últimos años (superior al 40%) y nos aleja todavía más de los objetivos declarados en solemnes reuniones de ministros de la UE. Se está hipotecando el futuro de la investigación española y con ello las posibilidades de un cambio de modelo económico del país. Para que la investigación revierta positivamente en la sociedad, se suele argumentar que lo mejor es que sean las empresas las que la orienten y las que la financien. ¿Es eso lo que más conviene a la ciudadanía? Que las empresas (y otras instituciones, no necesariamente con ánimo de lucro) financien parte de la investigación puede ser positivo, pero es imprescindible que la administración pública lo haga en una proporción suficiente. Suficiente para garantizar el avance de la investigación básica, sin la cual no hay investigación aplicada posible. Suficiente para garantizar la independencia y la objetividad de la investigación. Suficiente también para asegurar que se obtengan avances científicos que ayuden a resolver los problemas de la población, con independencia de su rentabilidad económica inmediata.

En conclusión, la actividad docente e investigadora de las universidades públicas beneficia al conjunto de la sociedad. Es un bien común y, por ello, corresponde al poder público garantizar su financiación.

Vera Sacristán es profesora de matemáticas en la la Universitat Politècnica de Catalunya.
Colabora regularmente con SinPermiso en temas de política universitaria.

La burbuja científica y tecnológica: mercantilización, control del conocimiento y oportunismo…


Artículo tomado del blog: http://crashoil.blogspot.com.es/

La burbuja científica y tecnológica: mercantilización, control del conocimiento y oportunismo…

22-01-14, by Jokin_Zabal@

Jokin_Zabal@ es el alter ego de José Anastasio Urra Urbieta, Profesor Titular de Organización de Empresas en la UV, miembro de ATTAC País Valencià, delegado sindical de CGT, y autor del libro “Las mentiras de la crisis… ¿Una anécdota en el ciberespacio..?, by Jokin_Zabal@” (http://www.attacpv.org/public/www/web3/images/file/LasMentirasDeLaCrisis.pdf).

  
Resulta sorprendente comprobar la generalización de instituciones mundiales y personas que entonan el mantra del crecimiento económico, sin considerar sin embargo las restricciones físicas de tal crecimiento en una biosfera finita y limitada, como solución a todos los males socioeconómicos de nuestro tiempo, desde empresarios, gobiernos y políticos a personas votantes de todas las tendencias políticas en todos los territorios, pasando por los principales sindicatos mayoritarios. No menos asombroso resulta el creciente número de instituciones y personas que, ante los problemas socioeconómicos y ecológicos que atravesamos, confía casi ciegamente, en alarde de verdaderos actos de fe, en la ciencia, el conocimiento y la tecnología como motores de ese crecimiento y piedra filosofal frente a todas las penurias y retos.

Sin embargo, si consideramos los grandes retos a los que nos enfrentamos, el cambio climático antropogénico, la sobrecarga de los ecosistemas, y la crisis energética, y, al tiempo, el estado actual de la ciencia, el conocimiento y la tecnología, estamos jodidos, doblemente jodidos.

Sin siquiera entrar a valorar las restricciones que el cambio climático antropógeno o la sobrecarga de los ecosistemas están ya introduciendo en todo nuestro planeta, y que solo van a aumentar en las próximas décadas, la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés), como es sabido, o debería, reconoció explícitamente por primera vez en su informe World Energy Outlook de 2010 que el “pico” mundial del petróleo, o momento a partir del cual la tasa de producción mundial de petróleo comienza a declinar irreversiblemente, se produjo en el año 2006. En el World Energy Outlook de 2013, la IEA ya afirma que, en ausencia de inversión adicional [sic], en 2035 nos tendremos que “apañar” con una producción de petróleo de un escaso 18% de la disponibilidad actual, que roza los 75 mbd (millones de barriles diarios). Considerar el cambio climático que ya hemos provocado, la ecológicamente insoportable presión de nuestro modelo de desarrollo económico sobre los ecosistemas, y el “pico” del petróleo, como no lo estamos haciendo, supone aceptar que estamos jodidos, pues con tales restricciones y escasas posibilidades de sustitución energética, muchas cosas deben cambiar en muy poco tiempo para que en pocos años podamos organizarnos socioeconómicamente sin caer en un colapso civilizatorio, ya iniciado por otra parte, insalvable.

Pero si frente a la realidad de tal escenario consideramos adicionalmente el estado actual de la ciencia, el conocimiento y la tecnología, estamos doblemente jodidos. Y lo estamos porque la ciencia, el conocimiento  y la tecnología, que son las herramientas sobre las que podríamos, y deberíamos, apalancar el formidable cambio sin precedentes al que nos enfrentamos, en la actualidad están siendo controladas políticamente, mercantilizadas y presas de un oportunismo exacerbado, prostituyéndose así al Business As Usual, o al “más de lo mismo que nos ha traído hasta aquí”, y generado una burbuja científica y tecnológica, similar a la burbuja económica y financiera que ya conocemos, que en un futuro no lejano muy probablemente solo puede reventar.

En este sentido apuntan las recientes declaraciones en Financial Times del profesor de la Universidad de Manchester, y ganador del Nobel 2010 en Física por su descubrimiento del grafeno, material tan de moda, Andre Geim, cuando nos alerta de que “Temamos, temamos mucho, la crisis tecnológica” en que nos hemos ido instalando durante las últimas décadas. Con motivo de la celebración del Foro Económico Mundial de 2012 en Davos, Geim describe cómo la creciente mercantilización del conocimiento científico y búsqueda del beneficio rápido en detrimento de la investigación científica pura, o de base, durante las últimas décadas nos ha llevado a una reducción alarmante, y de tremendas implicaciones, de la tasa mundial de descubrimientos científicos.

Lamentablemente, son malas pero no nuevas noticias. En 2005, en uno de los estudios de mayor alcance sobre la evolución mundial de la tecnología, y sorprendentemente poco divulgado, publicado en una de las principales revistas académicas mundiales sobre tecnología y negocios, Jonathan Huebner, un científico independiente, físico para más señas, demostró con una elevada certeza, tal como refleja la figura adjunta a estas líneas, que la innovación tecnológica radical, aquélla que tiene un amplio impacto socioeconómico capaz de producir hitos en el desarrollo y el progreso de la humanidad, tuvo su “pico” en 1873 [sic], año desde el cual la tasa mundial de innovación radical no ha parado de declinar. Evidentemente, estos resultados no agradaron nada en determinados círculos próximos a la industria, y los resultados de Huebner han intentado ser contrargumentados y refutados en numerosas ocasiones desde su publicación, aunque con bastante poco éxito. De ser ciertos y consistentes, como parecen, la experiencia e intuición de Andre Geim solo vendría a ratificar una tendencia bastante más pesada que “unas cuantas décadas”.

Por si el escenario que describen tales investigaciones y casuística no fuese suficientemente gris, un número creciente de científicos e intelectuales se aproximan, cada vez más, a  esta perspectiva de nuestra realidad, llegando incluso más lejos al plantear una hipótesis más sobrecogedora: no se trata sólo de que la tasa de descubrimiento científico haya disminuido, y sea menor por tanto, sino que la cantidad absoluta de progreso científico en su conjunto puede bien ser inferior a medida que trascendemos en el tiempo. Es la hipótesis que mantienen y argumentan fundamentadamente el doctor en medicina y profesor de psiquiatría evolutiva en la Universidad de Newcastle, Bruce Charlton, o el analista de sistemas cibernéticos y programador de software Anthony Burgoyne, entre otros, además de ofrecernos innumerables claves y pistas sobre cómo hemos llegado a esta situación.

Según Charlton, la clave se encuentra, de nuevo, en una mercantilización del conocimiento científico que ha incentivado una “profesionalización” de la ciencia y del trabajo científico, y generado un oportunismo colectivo que ha llevado a convertir en “papel moneda” la publicación de artículos intranscendentes en las revistas académicas, confundiendo colectivamente el verdadero crecimiento  del conocimiento y avance científico con una mera expansión de “chismes y cosas sin valor” [sic].

Esto mismo es lo que estamos presenciando, observando y denunciando algunos en nuestro contexto nacional, soportando de cerca, a la vez, el oportunismo y la arrogancia de muchos cuyo único fin parece ser medrar en la carrera universitaria y/o política, y de una gran mayoría que aspira simplemente a mantener o mejorar su statu quo. Mientras se reduce la financiación a la universidad y a los centros de investigación públicos, como el CSIC, joya de nuestra corona de la investigación, se gratifica a las universidades privadas, con una prácticamente nula capacidad de investigación, y se aprovechan los recortes para conceder un papel más determinante aún en toda la actividad universitaria a la evaluación de la actividad investigadora del personal universitario, que en España se realiza desde hace años mediante los llamados sexenios (complementos salariales que nacieron para retribuir la productividad investigadora, y que han acabado convirtiéndose en medida de su “calidad” y requisito de promoción y desarrollo de carrera) y los procedimientos de acreditación que llevan a cabo la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) y las agencias de evaluación autonómicas.

Sin ambages, soy totalmente partidario de que se evalúe la actividad docente e investigadora de los universitarios y científicos, funcionarios o no, pero no de que dicha evaluación se convierta en un elemento de control político oscuro y discrecional que incentive y legitime el “sálvese quien pueda” y que castigue a cualquiera cuya motivación sea el mero placer del descubrimiento científico y el avance de la ciencia por encima, y más allá, del valor económico inmediato o la “conveniencia” de los resultados de la investigación.

Además de contribuir a una enorme burbuja de previsibles consecuencias, tal control político, mercantilización y perversión de la ciencia y del proceso científico produce paradojas significativas. Como apunta el profesor Juan Torres, la investigadora Saskia Sassen, que recibió recientemente el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, una de las científicas más importantes de nuestra época, no ha conseguido ningún sexenio, ninguna acreditación, frente a los criterios de nuestras agencias de evaluación, que anteponen siempre el mismo criterio, las publicaciones JCR (Journal Citation Reports) en los últimos cinco años. Sassen no tiene ninguna, sino que ha publicado libros e informes, fruto de proyectos de investigación de verdad y referencias fundamentales para académicos comprometidos, y ha publicado numerosos artículos en medios de gran difusión, pero se ha resistido a la práctica de inflar su currículum con artículos estandarizados sin interés ni lectores, más allá de círculos de amigos de citación mutua y catedráticos con insaciables ansias de medrar al precio que sea.

Pero, cuando la burbuja científica estalle, ¿qué quedará tras la explosión…? Como el profesor Charlton afirma, tal vez sólo la vieja ciencia, la de una era en la que la mayoría de científicos eran al menos honestos tratando de descubrir la verdad sobre el mundo natural.

En el mejor de los casos podríamos padecer un retroceso científico de varias décadas más que de unos pocos años, pero probablemente sea bastante peor que eso

OTRA MANERA DE VER LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA QUE QUIZÁS NO GUSTE A MUCHOS.


Dinero, ilusiones y rectores.
Por. José Carlos Bermejo Barrera.
Catedrático Historia antigua.
Universidad de Santiago de Compostela.

Decía Kant que decir la verdad consiste no en decirlo todo, pero sí en que todo lo que ofrezcamos como verdadero lo sea. Si todos debemos ser veraces, mucho más lo han de ser quienes son custodios de los bienes públicos y han de perseguir el bien común. Éste es el caso de los funcionarios y de quienes gobiernan las instituciones estatales. Defender una institución no es ocultar sus defectos, ni mucho menos construir una falsa imagen de ella ante la opinión pública, que a su vez sirva como halago para quienes son sus responsables, sino alertar de los peligros que corre y sobre todo anteponer el interés común al de las personas que forman parte de ella. Todo lo contrario de esto es lo que llevan años haciendo los rectores de las universidades públicas, incansables ensalzadores de sus instituciones y hábiles tejedores de un muro de noche y niebla en torno a ellas que hace invisibles sus defectos a la opinión pública. Todo para no cejar en sus peticiones de más dinero público y más plantillas en tiempos de crisis global.
Dicen los rectores que sus universidades son pobres, escasas en medios humanos, que en ellas nada sobra y casi todo falta, que no piensan más que en el bien común y que sin ellos no hay futuro. Y que todo lo que se les dé lo devolverán con creces, pues sus gastos son una inversión, lo que buscan es el conocimiento y la innovación, muriendo la ciencia y el saber a la par de su imaginaria agonía en el momento en que les toque recortar sus gastos en personal e investigación o en procedimientos superfluos de gestión, ya que la pérdida de medios docentes comunes, de residencias o infraestructuras para estudiantes, y sobre todo el futuro de sus estudiantes, no es objeto de su preocupación, pues les auguran un feliz destino en su imaginario mundo, pero solo si pudiesen emplearlos en su propia universidad. Sigue leyendo

EL CASO DEL PROFESOR FRANCISCO ALEMÁN o CUANDO LA INJUSTICIA PRECEDE A LOS RECORTES ECONÓMICOS EN LA UCO.


Este escrito ha sido pensado para publicarlo en la prensa local, eso explicaría en parte su contenido.

CUANDO LA INJUSTICIA PRECEDE A LOS RECORTES ECONÓMICOS EN LA UCO.

Diego Llanes Ruiz.
Catedrático de Genética.

Vivimos en nuestra universidad días de aniversarios y celebraciones, lo que puede transmitir la imagen de que nos encontramos ante una sólida y bien gestionada institución cuyos problemas se deben unicamente a los recortes del gobierno.

La aplicación de estos recortes, entre otras cosas, ha paralizado la dotación de nuevas plazas de catedráticos en las universidades. Lo que ha significado dejar a muchos profesores y profesoras en las puertas de conseguir una plaza de catedrático.

Para entender la situación se debería conocer el procedimiento que rige desde 2007 en la universidad para acceder a una de estas plazas. Cuando un profesor de una universidad, los que no cumplan este requisito mejor abstenerse, considera que tiene méritos para ser catedrático, envía su currículo a una agencia nacional, la ANECA, que lo valora, y en caso de considerar que sus méritos son suficientes, expide un documento que lo ACREDITA para ser catedrático. Sigue leyendo

Quien con sus manos se capa, buenos cojones se deja.


Acabo de descubrir que la Universidad de Oviedo se ha puesto las pilas para aplicar el Real Decreto-ley 14/2012. Obviamente, al tratarse de un RDL es de obligado cumplimiento y deroga cualquier Disposición de inferior rango que entre en contradicción con el RDL. Dado que la redución de encargo docente, o “desgravación”, como dicen en el Principado, es un Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, al igual que pasa aquí, en la UCO, o en cualquier otra Universidad Pública Española, los Cargos Académicos, que proliferan como setas en bosque húmedo, no pueden alegar que su “desgravación” docente sea algo más que una prerrogativa que ellos mismos se han otorgado.

Recordemos que el RDL es de rango superior al Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen del profesorado universitario, que, en su articulado, dejaba el albur de las “desgravaciones” por cargos, carguillos y carguetes a lo que se dispusiera en los Estatutos de cada Universidad, por lo que parece obvio que esas “desgravaciones” deben desaparecer a la voz de ¡YA!

Por si acaso, y para no transmitir una imagen peor de la que ya tienen, los del Principado se lo van a pensar durante un año y, a lo mejor, se “recortan” un poquito la “desgravación” para el curso 2013-14; pero, de momento, por lo que pueda ocurrir o puedan discurrir tan ínclitos personajes, lo mejor es dejar las cosas como están para el próximo curso 2012-13 . Que bien lo dice el refrán: “Quien con sus manos se capa, buenos cojones se deja”

El Consejo de Gobierno aprueba un acuerdo sobre dedicación docente

18/6/2012

La instrucción se realiza en aplicación del decreto de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo ha aprobado hoy un acuerdo sobre dedicación docente en aplicación del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo que recoge los siguientes puntos:

— La reducción docente por actividad investigadora será la que proceda de conformidad con lo previsto en el artículo 6. Cuatro del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, y la redacción que con el mismo se da al artículo 68 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

— Mientras no se apruebe por el Consejo de Gobierno nueva normativa adaptada al citado Real Decreto-ley sobre la reducción de la docencia de los cargos académicos, durante el próximo curso 2012-13, éstos seguirán con la misma desgravación que se venía aplicando hasta el presente curso académico.

Con la salvedad de lo establecido en el número anterior, la reducción máxima de horas de dedicación docente para cada profesor por cualquier actividad que tenga reducción reconocida en la normativa vigente será de 90 horas. Ningún profesor podrá tener una dedicación docente inferior a 150 horas.

TEOREMA DE IGNACIO WERT. MINISTRO DE EDUCACIÓN DEL REINO DE ESPAÑA.


” Toda docencia universitaria puede mejorarse incrementando sus costes e incentivando a todos los profesores para que progresivamente dejen de impartirla.”

Tomado del artículo de José Carlos Bermejo Barrera, ¿Qué compro y que me vende señor ministro?

Tasas, mentiras y el deshaucio de la Universidad Pública.

http://firgoa.usc.es/drupal/node/50786

A %d blogueros les gusta esto: