RABANALES 21: MEMORIA HISTORICA Y FUTURO.


RABANALES 21: MEMORIA HISTORICA Y FUTURO.

Diego Llanes Ruiz

Se cumplen más de 13 años del momento en el que CEUCOSA (sociedad instrumental de la Universidad de Córdoba, UCO) pusiera a disposición de la sociedad Rabanales 21 SA, unos terrenos, (70 Ha), propiedad de la UCO. Más de un centenar de profesores nos opusimos sin éxito a esa venta, que se justificaba para aumentar la innovación y el desarrollo (I+D) en nuestra ciudad. Tras la recalificación, a uso industrial de unos terrenos que tenían usos docentes, la UCO entró a formar parte del Parque tecnológico con el 24,74% de las acciones, acompañando a, la Junta de Andalucía (20%), El Monte (20%), PRASA (20%), Cajasur (10%), Ayuntamiento (4,4%) y Diputación (0,9%). La operación prometía beneficios tanto sociales como económicos, dado que centenares de empresas estaban interesadas en establecerse en el Parque

En sus inicios el proyecto contaba con un promotor privado, la constructora PRASA, que hoy está en concurso de acreedores, (ahora mantiene solo un 5% del accionariado) a la que acompañaban en su aventura, cosa usual en aquellos tiempos de burbuja inmobiliaria, dos entidades bancarias, El Monte y Cajasur, una de ellas (Cajasur) fue rescatada con fondos públicos y ambas adquiridas por otras entidades menos problemáticas, nos referimos a Kutxabank y Caixabank, que hoy tiene el 35% de las acciones tras la compra del 15% de las acciones de PRASA. Con el tiempo el sector público ha ido incrementando su presencia y responsabilidades algo normal y diría que imprescindible en este tipo de aventura especulativa, donde los beneficios son privados y las pérdidas públicas.

Trece años después, Rabanales 21 SA acumula deudas por valor de casi 23 millones y tiene tres edificios, donde se sitúan unas decenas de empresas, uno de ellos el ORION ha sido embargado por el Ministerio de Hacienda por las deudas que tiene la Sociedad con el Estado. Tras años de ingentes gastos en construcción y urbanización, la Sociedad ha llegado a una situación próxima a la quiebra dado que no ha podido atraer a los centenares de empresas que en un principio se prometieron y pone sus esperanzas en la venta de terrenos para un parque comercial. Hace unos días y mientras llega el dinero de ese parque comercial innovador, se ha aprobado que el ayuntamiento compre un solar para innovar en el suministro de agua y, lo más sorprendente, que CEUCOSA, sí la misma sociedad instrumental de la UCO que vendió los terrenos, ahora, para salvar la situación, deberá adquirir una parte de algo que le perteneció, con lo que se cierra un ingenioso e innovador bucle que empezó hace 13 años.

La sociedad Rabanales 21 SA, ha tenido promotores y gestores, que procedían de instituciones públicas, los resultados indican que su gestión no ha sido precisamente brillante, sin embargo, al dejar Rabanales 21 usualmente se reincorporan a la gestión de lo público, como si todo hubiera ido bien o al menos según lo esperado.

Hasta aquí la memoria histórica, pero debemos hablar del futuro.  ¿Qué pasará con Rabanales 21 SA después de otros 13 años, en 2030? Soy de los que piensan que el cambio climático y el propio modelo económico capitalista, nos llevará al colapso, entendido este como un proceso de deterioro continuado de las condiciones de vida, cosa que ciertos grupos sociales y especialmente los jóvenes ya padecen hoy, y este nos guste o no será el marco que espera a Rabanales 21.

En breve, a propuesta de Ganemos, se desarrollará en Córdoba un proyecto que se llama “Córdoba en Transición” “En defensa de las generaciones presentes y futuras” y que tiene por objetivo que las “comunidades de transición”sean parte de un movimiento que propone de forma innovadora y creativa dotar de control a las comunidades para soportar el doble desafío del cambio climático y el declive del petróleo. Se me ocurre que de ese proyecto “Córdoba en transición” surja considerar al Parque tecnológico Rabanales 21 como el primer Parque tecnológico  en transición hacia lo que puede ser un colapso de nuestro modelo de sociedad.  Con ello las medidas que se tomen sobre el Parque y que sin duda deberán tomar las instituciones públicas; universidad y ayuntamiento especialmente, serán muy diferentes de las que hoy se proponen. Con ello seríamos pioneros en algo que otras ciudades deberán acometer más pronto que tarde. Sería por tanto no un motivo de vergüenza o escarnio para nuestra sociedad sino una manera diferente de enfrentar nuestro futuro, abandonando los lugares comunes que la evidencia muestra que no funcionan, aunque sean tan queridos por aquellos que solo pretenden mantenerse en sus posiciones de privilegio, como eso del cambio del modelo productivo sin cambiar el modelo económico.

Esta propuesta abriría un necesario debate y sería un reto para nuestros jóvenes que encontrarían en la ciudad algo realmente nuevo por lo que luchar, cuando ellos, por su edad, deben enfrentarse a un futuro que sabemos complicado. Nuestro límite lo ponemos en el 2030, es tiempo suficiente para probar soluciones diferentes que hagan de nuestra ciudad una sociedad más sostenible. Solo pedimos que los dejen trabajar el mismo tiempo que han tenido los diferentes promotores y gerentes de Rabanales 21 SA, que como hemos visto han logrado un perfecto bucle, pero generando entre tanto una deuda de 23 millones de euros. Seguro que en estos años además de deudas también se han generado beneficios sociales, empleos, que deberán mantenerse, sin embargo alguien debería responsabilizarse de las deudas generadas.

ENCUESTAS Y CALIDAD DOCENTE


ENCUESTAS Y CALIDAD DOCENTE

Herminio R. Padilla

Doctor en Derecho y profesor de la Universidad de Córdoba
Publicado también en ABC de Córdoba, el 24 de enero de 2015

En Andalucía la Universidad de Córdoba (UCO), como publicó este periódico a principios de diciembre del año pasado, fue pionera (curso 1995/96) en pasar encuestas al alumnado para evaluar a sus docentes. Si la preocupación de quienes ahora nos representan es, como parece, que saliera a la luz un dato real sobre la peor valoración, que en modo alguno implica un suspenso para los profesores de Administración y Dirección de Empresas (ADE) por cuanto el promedio que sacan de 3,63 es sobre un techo de 5 (sobre 10 equivaldría a un 7,26), mal encaminados estamos por cuanto las encuestas a los alumnos no dejan de ser eso, unos simples cuestionarios con 21 ítems que hoy por hoy no miden –en contra de lo que algunos dicen o piensan– indicio de calidad alguno y que, además, siguen arrastrando los déficits o carencias detectados cuando se inició el nuevo modelo de enseñanza basado en créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos).

Ya en 2007, el entonces vicerrector de Planificación y Calidad decía en este periódico que el sistema de encuestas que se realizaba entre los alumnos debería ser mejorado y modificado. Hoy, siete años después, las preguntas que se les hacen a los alumnos siguen siendo las mismas, muchas de ellas inútiles y sin que se haya puesto remedio al grave problema de las encuestas, esto es, a la baja o nula participación de los alumnos al rellenarlas (en mi caso la encuesta se ha pasado la última semana de clase, cuando la inmensa mayoría de ellos están ya enclaustrados preparando los exámenes), lo que claramente provoca que sus resultados sean engañosos. Añádase a ello el que, por mucho Plan Bolonia que se aplique, en titulaciones como Derecho y ADE, con grupos de más de cien alumnos, se juega en otra liga frente a titulaciones en las que puede haber por grupo treinta o incluso menos alumnos.

Quien es profesor de Universidad no debería nunca olvidar que su trabajo se lo debe justamente a los alumnos. Recuérdese, como nos dice Julien Théry, que las universidades nacieron cuando maestros y estudiantes –magistri y scolares– decidieron organizarse en asociaciones profesionales («universitas», que designaba la totalidad o el conjunto de los miembros de un grupo) para defender sus intereses ante las autoridades de las ciudades, y que en un principio los ingresos de los profesores procedían de sus alumnos, sobre todo de los que pagaban al hacer los exámenes. Por eso unas encuestas con preguntas bien formuladas son importantes para el profesor, pues le permiten corregir aquello que no gusta a quienes reciben sus enseñanzas.

La calidad y prestigio de una Universidad con sus docentes, sin embargo, no pasa por encuestar a los alumnos sino por cambiar el nefasto sistema de acceso a esta profesión, que en más casos de los deseables hace precisamente que no lleguen los mejores, y también en no pervertir la figura del profesor asociado, buscando y conservando, cuando no mimando y pese a las dificultades económicas que en un momento determinado puedan existir, a aquellos buenos profesionales que realmente con su sapiencia y experiencia laboral pueden aportar bastante a la Universidad. Los alumnos seguro además que lo agradecerán.

El Claustro debe “informar” la memoria anual presentada por el Rector


Este artículo ha sido publicado inicialmente en el Blog de la Junta de Personal Docente e investigador de la Universidad de Córdoba.

jpdiucoblog200

Al Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Córdoba

Francisco Rincón León, catedrático del Departamento de Bromatología y Tecnología de los Alimentos, provisto de DNI XXXXXXXX y con domicilio a efectos de notificación en la calle XXXXXXXXXXXX (Córdoba-14xxx), con el debido respeto comparece y

D I C E :

Primero.- El art. 40 de los Estatutos de la UCO (en adelante Estatutos) establece que son funciones del Claustro Universitario, entre otras:

e) Informar la memoria que anualmente será presentada por el Rector, sobre las actividades docentes e investigadoras y sobre las medidas de desarrollo económico, presupuestario y de inversiones que se adopten, así como de la actividad que desarrollen los órganos de gestión y dirección de la Universidad, pudiendo realizar respecto de dicha memoria las propuestas y recomendaciones que considere oportunas.

f) Ser informado de la programación plurianual.

Por otra parte el Reglamento del Funcionamiento del Claustro (en adelante Reglamento) establece en su art. 31.1 que

en el primer trimestre de cada curso académico el Presidente del Claustro procederá a realizar la convocatoria para, de conformidad con lo establecido en el art. 40. e) de los Estatutos, informar la memoria anual que presente el Rector sobre las actividades docentes e investigadoras y sobre las medidas de desarrollo económico, presupuestario y de inversiones que se adopten, así como de la actividad que desarrollen los órganos de gestión y dirección de la Universidad.

Cualquiera que sea tanto la redacción del Reglamento como la interpretación que del mismo sea adoptada por los órganos de gestión universitaria, parece evidente la imposibilidad de contravenir lo dispuesto en los Estatutos. La posibilidad de una interpretación tal del Reglamento que se traduzca en una acción contraria a lo establecido por los Estatutos es legalmente imposible y moralmente reprobable. Por ello es injustificable una interpretación del Reglamento que se traduzca en una medida contraria a lo establecido por los Estatutos. Esto es, sustraer al claustro su derecho a informar la memoria anual presentada por el Rector, acción que supone el ejercicio de control que le atribuyen los Estatutos al claustro, y acción que sólo es ejecutable mediante el ejercicio democrático de una votación, y que al ser impedida con argumentaciones tan inconsistentes como los recogidos en el acta de la sesión del claustro de fecha 27-11-2013, no hace sino poner de manifiesto una actitud más propia del despotismo de la Ilustración que de una sociedad moderna con fuertes convicciones democráticas, actitud con la que no se hace sino mancillar los principios universitarios más elementales y de esta forma se atenta contra la propia esencia de la Universidad.

Segundo.- Le redacción de los Estatutos en cuanto a la función del claustro con relación a la memoria anual presentada por el Rector (art. 40 e) no deja lugar a dudas bajo ningún punto de vista del papel activo que el claustro debe asumir (informar la memoria) y no meramente pasivo (ser informado de la memoria) como sí ocurre en otras funciones que los Estatutos atribuyen al claustro (art. 40 f). La segunda parte del art. 40 e de los Estatutos (…pudiendo realizar respecto de dicha memoria las propuestas y recomendaciones que considere oportunas) no hace sino complementar la función recogida en dicho apartado (informar la memoria), y en modo alguno la segunda parte puede sustituir lo estipulado en la primera parte del mismo artículo, toda vez que la función en cuestión compete a la totalidad de los miembros del claustro presente en la sesión y la posibilidad de presentar propuestas o presentar recomendaciones compete a aquellos miembros del claustro que así lo estimen oportuno.

Mediante intervención en el claustro de fecha 27-11-2013 reclamé el papel activo que la normativa reconoce al pleno del claustro en relación a la memoria anual presentada por el Rector (informar la memoria). Los argumentos contrarios a mi reclamación expuestos por el vicerrector de desarrollo normativo fueron claramente inconsistentes desde un punto de vista legal, toda vez que aquellos estuvieron basados en conveniencias y consideraciones no escritas formuladas o discutidas en el seno de la comisión que en su día elaboró la propuesta de modificación de Estatutos sobre “la conveniencia de no someter el informe del Rector a votación…”. Por otra parte tampoco parece consistente el argumento expuesto por el propio Rector y que no es otro que la no existencia de petición de una votación en los siete años anteriores de su mandato, invocando con ello una especie de tradición que justifique el incumplimiento de lo legalmente establecido, informar la memoria.

Ninguno de los dos argumentos justifican en modo alguno el secuestro de la función democrática y de control que los Estatutos atribuyen al pleno del claustro en relación a la memoria anual presentada por el Rector (informar la memoria), derecho que sólo es posible desarrollar y ejecutar mediante una acción que implique a la totalidad de los claustrales presente en la sesión, acción que necesariamente implica una votación como mecanismo del claustro para informar la memoria anual presentada por el Rector como función del claustro reconocida por los Estatutos. Al no haberse accedido la mesa del claustro en su sesión de 27-11-2013 a la celebración de la votación reclamada se ha secuestrado al claustro la función que le asignan los Estatutos.

La posibilidad de debatir algunos términos de la memoria anual e incluso la posibilidad de presentación de propuestas o la inclusión de algunos aspectos en la memoria por parte de algunos de los claustrales contemplada en el Reglamento, no hace sino aportar elementos de discusión y/o clarificación de algunos de los términos incluidos en la memoria anual presentada por el Rector, permitiendo de esta forma a los claustrales la toma de conciencia de los contenidos de la memoria con una mayor claridad y conocimiento de causa a la hora de ejercitar la función que los Estatutos atribuyen al pleno del claustro, esto es, informar la memoria anual presentada por el Rector. En modo alguno estas iniciativas particulares de algunos de los claustrales pueden sustituir lo que los Estatutos reconocen como un derecho del claustro en la sesión correspondiente (el pleno del claustro), esto es, informar la memoria anual presentada por el Rector. La memoria anual no es sino una rendición efectiva de cuentas, y como tal el legislador estableció que debe ser informada por el destinatario de dicha rendición de cuentas y que no es otro que el pleno de claustro, o lo que es lo mismo, la totalidad de los claustrales presentes en la sesión y no sólo aquellos claustrales que debatieron aspectos de la memoria, presentaron propuestas de inclusión en la memoria o cualquiera de las posibilidades que el Reglamento contempla. Sólo así se puede dar cumplimiento a lo que es una función del claustro, informar la memoria anual, y de esta forma calificar la rendición de cuentas que se le presenta al cuerpo electoral que democráticamente eligió al Rector para el gobierno de la Universidad a la que pertenecen todos.

Por todo ello y con los argumentos presentados en el presente escrito, todos los acuerdos de todos y cada uno de las sesiones del claustro en relación a la memoria anual presentada por el Rector han carecido de los requisitos que los Estatutos establecen, y por ello son acuerdos nulos de pleno derecho. Ello obliga a V.E.M. a adoptar las medidas que en derecho procedan, por lo que, previo informe de la asesoría jurídica en tal sentido, me deberán ser notificadas tanto el informe jurídico correspondiente por el que bien se acceda a mis pretensiones o por el contrario se desestimen, como la medidas legales que sean adoptadas por parte del Rector. Y ello como paso previo a la interposición, en su caso, del correspondiente recurso contencioso-administrativo por vía judicial.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos y a fin de cumplimentar los trámites legales preceptivos.

Córdoba, a 9 de enero de 2014

Francisco Rincón

Malos tiempos para la profesionalidad e independencia del profesor universitario.


Herminio R. Padilla Alba
Profesor de Derecho Penal y magistrado suplente

Publicado también en el ABC de Córdoba, 1 de agosto de 2013
http://www.abc.es/cordoba/20130801/sevp-malos-tiempos-para-profesionalidad-20130801.html

Hace unos días, asistí a un Consejo de mi Departamento. Su único punto del orden del día era la resolución adoptada por el tribunal nombrado «ex profeso» para la revisión del examen de una alumna que había sido evaluada por su profesora con un tres (debía obtener en el examen sólo un punto más para poder superar la asignatura, computándosele a partir del cuatro los otros dos puntos que había obtenido con la realización de las actividades del curso).

El Reglamento de Régimen Académico de la Universidad de Córdoba (UCO) permite a los alumnos que puedan recurrir las calificaciones obtenidas en sus exámenes parciales y finales. El procedimiento es sencillo: deben presentar un escrito razonado ante el Consejo de Departamento. A pesar de ello, no es normal que un tribunal formado por tres compañeros de la misma disciplina enmiende la plana al profesor evaluador. Y la razón no es, como los alumnos piensan, por razones de corporativismo sino porque no se pone en tela de juicio su profesionalidad e independencia. Pero a veces ocurre que sí puede interesar dudar de esa profesionalidad cuando hay interés en aprobar a un alumno —que arroje la primera piedra quien nunca haya recibido una recomendación— y la profesora evaluadora, como es el caso, se encuentra aislada en el área de conocimiento frente al catedrático y su séquito. Sigue leyendo

EL CASO DEL PROFESOR FRANCISCO ALEMÁN o CUANDO LA INJUSTICIA PRECEDE A LOS RECORTES ECONÓMICOS EN LA UCO.


Este escrito ha sido pensado para publicarlo en la prensa local, eso explicaría en parte su contenido.

CUANDO LA INJUSTICIA PRECEDE A LOS RECORTES ECONÓMICOS EN LA UCO.

Diego Llanes Ruiz.
Catedrático de Genética.

Vivimos en nuestra universidad días de aniversarios y celebraciones, lo que puede transmitir la imagen de que nos encontramos ante una sólida y bien gestionada institución cuyos problemas se deben unicamente a los recortes del gobierno.

La aplicación de estos recortes, entre otras cosas, ha paralizado la dotación de nuevas plazas de catedráticos en las universidades. Lo que ha significado dejar a muchos profesores y profesoras en las puertas de conseguir una plaza de catedrático.

Para entender la situación se debería conocer el procedimiento que rige desde 2007 en la universidad para acceder a una de estas plazas. Cuando un profesor de una universidad, los que no cumplan este requisito mejor abstenerse, considera que tiene méritos para ser catedrático, envía su currículo a una agencia nacional, la ANECA, que lo valora, y en caso de considerar que sus méritos son suficientes, expide un documento que lo ACREDITA para ser catedrático. Sigue leyendo

A VUELTAS CON LA FINANCIACIÓN DE EMPRESAS POR PARTE DE LA UCO


Respuesta al artículo del Prof. Enrique Aguilar Benítez de Lugo.

Hubiera sido lo más lógico que fueran los actuales gestores de la UCO los que respondieran a mi artículo, sin embargo ha sido el Prof. Aguilar, con más de un año apartado de la gestión universitaria, quien ha hecho algunos interesantes comentarios.

Por su referencia a los economistas y el pasado, el Prof. Aguilar parece ignorar que en su momento, junto con otros universitarios, me opuse al proyecto Rabanales 21. Que el tiempo esté dando la razón a los que en su día considerábamos un error el proyecto, por enajenar unos terrenos de la UCO destinados a “equipamientos educativos”, no me hace nada feliz pues quien pierde es una Universidad Pública.

También afirma en su artículo que “es totalmente inexacto” que los 9,2 millones de euros que la UCO decía haber conseguido para el Instituto Maimónides de Investigación en Biomedicina (IMIBIC) vayan en realidad a financiar empresas. Asegura que esos millones los aporta el Ministerio de Economía y son para laboratorios adscritos al IMIBIC.

En mi escrito manejaba los datos que ofreció a la prensa, el 20 de noviembre de 2012, el actual vicerrector de Política Científica, Prof. Castaño. En aquella comparecencia, anunció la captación de 9,2 millones por parte de la UCO, en su mayoría de Fondos FEDER, para el desarrollo de tres proyectos de investigación en el IMIBIC, mediante la modalidad de “compra pública precomercial”.

Para entender por qué digo que esos millones son para empresas, debo primero explicar lo que es “compra pública precomercial”. En 2011, la ministra Garmendia aprueba la regulación de un modelo de financiación pública de empresas con el objetivo de potenciar su innovación y hacerlas más competitivas internacionalmente,  persiguiendo además que las administraciones públicas pudieran prestar mejores servicios. Para ello, el gobierno español regula el 8 de julio de 2011 la Compra Pública Innovadora (CPI), definiendo en ella dos tipos: la Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI) y la Compra Pública Precomercial (CPP). En la primera (CPTI), las administraciones financian proyectos para que las empresas ofrezcan, en un plazo razonable, el desarrollo de una tecnología nueva y un plan sobre su explotación. En la segunda (CPP) las administraciones financian proyectos para que las empresas aumenten el conocimiento y hagan exploración y diseño de soluciones de problemas elegidos por la administración, pero sin incluir actividades de desarrollo comercial.

En mi opinión, en la primera opción los resultados son fácilmente controlables por la administración pública que pone los fondos, mientras que en la segunda, este control es más complicado, pues, aunque se prevea una comisión de seguimiento, será difícil valorar el aumento del conocimiento.

Pues bien, la Universidad de Córdoba, según informaba el Prof.  Castaño, había conseguido 9,2 millones para financiar tres proyectos en la modalidad CPP. Cuando se consulta la página web de los contratos CPP (en definitiva son contratos públicos, con lo que ello implica de publicidad, concurrencia, transparencia,…), encontramos que el 26 de octubre de 2012 la UCO ofertó efectivamente una compra CPP por valor de unos 4,69 millones de euros, y no por 9,2 millones, para tres proyectos que tienen por título: Proyecto “Sistema de conservación celular”, por 684.035 euros, proyecto “Sistema de detección de compuestos volátiles para diagnóstico precoz de cáncer”, por 2,21 millones y proyecto “Robot quirúrgico”, por 1,79 millones, proyectos que coinciden con los indicados por el Prof. Castaño a la prensa.

Estos tres proyectos están en la fase final de adjudicación, y todo parece indicar que los de “Conservación” y “Robots”, se adjudicarán a una empresa del País Vasco con una financiación total de más de 2,4 millones, mientras que el proyecto “Diagnóstico” lo será a una empresa ubicada en nuestra ciudad por más de 2,2 millones.

Como se recoge en el pliego de prescripciones de la CPP, es la UCO la administración que oferta el contrato, y no el IMIBIC. Por tanto es la UCO la que debe ser la responsable de haber solicitado y obtenido esos fondos que proceden de los presupuestos generales del Estado, y es también la UCO la que debe haber decidido los problemas en que deben trabajar las empresas.

En mi artículo, por tanto, no hay datos “totalmente inexactos”. No cabe duda de que la mitad de los 9,2 millones anunciados como CPP van a dos empresas. No me corresponde a mí, ni creo que al Prof. Aguilar, sino al Prof. Castaño, explicar el destino de la otra mitad, puesto que, por lo que parece, no han sido destinados a la “compra pública precomercial”. Quizás ha sido dedicada a investigaciones de laboratorios adscritos al IMIBIC, como dice el Prof. Aguilar, aunque para ello, por lo que he explicado, se haya tenido que forzar la legalidad de lo que son los “contratos públicos precomerciales”.

En estos tiempos de crisis y recortes, la UCO debería hacer un ejercicio de transparencia y explicar dónde y cómo decide asignar los fondos públicos que consigue; es más, debería explicar cómo los consigue. En estos malos tiempos que corren, los ejercicios de transparencia ayudan a que la mayoría que soporta recortes lo haga con un espíritu diferente.

¿FONDOS PÚBLICOS PARA EMPRESAS EN LA UCO?


Artículo publicado hoy Viernes 22 en “el Día de Córdoba” por Enrique Aguilar Benitez de Lugo, en respuesta al mio de “Fondos públicos para empresas en la Universidad de Córdoba”.

¿Fondos públicos para empresas en la UCO?

 ENRIQUE AGUILAR BENÍTEZ DE LUGO.

 CUANDO me jubilé anticipadamente al comenzar el curso 2012-2013, en la comida que algunos amigos y compañeros tuvieron a bien ofrecerme, indicaba que “me jubilaba, pero que no me iba” y que procuraría estar al tanto de los avances en mi disciplina y en el día a día de la vida de mi Universidad.

Durante estos meses he recordado algunas veces las laboriosísimas gestiones y la gran cantidad de trabajo necesarios para poner en marcha el Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación (cei-A3) y el Instituto de Investigaciones Biomédicas (Imibic).

En El Día del viernes 15 de febrero, aparece el artículo Fondos públicos para empresas en la UCO  del que es autor el profesor Llanes en el que se hace referencia al Proyecto de Rabanales 21 y al Imibic.

En relación al Proyecto Rabanales 21, el profesor Llanes lo considera excesivo o megalómano y critica que se vayan a dedicar fondos públicos a un proyecto que interesaba, fundamentalmente, a las empresas privadas. Casi 15 años después de tomar aquella decisión estratégica, el profesor LLanes hace una reflexión que es difícil no compartir, al menos parcialmente. Sin embargo, pasa como con los economistas, que siempre interpretan muy bien el pasado, pero no aciertan en sus pronósticos de futuro. Decía Gil de Biedma que “escribir un poema sobre la lluvia sólo se puede hacer en un día lluvioso”. Igual sucede con Rabanales 21.

Cuando la UCO lideró la creación del Parque Científico Tecnológico era un momento de extraordinaria bonanza económica (basada, básicamente, en la cultura del ladrillo) y de auge en la concepción y creación de Parques Tecnológicos como alternativa a “la economía del ladrillo”. En esos momentos, prácticamente todas las universidades tenían o aspiraban a tener uno y había abundantes fondos públicos (en las convocatorias conocidas como “parquetazos” para potenciarlos; de hecho, la urbanización y los fondos para los semilleros de empresas son de origen público, no universitario).

Coincidió aquella época con mi etapa de vicerrector de Investigación y me tocó recibir a bastantes empresarios que intentaban instalarse en el parque. Las peticiones eran examinadas por la Comisión de Investigación y muchas de ellas rechazadas por no demostrar suficientemente en qué medida potenciaban la I+D. Aún recuerdo el informe, extensísimo, que tuve que preparar en torno a la petición (finalmente denegada) de Baldomero Moreno S.A. La crisis ha hecho desistir, momentáneamente, a algunas de esas empresas. Al haber cesado como vicerrector , ignoro las causas y la conveniencia por las que la Universidad ha decidido, recientemente, aportar un millón de euros al funcionamiento del parque. Tal vez se trate de un nuevo esfuerzo de activar, que no enterrar, el proyecto. Indica el profesor Llanes que los terrenos aportados por la UCO como cuota de participación en Rabanales 21 se han devaluado. Esta devaluación, probable, pero no contrastada por ninguna tasación, seguramente es similar a la que se ha producido en el valor de todos los terrenos y que ha conducido a la quiebra de numerosas empresas y entidades. ¿Valdrían mas si perteneciesen a la Universidad? ¿Deberían haberse vendido?

De mayor gravedad, según el profesor Llanes, es la obtención de 9,2 millones de euros por el Imibic para desarrollar Proyectos de Investigación. Crítica que “esos fondos van directamente a financiar empresas y no a la institución pública que pone los fondos, en este caso la UCO”. Esto es totalmente inexacto porque: 1) los fondos no los aporta la UCO, los aporta el Ministerio de Economía y 2) los fondos no van a las empresas, van a financiar proyectos desarrollados por investigadores del Imibic en laboratorios adscritos al Instituto. Estos fondos han permitido, entre otras acciones, mantener y contratar investigadores. En la actualidad se están presentando nuevos proyectos para su financiación, algunos de carácter fundamentalmente básico. Más adelante, el subconsciente traiciona al articulista, cuando dice “¿no hubiera sido más adecuado dedicar los 9,2 millones para financiar al sector Agroalimentario, la seña de identidad de nuestra Universidad y no al sector de Biomedicina ?”. Y yo digo, ¿debe deducirse un criterio corporativo que transforma los 9,2 millones de malos en buenos según el área de conocimiento que los recibe?

La investigación en España atraviesa un momento delicadísimo por los recortes y por la “cuasi” nula aportación del sector empresarial a la misma. Es preciso conseguir mayor inversión en I+D por parte de las empresas y una mayor relación con las universidades, lo que incluye cambiar la visión “cortoplacista” de muchos empresarios. Solo así saldremos adelante.

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