RABANALES 21: MEMORIA HISTORICA Y FUTURO.


RABANALES 21: MEMORIA HISTORICA Y FUTURO.

Diego Llanes Ruiz

Se cumplen más de 13 años del momento en el que CEUCOSA (sociedad instrumental de la Universidad de Córdoba, UCO) pusiera a disposición de la sociedad Rabanales 21 SA, unos terrenos, (70 Ha), propiedad de la UCO. Más de un centenar de profesores nos opusimos sin éxito a esa venta, que se justificaba para aumentar la innovación y el desarrollo (I+D) en nuestra ciudad. Tras la recalificación, a uso industrial de unos terrenos que tenían usos docentes, la UCO entró a formar parte del Parque tecnológico con el 24,74% de las acciones, acompañando a, la Junta de Andalucía (20%), El Monte (20%), PRASA (20%), Cajasur (10%), Ayuntamiento (4,4%) y Diputación (0,9%). La operación prometía beneficios tanto sociales como económicos, dado que centenares de empresas estaban interesadas en establecerse en el Parque

En sus inicios el proyecto contaba con un promotor privado, la constructora PRASA, que hoy está en concurso de acreedores, (ahora mantiene solo un 5% del accionariado) a la que acompañaban en su aventura, cosa usual en aquellos tiempos de burbuja inmobiliaria, dos entidades bancarias, El Monte y Cajasur, una de ellas (Cajasur) fue rescatada con fondos públicos y ambas adquiridas por otras entidades menos problemáticas, nos referimos a Kutxabank y Caixabank, que hoy tiene el 35% de las acciones tras la compra del 15% de las acciones de PRASA. Con el tiempo el sector público ha ido incrementando su presencia y responsabilidades algo normal y diría que imprescindible en este tipo de aventura especulativa, donde los beneficios son privados y las pérdidas públicas.

Trece años después, Rabanales 21 SA acumula deudas por valor de casi 23 millones y tiene tres edificios, donde se sitúan unas decenas de empresas, uno de ellos el ORION ha sido embargado por el Ministerio de Hacienda por las deudas que tiene la Sociedad con el Estado. Tras años de ingentes gastos en construcción y urbanización, la Sociedad ha llegado a una situación próxima a la quiebra dado que no ha podido atraer a los centenares de empresas que en un principio se prometieron y pone sus esperanzas en la venta de terrenos para un parque comercial. Hace unos días y mientras llega el dinero de ese parque comercial innovador, se ha aprobado que el ayuntamiento compre un solar para innovar en el suministro de agua y, lo más sorprendente, que CEUCOSA, sí la misma sociedad instrumental de la UCO que vendió los terrenos, ahora, para salvar la situación, deberá adquirir una parte de algo que le perteneció, con lo que se cierra un ingenioso e innovador bucle que empezó hace 13 años.

La sociedad Rabanales 21 SA, ha tenido promotores y gestores, que procedían de instituciones públicas, los resultados indican que su gestión no ha sido precisamente brillante, sin embargo, al dejar Rabanales 21 usualmente se reincorporan a la gestión de lo público, como si todo hubiera ido bien o al menos según lo esperado.

Hasta aquí la memoria histórica, pero debemos hablar del futuro.  ¿Qué pasará con Rabanales 21 SA después de otros 13 años, en 2030? Soy de los que piensan que el cambio climático y el propio modelo económico capitalista, nos llevará al colapso, entendido este como un proceso de deterioro continuado de las condiciones de vida, cosa que ciertos grupos sociales y especialmente los jóvenes ya padecen hoy, y este nos guste o no será el marco que espera a Rabanales 21.

En breve, a propuesta de Ganemos, se desarrollará en Córdoba un proyecto que se llama “Córdoba en Transición” “En defensa de las generaciones presentes y futuras” y que tiene por objetivo que las “comunidades de transición”sean parte de un movimiento que propone de forma innovadora y creativa dotar de control a las comunidades para soportar el doble desafío del cambio climático y el declive del petróleo. Se me ocurre que de ese proyecto “Córdoba en transición” surja considerar al Parque tecnológico Rabanales 21 como el primer Parque tecnológico  en transición hacia lo que puede ser un colapso de nuestro modelo de sociedad.  Con ello las medidas que se tomen sobre el Parque y que sin duda deberán tomar las instituciones públicas; universidad y ayuntamiento especialmente, serán muy diferentes de las que hoy se proponen. Con ello seríamos pioneros en algo que otras ciudades deberán acometer más pronto que tarde. Sería por tanto no un motivo de vergüenza o escarnio para nuestra sociedad sino una manera diferente de enfrentar nuestro futuro, abandonando los lugares comunes que la evidencia muestra que no funcionan, aunque sean tan queridos por aquellos que solo pretenden mantenerse en sus posiciones de privilegio, como eso del cambio del modelo productivo sin cambiar el modelo económico.

Esta propuesta abriría un necesario debate y sería un reto para nuestros jóvenes que encontrarían en la ciudad algo realmente nuevo por lo que luchar, cuando ellos, por su edad, deben enfrentarse a un futuro que sabemos complicado. Nuestro límite lo ponemos en el 2030, es tiempo suficiente para probar soluciones diferentes que hagan de nuestra ciudad una sociedad más sostenible. Solo pedimos que los dejen trabajar el mismo tiempo que han tenido los diferentes promotores y gerentes de Rabanales 21 SA, que como hemos visto han logrado un perfecto bucle, pero generando entre tanto una deuda de 23 millones de euros. Seguro que en estos años además de deudas también se han generado beneficios sociales, empleos, que deberán mantenerse, sin embargo alguien debería responsabilizarse de las deudas generadas.

EL RETO


Publicado en ABC Córdoba el 10 de diciembre de 2016 por Herminio R. Padilla

La semana pasada la Facultad de Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba (UCO) ha tenido dos actos de presentación bien importantes. El primero, el nuevo convenio firmado por la UCO con diversas instituciones para que los alumnos de Derecho puedan realizar prácticas en los juzgados, algo que no es nuevo pues desde hace bastantes años se venía llevando a cabo por el esfuerzo desinteresado y escasamente reconocido, todo hay que decirlo, de unos cuantos profesores, jueces y secretarios judiciales. Esas mimbres ya estaban puestas y ahora lo que se ha hecho es oficiarlo a través del convenio. Para los políticos firmantes el convenio es uno más. Para la UCO supone no tanto la transferencia de sus conocimientos cuanto mejorar su calidad en unos títulos en que los egresados saldrán, sin duda, mejor preparados. Para quienes están en la Administración de Justicia, en cambio, las prácticas de nuestros alumnos en los tribunales supondrán una mayor carga de trabajo, no retribuida, a la ya enormemente soportada.

La semana pasada también hubo elecciones a decano en la Facultad de Derecho. El único candidato, el ya decano profesor Luis Miranda, presentó al personal docente su programa de actuación para los próximos cuatro años. Lo primero que quiso destacar Miranda fue la labor de los decanos anteriores («Para seguir haciendo facultad en nuestra Universidad», se titula su programa), poniendo otra vez sobre la mesa los graves problemas que afectan a las titulaciones que se imparten en el centro. En Administración y Dirección de Empresas (ADE), el problema que tienen las distintas áreas es la escasez de profesorado funcionario, pues casi todos son contratados. En términos económicos a la UCO le vendrá muy bien pues por 300 o 600 euros al mes un profesor asociado imparte 9 o 18 créditos (un profesor funcionario imparte 32 créditos), pero la excelencia y calidad de sus títulos frente a otras universidades (no hay que olvidar la labor investigadora llevada a cabo por los profesores funcionarios), sin embargo, se resentirá.

En Derecho la situación, ahora mismo, no es tan grave como en ADE, pero terminará siéndolo en un plazo inferior a 10 años. Ya son muchas las áreas cuyos profesores funcionarios sobrepasan los 60 años –la edad de jubilación es a los 70–, y no ha habido relevo generacional. Esto es, no hay profesores en formación en nuestro centro que vayan a coger el testigo que dejarán aquéllos. Buena parte de culpa la tiene el nefasto sistema de acceso a esta profesión, que además ha convertido la carrera universitaria en un camino lleno de obstáculos de muy larga duración. Es sintomático, por poner un ejemplo, que en titulaciones como la nuestra alumnos con un brillante expediente académico declinen cortésmente buscar su futuro profesional en la universidad y se preparen las oposiciones de judicatura, que además sacan en dos años. Se pierde a los mejores.

El reto que por delante tiene el recién elegido decano de nuestro centro será, efectivamente, consolidar las titulaciones existentes antes que poner en marcha nuevos títulos, que pueden ser muy demandados por la sociedad (ADE y Turismo, Derecho y Criminología) pero que resultarán inviables ante la falta de profesorado. Ya está pasando incluso con la impartición de algunos de nuestros másteres. Y la consolidación de nuestras titulaciones, con preferencia para ADE dado su estado cuasi comatoso, pasa ineludiblemente por la inversión en personal, algo que el decano y su equipo apoyará pero que necesita del compromiso serio y firme de las altas instituciones de quien ello depende. Muchos todavía tenemos fe, pues como escribiera San Pablo la fe es el fundamento de las cosas que se esperan y el testimonio de las que no se ven.

EL FIN DEL TRABAJO Y LA RENTA BÁSICA UNIVERSAL.


El próximo 5 de Noviembre se celebrará en el Centro social Rey Heredia un Taller sobre el fin del trabajo y la renta básica, organizado por Ecologistas en Acción.

Para información ir a http://www.ecologistasenaccioncordoba.org/rbu/

 

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EL FIN DEL TRABAJO Y LA RENTA BASICA UNIVERSAL.

Ecologistas en Acción. Centro Rey Heredia. Córdoba

Primero, es necesario que se generalice la convicción de que el modelo neoliberal fracasó, incluso en sus propios términos: no ha producido crecimiento, ni mayor igualdad, ni mayor eficiencia ni mejores servicios, ni siquiera estabilidad económica. Segundo, es necesario explorar la imaginación social, a partir de la certeza de que el mercado sin regulaciones, sin limitaciones, es una fuerza corrosiva, que destruye el vínculo social……… Y hay que confiar en la capacidad de la sociedad para pensar alternativas, sabiendo que habrá que ensayar, probar una cosa, y otra, y otra. Y tercero, es necesario recuperar una conversación pública seria, profunda, compleja, matizada, realista, alejada de las simplezas de modelos abstractos y consignas; y eso quiere decir recuperar las mejores tradiciones de las ciencias sociales (que afortunadamente gozan de muy buena salud, aunque sea en los márgenes del sistema académico, y de los grandes medios).  Fernando Escalante en http://ctxt.es/es/20161019/Politica/9046/Fernando-Escalante-neoliberalismo-privatizacion-austeridad.htm

El aumento del desempleo y la desvalorización del trabajo, es una realidad en nuestras sociedades y en Andalucía de esto sabemos mucho. El problema tiene difícil solución si tenemos en cuenta que uno de sus causantes principales es el desarrollo y progreso tecnológico que es imprescindible para el funcionamiento del modelo económico global.

Para paliar la desigualdad social y económica que produce la falta de empleo, y tras abandonar el aumento de impuestos a los sectores más favorecidos económicamente, se ha hecho norma, “estar contra el aumento de impuestos”, y así llevamos años probando medidas como: Disminuir los impuestos a las capas más ricas de la población y suponer que los beneficios obtenidos revertirán en forma de empleos para toda la población. Aprobar subsidios para pobres a condición de que demuestren que lo son. Potenciar los bancos de alimentos y las ayudas en especie a desfavorecidos. Apoyar a las ONG que ejercen la caridad. Prometer un cambio del modelo productivo para crear más empleo.

Todas estas medidas no evitan que, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, opine que el trabajo “fijo y seguro” es “un concepto del siglo XIX”[i], o de que para mediados de este siglo la inteligencia artificial habrá causado un nivel de desempleo de al menos un 50% entre la clase media en todas las sociedades.” [ii]

En tanto el trabajo como gasto de energía, física o intelectual, ha estado siempre unido a la vida de nuestra especie, no está claro que el trabajo asalariado, o lo que es lo mismo la venta de la fuerza de trabajo por una cantidad de dinero en un mercado, sea también una ley natural, como la de la gravedad, en las sociedades humanas. De tratarse de una ley histórica, con un inicio y un final, podemos desarrollar otras alternativas económicas que permitan liberar al ser humano de la necesidad de vender su fuerza de trabajo para poder vivir.

En este camino hacia un modelo económico diferente se encuentran grupos y organizaciones de todo el mundo, que apuestan por una economía integrada en una sociedad que busque la buena vida y no el crecimiento económico, entre ellas las hay que proponen una acción diferente a las ensayadas hasta ahora, nos referimos a la instauración de una Renta Básica universal e incondicional (RBU). Un ingreso conferido por una comunidad política a todos sus miembros, sobre una base individual, sin control de recursos ni exigencia de contrapartida.

Los defensores de la RBU la ven como una simple medida contra la pobreza, la exclusión o el desempleo. Los críticos ven múltiples problemas a su aplicación, el primero dicen, la imposibilidad de financiarla, y también que sería una medida que eliminaría otras conquistas de la sociedad especialmente en educación y sanidad.

Recientemente son muchos los artículos y manifestaciones a favor de la RBU, incluso en algún Estatuto de Autonomía se recoge una RB, pero sin la U de universal, lo que no deja de generar confusión en la ciudadanía. Por el momento ningún partido de ámbito nacional la incluye en su programa.

En cualquier caso una propuesta, como la RBU, que dice atacar a la raíz de las causas de la desigualdad económica y social, el desempleo y la desvalorización del trabajo humano, lo menos que se merece seria una reflexión seria.

El próximo 5 de Noviembre un grupo de organizaciones entre las que están todas las organizaciones sindicales vamos a celebrar un Taller para analizar esta medida, al que hemos llamado Fin del trabajo y Renta Básica Universal, en él podemos discutir sobre la situación a la que se está abocando a las sociedades humanas y las medidas que tarde o temprano deberemos tomar si queremos evitar el colapso de nuestra civilización por la destrucción del medio ambiente en un marco de conflictos generados por la desigualdad económica y social.  

[i] http://www.eldiario.es/economia/Rosell-concepto-XIX-impulsar-digitalizacion_0_516898459.html

[ii] http://economia.elpais.com/economia/2016/05/20/actualidad/1463743486_753066.html

 

ANDALUCIA, EL DESAFÍO ESPAÑOLISTA Y EL DERECHO A LA INDEPENDENCIA


Luis Morera Sanz y Diego Llanes Ruiz.
Profesores de la Universidad de Córdoba y miembros del Sindicato de Enseñanza de CC.OO.

Buena parte de la sociedad andaluza, en la que se incluyen grupos de intelectuales y las fuerzas políticas y sindicales mayoritarias, no entiende que otros pueblos del Estado español quieran decidir democráticamente qué tipo de relación desean establecer con el Estado español, incluyendo la independencia. En este punto creemos necesario recordar y volver a defender las propuestas que desde el nacionalismo andaluz se lanzaban a inicios del siglo pasado y pedir a los grupos políticos de nuestra comunidad que patrocinen un nuevo concepto del Estado español, basado en la unidad libre y democráticamente acordada por cada uno de los diferentes pueblos que lo componen. Creemos igualmente que es hora de dejar de usar los agravios comparativos como forma de defender a Andalucía. Los políticos de esas fuerzas mayoritarias no son conscientes de que sus explicaciones nos llevan a reconocer que nuestra comunidad necesita de los fondos procedentes de otras comunidades para superar unas tasas de desigualdad insostenibles que son producto de la carencia de un modelo de desarrollo propio.

Desde Andalucía somos conscientes que el derecho a decidir sobre el modelo de Estado de los diferentes pueblos españoles, junto con un nuevo modelo económico propio relacionado con el decrecimiento económico y la defensa de una renta básica universal como instrumento más eficiente para combatir la desigualdad secular, son tres planteamientos políticos difíciles de transmitir a las clases populares y por tanto difíciles de rentabilizar electoralmente. Para cambiar la percepción que estas clases tienen de estas políticas, por ignorancia y/o miedo, hacen falta grupos de individuos que lo pretendan y tengan además un poco de suerte, rigor y voluntad. Este escrito pretende ser una apuesta en esa dirección.

Los grupos políticos que niegan el derecho de Cataluña –y eventualmente de otros pueblos integrados actualmente en el Estado español, a la independencia- utilizan como argumento básico la soberanía única de los ciudadanos españoles, recogida en el artículo 1 de la Constitución de 1978. Consideramos que esta norma constitucional no tiene justificación histórica ni puede ser considerada aprobada democráticamente por los ciudadanos españoles, pues no hubo una alternativa real a su aprobación.

Comenzaremos estableciendo una perspectiva histórica. La invasión musulmana de la Península ibérica destruyó el reino visigodo cristiano de Toledo, primer Estado unitario peninsular –aunque también incluía los actuales territorios franceses de Languedoc-Rosellón-. Ocho siglos les costó a los cristianos reconquistar la Península, pero en este proceso la unidad política se perdió, surgiendo de él cuatro entidades soberanas: Portugal, Castilla-León, la Corona de Aragón –una Confederación entre el reino de Aragón y el Principado de Cataluña, ampliada más tarde con el reino de Valencia–, y Navarra. Fernando el Católico acabó en 1512 con la independencia de Navarra, anexionándola a Castilla mediante una rápida operación militar. A partir de 1516, tras la muerte de Fernando el Católico, las Coronas de Castilla y de Aragón tendrían el mismo Monarca. Los Austrias intentaron la anexión de Portugal. Casi un siglo, 1580 – 1668, le costó a los portugueses recuperar su independencia, conflicto armado incluido. Los Austrias finalizan su reinado al morir Carlos II sin descendencia. La guerra de Sucesión que se desencadena la gana el aspirante francés, Felipe de Borbón, duque de Anjou, que elimina por Decreto la soberanía de los reinos de la corona de Aragón, Cataluña incluida [1].

Con la Constitución de 1812 se inicia el proceso de superación de la monarquía absolutista, proceso que continua a lo largo del siglo XIX con diversas Constituciones (1837, 1845, 1869, 1876). Ninguna de ellas fue aprobada expresamente por los ciudadanos españoles, ya que evidentemente nunca fueron sometidas a referéndum y además fueron elaboradas por Parlamentos constituidos en base a leyes electorales muy restrictivas, que en esos tiempos, dejaban fuera de la participación política a la mayoría de la población. Como detalle curioso, cabe señalar que en las Constituciones de 1837, art.48; 1845, art. 46; 1869, art. 74 y 1876, art. 55, se admite la posibilidad de enajenar, ceder o permutar una parte del territorio español.

Así llegamos a la Constitución de 1931, que tampoco fue expresamente aprobada por los ciudadanos españoles, ya que tampoco fue sometida a referéndum. En ella se establece una imposición previa e innegociable: la soberanía global de todos los ciudadanos españoles, con la consiguiente negación de la soberanía de los pueblos que componen el Estado español. Las intervenciones de Azaña y de Ortega y Gasset en las Cortes de la República con ocasión del debate sobre el Estatuto de Cataluña, que ya había sido aprobado previamente por los ciudadanos catalanes en referéndum en Agosto de 1931, son ilustrativas a este respecto. [2] [3]

Tras la guerra civil de 1936-39 el nuevo Estado aprovecha la concepción de Ortega y Gasset de España como “gran unidad histórica, dotada de una radical comunidad de destino” -del que solo una minoría de catalanes se negaría tercamente a participar[4]-. Así, en Mayo de 1948 se promulga la Ley de Principios del Movimiento Nacional, en la que España queda definida como una unidad de destino en lo universal. En Noviembre de 1976 se aprueba la Ley de la Reforma Política, destinada a ser la herramienta para la reforma del franquismo. Entre Junio de 1975 y Diciembre de 1978, las Cortes surgidas de las elecciones del 15 de Junio de 1975 redactan y aprueban la Constitución de 1978. La unidad de destino en lo universal queda redactada como: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles…”. El 6 de Diciembre de 1978 el proyecto constitucional se somete a referéndum. En este referéndum los españoles no tuvieron la oportunidad de pronunciarse sobre la alternativa soberanía única/derecho de autodeterminación, pues tuvieron que elegir entre votar SÍ, en cuyo caso España será la patria común e indivisible de todos los españoles, o votar NO, en cuyo caso seguirían en vigor las leyes franquistas y España sería una unidad de destino en lo universal. [5]

España en estos momentos se vuelve a enfrentar a la elección entre continuar con una visión mítica de su unidad o hacer que los distintos pueblos que la componen, democráticamente y de forma pacífica, decidan unirse o no a esa España. La situación en Cataluña ha abierto el problema. Una mayoría amplia de catalanes desea un referéndum para decidir qué tipo de relación desean establecer con el Estado español. La cerrazón españolista en no permitir la celebración de este referéndum, máxime cuando ya más del 47% de los catalanes han votado por la independencia, puede acabar convirtiendo a Cataluña, de hecho, en una colonia del Estado español. Ante este desafío españolista proponemos una reforma de la Constitución, para reconocer el derecho de Cataluña, así como, eventualmente, el de cualquier otra Comunidad Autónoma que así también lo deseara, a decidir libremente qué tipo de relación quiere establecer con el Estado español, incluyendo la independencia. Esto significaría sustituir la concepción mítica de la unidad de España, sustentada en no se sabe qué ley natural inmutable, por un concepto de unidad basado en la voluntad, libremente expresada, de aquellas Comunidades Autónomas que así lo decidieran.

Andalucía en estos momentos necesita recuperar la memoria histórica, que se concretaría por un lado en las propuestas que llevaron al pueblo andaluz a expresar el deseo de autogobierno el 4 de Diciembre de 1977, y por otro a retomar las ideas expresadas por los nacionalistas andaluces, encabezados por Blas Infante, en el Manifiesto de la nacionalidad andaluza, aprobado en Córdoba en 1919 [6]. Blas Infante y sus compañeros no podían suponer que casi un siglo después sería necesario volver a recordar a los andaluces y a la gran mayoría de sus dirigentes políticos palabras que se contenían en ese Manifiesto:

“En todas las regiones o nacionalidades peninsulares, se observa un incontrastable movimiento de repulsión hacia el Estado centralista. Ya no le vale resguardar sus miserables intereses con el santo escudo de la solidaridad o unidad, que dicen nacional.
Aún las regiones que más aman la solidaridad, como sucede a Andalucía, van dándose cuenta de que los verdaderos separatistas son ellos: los que esparcen recelos con relación a pueblos vivos, como Cataluña o Vasconia, por el delito horrendo de querer regir por sí sus peculiares intereses.…”

Estas palabras vienen a recordarnos que es el desafío españolista el que hay que desmontar, admitiendo el derecho a la independencia de Cataluña y de cualquier otra Autonomía que, eventualmente, así también lo decidiera. La concepción españolista, no democrática, de la unidad de España, es la mejor vía para lograr que “España se rompa”.

En Andalucía nos queda un arduo trabajo para desmontar los planteamientos basados en el agravio comparativo, que tan buenos réditos electorales producen a los partidos de la vieja política, y que llevan a la idea de que Andalucía vive de los impuestos de otras comunidades, escondiendo de paso el fracaso de las políticas del PSOE que durante los últimos 35 años han impedido un desarrollo propio. Si desde Andalucía somos capaces de mover a las clases populares a la defensa del derecho a decidir, que debe unirse a un modelo propio de desarrollo que incluya medidas que aquí y ahora disminuyan la desigualdad, los cambios en nuestro país se podrán producir con mayor rapidez. Las clases populares de las distintas regiones y naciones saldrán beneficiadas y ayudaran al cambio del modelo político y económico europeo.

[1] Decretos de Nueva Planta de los reinos de Aragón y Valencia (Junio de 1707) y de Cataluña (Octubre de 1715).

[2] Manuel Azaña. Debate sobre el Estatuto de Cataluña, Cortes de la República. Mayo de 1932. http://www.ecorepublicano.es/2013/09/discurso-de-manuel-azana-sobre-el.html

[3] José Ortega y Gasset. Debate sobre el Estatuto de Cataluña, Cortes de la República. Mayo de 1932. http://www.ecorepublicano.es/2013/09/discurso-de-jose-ortega-y-gasset-sobre.html

[4] El problema catalán es un caso corriente de lo que se llama nacionalismo particularista… un sentimiento… que se apodera de un pueblo o colectividad y le hace desear ardientemente vivir aparte de los demás pueblos o colectividades. … frente a ese sentimiento de una Cataluña que no se siente española, existe el otro sentimiento de todos los demás españoles que sienten a Cataluña como un ingrediente y trozo esencial de España, de esa gran unidad histórica, de esa radical comunidad de destino,… .a la cual tienen puesta todos esos españoles inexorablemente su emoción y su voluntad. José Ortega y Gasset, España invertebrada. Impresionante pronunciamiento nacionalista de Ortega y Gasset, que sin embargo distingue entre un nacionalismo “malo”, el nacionalismo particularista catalán, y un nacionalismo “bueno”, con altura de miras se diría en estos días, el nacionalismo españolista.

[5] Este argumento es aplicable también a la monarquía, reinstaurada en la Ley de Principios del Movimiento Nacional de 1948, adjudicada en 1969 a Don Juan Carlos de Borbón y ejercida ahora por su hijo Don Felipe de Borbón. La reinstauración monárquica nunca fue votada por los ciudadanos españoles, puesto que tanto el SÍ como el NO en el referéndum de 1978 significaban la continuidad de la monarquía.

[6] Manifiesto de la nacionalidad andaluza. http://www.blasinfante.com/apuntes/Manifiesto_de_la_Nacionalidad.htm

LA MEDICINA BASADA EN LA EXPERIENCIA (MBE) SECUESTRADA.


El siguiente artículo procede de la web, No gracias y resultará interesante para aquellos preocupados por la investigación en biomedicina. Puede ser consultado con todos sus enlaces en:

http://www.nogracias.eu/2016/03/20/la-mbe-secuestrada-por-john-ioannidis/

Diego Llanes

LA MEDICINA BASADA EN LA EXPERIENCIA (MBE) SECUESTRADA.

 

Todavía en prensa, ya tenemos la publicación on line del texto de Ioannidis: “Evidence-based medicine has been hijacked: a report to David Sackett“. Se trata de una conversación que el autor inició con David Sackett, padre de la MBE y recientemente fallecido, en 2004 y que pervivió de manera virtual durante 12 años más:

“Durante los siguientes 12 años, esta conversación ha seguido creciendo en mi mente, añadiendo nuevos capítulos a ella según yo iba acumulado más derrotas. Derrotas que yo he querido compartir con David Sackett, incluso en ausencia.”

El texto es una declaración de fracaso que deja muy poco espacio para la esperanza. Un golpe en la mesa de uno de los científicos más influyentes del mundo ¿Alguien despertará?

Los inicios de la MBE como movimiento crítico

Dando algunas pinceladas sobre su propia vida, en algunos aspectos con paralelismos con la de Sackett, Ioannidis cuenta las iniciales resistencias del “neoclásico edificio de la medicina” contra los incendiario expertos en MBE:

“La MBE tuvo una resistencia sustancial en la década de 90 y en la primera del 2000. Incluso en los EE.UU., la meca de la investigación biomédica”

La MBE, inicialmente, iba contra intereses creados:

“Siendo investigador clínico recuerdo que apostábamos hasta cuando iba a durar la Agency for Health Care Policy and Research (AHCPR, que posteriormente se convirtió AHRQ). La agencia había hecho daño a los poderosos intereses de una sociedad profesional quirúrgica: una de sus directrices amenazaba las indicaciones de un costoso e inútil procedimiento quirúrgico. La AHCPR/AHRQ sobrevivió, pero, desde entonces, ha tenido que luchar valientemente por su existencia”

A finales de los años 90 escribió Ioannidis, junto con su compatriota Giannakis, un irónico artículo en el BMJ sobre los lujos que la industria farmacéutica pagaba a los médicos en un viaje a la península arábiga:

“Cuando publiqué el artículo…, un poderoso y políticamente conectado médico sindicalista de Atenas escribió al colegio de médicos pidiendo mi castigo y la revocación ejemplar de mi licencia. También me atacó personalmente en el consejo de administración del un centro nacional de control de enfermedades donde yo era vicepresidente. Un día en la sala de reuniones dijo que él no podía coexistir con una persona con tan excepcionalmente bajos estándares morales. Nadie me defendió” 

Sin embargo, esta inicial capacidad subversiva de la MBE no duró mucho. Según Ioannidis, los poderosos comenzaron a comprender que la MBE podía ser útil para sus fines:

“Las mismas personas que se atragantaban cuando se hablaba de ”MBE” empezaron a utilizar este término para reforzar su medicina basada en la eminencia. Varias personas de alto rango comenzaron a pedirme que trabajara con ellos, con la esperanza de que podrían publicar artículos en las principales revistas. Al negarme solo conseguí más enemigos”

 La MBE domesticada

La visión de Ioannidis sobre cómo ha acabado la MBE hoy en día es absolutamente descorazonadora:

‘‘Ahora que la MBE y sus principales herramientas, los ensayos clínicos aleatorizados y los meta-análisis, son altamente respetadas, la MBE ha sido secuestrada. Incluso sus defensores sospechan que algo va mal” (ver referencia arriba)”.

Y prosigue:

“La industria farmacéutica patrocina los ensayos clínicos más influyentes. Y lo hace muy bien, obteniendo los mejores resultados en las listas de comprobación que miden la “calidad metodológica”, y publicando sus trabajos más rápidamente que los ensayos independientes. Es solo que con frecuencia preguntan las cuestiones equivocadas, utilizan las peores variables subrogadas, hacen los análisis más erróneos, usan los criterios de efectividad menos adecuados y realizan las inferencias más inexactas. Pero ¿a quién le importan estos pequeños detalles?”

 El secuestro de la MBE no solo atañe a los ensayos clínicos sino que ahora también a los meta-análisis:

“La industria también está patrocinando un gran número de meta-análisis de la actualidad” (ver arriba referencia reciente con los antidepresivos).

Una vez más, consiguen las conclusiones que desean.

En 1999, en la sesión de clausura de la Colloquium Cochrane en Roma, Ioannidis congeló el entusiasmo de los “benévolos” asistentes:

“Me preocupaba que la Cochrane Colaboration perdiera credibilidad al difundir los resultados de estudios sesgados por los intereses creados a través de sus respetadas revisiones sistemáticas.” Esta preocupación es hoy una realidad

En contra de la manipulación

Ioannidis no está contra la industria y reconoce la necesidad de la iniciativa privada en la investigación biomédica:

“No estoy en contra de la industria, sino todo lo contrario: el espíritu empresarial es crucial para la traslación, el desarrollo y el crecimiento. Sin embargo, no podemos dejar que las empresas lleven a cabo las evaluaciones de sus propios productos. Si lo seguimos permitiendo no podemos culparlos , si compran la mejor publicidad (es decir, la “evidencia”) para vender lo que quieran”.

La casta médica

Ioannidis también acusa a los investigadores y líderes clínicos, que se venden para poder aparecer como co-autores de los grandes ensayos clínicos multicéntricos, los meta-análisis y las Guías de Práctica Clínica de gran alcance “a las que contribuyen poco en esencia“.

Los intereses creados acaban definiendo la agenda de investigación y el “halo de la evidencia” se propaga entre las sociedades profesionales y los grandes congresos médicos.

Las palabras que Ioannidis dedica a lo que Fava llama oligarquia profesional y nosotros “casta médica” son muy duras:

Muchos líderes académicos y miembros importantes de asociaciones profesionales crecen dentro de este sistema. A veces es difícil determinar si un soberbio curriculum con una larga lista de publicaciones refleja un trabajo duro y un liderazgo brillante o es un producto compuesto de un habilidoso juego del poder en las redes profesionales, autorías regaladas y la excelencia en el comercio de esclavos que se hace con los investigadores más jóvenes.

Ioannidis cuenta una anécdota que él califica de “divertida” pero que es terrible: debido a sus publicaciones metodológicas en diferentes campos suelen invitarle a participar en ensayos clínicos. En una ocasión respondió al mensaje aceptando la invitación:

“La persona en el otro extremo de la línea telefónica me prometió una autoría en el artículo del ensayo clínico; cuantos más pacientes pudiera reclutar, mejor sería mi posición en la autoría. Pedí ver el protocolo. La respuesta fue clara e inmediata: ”Oh, el protocolo, ¿por qué debería preocuparse por el protocolo? La empresa promotora se ha hecho cargo del protocolo. Y también se hará cargo de la redacción del documento. No es necesario que usted se preocupe por cosas que no tienen importancia. No pierda el tiempo con el protocolo o la edición del texto. Lo haremos nosotros y pondremos su nombre como autor en los papeles. Esto es lo que todos los investigadores clínicos de prestigio hacen””.

Los perjuicios para la biomedicina de esta “forma frustrada de MBE” alcanzan a los fondos y políticas de investigación ya que como el propio David Sackett denunció:

”La cuestión básica es que estos científicos médicos han secuestrado los organismos que conceden los fondos de investigación y diseñan las políticas científicas y que ponen un mayor empeño en servir a sus propias curiosidades personales que a las personas enfermas”

Las consecuencias para los médicos y científicos jóvenes que aprenden en este sistema son también graves:

“A menudo me pregunto: ¿qué monstruos estamos creando a través de este sistema de selección de los más aptos? Estamos animando a las personas a aprender cómo encontrar dinero, ser mejores relaciones públicas para inflar su trabajo, más pomposos y menso auto-críticos. Estos serán los héroes de la ciencia del siglo XXI.”

Las nuevas fronteras de la investigación biomedica

Con las nuevas fronteras de la investigación como la medicina personalizada, el big data o las “ómicas”, Ioannidis tampoco es muy optimista:

“Con la evidencia clínica convertida en una herramienta de la industria publicitaria y mucha “ciencia” convertida en un anexo a los casinos de Las Vegas, ¿hay esperanza con otros instrumentos de la MBE como la investigación diagnóstica, pronóstica o la individualización? He tenido un gran entusiasmo.. pero estoy cansado de ver las mismas promesas sobrevaloradas una y otra vez.”

 

La investigación basada en la big data siempre necesitará la investigación clínica para darle sentido:

“En cuanto a la epidemiología, la investigación sobre factores de riesgo es más peligrosa que nunca… (mientras) factores de riesgo con evidencia incuestionable como fumar están matando a más personas que nunca en todo el mundo…, en vez de hacer frente a estos importantes retos para la salud pública, nos dedicamos a la producción de nuevos y espurios factores de riesgo a través de falsos positivos.. confundiendo correlación con causalidad, los datos son dragados de las bases de datos y acaban echando gasolina a las Guías de Práctica Clínica” (ver referencia arriba)

Ioannidis también denuncia como la epidemiología se está utilizando para defender intereses comerciales:

Las empresas más agresivas e insolentes intentan minimizar o incluso anular el riesgo de sus productos. Uno es atrapado entre Escila y Caribdis y debe tratar de navegar entre ellos. A veces recibo invitaciones de abogados para que declare a favor de la seguridad de algún producto. Siempre las rechazo.

El juicio clínico amenazado

Ioannidis recupera la definición de MBE de Sackett para enfatizar la importancia que la experiencia clínica sigue teniendo en la toma de decisiones y las grandes presiones que hoy está sufriendo para que prevalezca un juicio equilibrado:

”Muchos de mis mejores aliados en los últimos años han sido los médicos que conocen de primera mano cuáles son los principales problemas de los enfermos y lo que realmente importa para la salud y la enfermedad. David, usted definió admirablemente la MBE cuando expresó esta dualidad: ”Se trata de integrar la experiencia clínica individual con la mejor evidencia externa”. Pero ese componente, la experiencia clínica está en crisis. En la mayoría de los países desarrollados, los médicos están bajo una tremenda presión del mercado. Casi todas las discusiones en las reuniones de equipo son para tratar de dinero. Uno puede sentir la presión de diferentes maneras: ofrecer servicios para capturar la mayor cuota de mercado posible (un sinónimo de ”pacientes”); satisfacer a los clientes (sinónimo de ”seres humanos”)… ; realizar más procedimientos o marcar más casillas en las historias electrónicas.. Esto no es lo que creo debería ser la medicina. Esta es una medicina basada ​​en las finanzas. Yo no culpo a nadie. Los médicos no tienen otra opción. Esta es la forma como funciona el mundo”

Demasiada medicina

Para Ioannidis, la utilización de la MBE para ampliar el campo de la medicina en aras de conseguir más cuota de mercado es profundamente dañino:

“¿Está la MBE condenada a ser instrumentalizada para que haya más medicina aunque esto signifique menos salud?… En algunos terrenos, estamos cerca o más allá del punto de inflexión en el que la medicina disminuya en vez de mejorar el bienestar en nuestra sociedad. Algunos excelentes y comprometidos médicos sin duda siguen contribuyendo de manera positiva a la salud y a mejorar la vida de los pacientes. Sin embargo, con el 20% del PIB dedicado a la atención sanitaria de manera tan ineficiente, la falta de evidencias en muchos aspectos y los conflictos que existen con las evidencias de las que disponemos, la medicina y la atención sanitaria se ha convertido en una importante amenaza para la salud y el bienestar”

La emergencia de las pseudociencias

Ioannidis comenta también la dificultad de mantener el equilibrio al criticar la mala ciencia biomédica sin por ello apoyar las pseudociencias:

”Hay tantos charlatanes en la televisión; presentadores y estrellas de cine son ahora entrenadores de salud y negacionistas de la ciencia (por ejemplo, del cambio climático, el VIH, de las vacunas..); uno tiene que andar con mucho cuidado. Debemos evitar una guerra civil en la forma de interpretar las evidencias dentro de las ciencias de la salud cuando tantos pseudocientíficos y dogmáticos están tratando de explotar a las personas y a las poblaciones atacando a la ciencia.”

¿Hay esperanza?

Termina Ioannidis su conversación con Sackett con una amarga reflexión final:

“David, le dije que era una fracasado cuando empezamos esta conversación y soy un fracaso aún mayor ahora, casi 12 años después… El PIB dedicado a la atención sanitaria no deja de aumentar; los ensayos clínicos espurios y los meta-análisis aún más espurios siguen aumentando geométricamente y publicándose a un ritmo cada vez mayor; las Guías de Práctica Clínica sesgadas son más influyentes que nunca; falsos factores de riesgo son graznados cada día; las pseudociencias son cada vez más visibles mientras aproximadamente el 85% de la investigación biomédica se desperdicia” (ver arriba referencia).

Y continua:

“Todavía me gusta la ciencia enormemente; centrarme en las ideas y los métodos rigurosos, basados en las matemáticas y la estadística; trabajar en mis extraños (y, probablemente, sesgados) escritos que alterno con una desesperada poesía; y sigo aprendiendo de los jóvenes talentosos. Y sigo fantaseando con algún lugar donde la práctica de la medicina todavía pueda ser útil para los seres humanos y la sociedad en general. ¿Tiene que ser un lugar muy remoto en el norte de Canadá, cerca de la Ártico? ¿O en alguna aislada y hermosa isla griega donde cada día llegan flotando a la playa cadáveres de desgraciados refugiados aunque no se haya librado ninguna batalla naval? ¿Hay todavía un lugar para que el pensamiento racional y la evidencia puedan ayudar a los humanos?”

A pesar de su sensación de fracaso, para Ioannidis, sigue mereciendo la pena el proyecto:

“Por desgracia, no me puede responder ya, David, pero espero que no tengamos que seguir escapando a los rincones más lejanos de la geografía o la imaginación. Veinticinco años después de su lanzamiento, debería ser posible que alguien, en algún lugar practicara la MBE; en todo caso, sigue valiendo la pena intentar que ocurra”.

Traducción y edición de Abel Novoa

La cementera COSMOS no podrá incinerar residuos


El artículo que sigue fue publicado en Encartes21 el pasado 12 de Octubre. Lo incorporo al foro con el deseo de contribuir a su reactivación.
Luis Morera Sanz

La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba ha puesto en marcha el expediente para declarar fuera de ordenación urbana a la cementera Cosmos (antigua Asland), que de ese modo no podrá incinerar residuos. Con esta decisión, PSOE e IU, las dos organizaciones políticas que gobiernan el Ayuntamiento de la ciudad, cumplen el compromiso contraído en Mayo pasado, en plena campaña electoral, cuando firmaron el “Pacto por un aire Limpio“, suscrito también por el resto de grupos políticos y candidaturas que se presentaron a las elecciones municipales.
Cuando el Pleno del Ayuntamiento ratifique el expediente y adopte dicho acuerdo, posiblemente el próximo mes de noviembre, culminará un largo proceso que comenzó hace diez años y en cuya resolución han sido determinantes la presencia, el compromiso y las actuaciones del movimiento ciudadano.
Estos son los momentos más importantes del proceso:

Junio de 2005
La cementera presenta en la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Córdoba una solicitud de Autorización Ambiental Integrada (AAI), que es sometida a información pública en el BOP 223 del 30/12/2005. No se presentan alegaciones. Aprobada con fecha 2/03/2007, autoriza a la empresa a utilizar como combustible hasta 14200 de plásticos agrícolas, 26100 T de neumáticos, 54500 T de lodos de tratamiento de aguas residuales urbanas y 43500 T de residuos municipales mezclados, lo que supondría hasta un máximo del 30% del combustible total utilizado.
Pero la concesión de la AAI no es suficiente para poder iniciar la actividad: se requiere además que el Ayuntamiento conceda las correspondientes licencias municipales de obra, actividad y puesta en marcha.

Septiembre de 2007
Comienza a organizarse en la ciudad un movimiento de rechazo a la incineración prevista en la AAI. Promovido inicialmente por Asociaciones de Vecinos (AAVV) del entorno más cercano y organizaciones ecologistas, poco después se amplía hasta constituirse la Plataforma Córdoba Aire Limpio (PCAL), en la que participan diversas AAVV, Consejos de Distrito, y grupos políticos y ecologistas, hasta un total de 31 entidades.
Paralelamente, la empresa anuncia su intención de renunciar a la quema de residuos y que mantendría en su totalidad el uso de combustibles tradicionales.

Noviembre de 2007
La Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba informa, en una respuesta escrita a una pregunta del Grupo Municipal popular que “el gobierno municipal, en la persona de la Alcaldesa Rosa Aguilar, manifestó el compromiso político y la voluntad de no dejar que la fábrica lleve a cabo esta actividad” y que “Este ayuntamiento, se felicita por la decisión de Cosmos en cuanto a su renuncia a la quema de residuos, así como el anuncio del aumento de la producción y aplicación de mejoras técnicas para la reducción de emisiones de CO2. Igualmente ratifica que la quema de residuos no puede ser una fuente de producción de energía en la planta de Cosmos ubicada en Córdoba, por el daño objetivo, que se causa a los vecinos más próximos a sus instalaciones y por el empeoramiento que supondría de las condiciones ambientales que afectan a la ciudad.”
Julio de 2012
La PCAL solicita a la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Córdoba la declaración de caducidad de la AAI, alegando indefensión de las partes interesadas, incompatibilidad de la incineración de residuos potencialmente peligrosos con el PGOU de Córdoba, consideraciones sobre la naturaleza y destino de los vertidos emitidos a cauce público y a la red municipal de saneamiento, peligrosidad de las emisiones y existencia de “Mejores Técnicas” para el tratamiento de residuos que la incineración en cuanto a su impacto ambiental.

Diciembre de 2013
La Delegación de Medio Ambiente de la Junta en Córdoba declara la caducidad de la AAI concedida en Marzo de 2007, tras constatar que la empresa no ha realizado las obras previstas en el Proyecto autorizado –que deberían haber estado terminadas en Marzo de 2012- así como que tampoco han tramitado las correspondientes licencias municipales de obra para esta actividad.
Durante los trámites la empresa presentó un Acta Notarial en la que se manifiesta la existencia de obras relacionadas con el proyecto. Visitas posteriores a las instalaciones, tanto de técnicos del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía, informan de que no han detectado la existencia de obras relacionadas con el proyecto autorizado.

Febrero – Octubre 2015.
La AAI no es condición suficiente pero sí necesaria para la incineración de residuos. La anulación de la AAI significaba, pues, la imposibilidad legal para la empresa de llevar a cabo esta actividad. Sin embargo, en Febrero de 2015 la situación da un vuelco cuando el Viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta acepta el recurso de alzada presentado por la empresa en enero de 2014 contra la declaración de caducidad de la AAI, interpretando que el plazo de 5 años para la ejecución de las obras debe contabilizarse a partir de Enero de 2012 (fecha de la entrada en vigor de la norma que establece este plazo) y no a partir de Marzo de 2007 (fecha de notificación de la AAI), y sin entrar a considerar todos los demás argumentos -amplios y bien documentados- que motivaron la decisión inicial de caducidad.

A partir de este momento se reactiva el movimiento ciudadano contra la incineración de residuos en la fábrica de cemento, protagonizado de nuevo por la PCAL. Además de anunciar la intención de recurrir por todos los cauces legales posibles la decisión del Viceconsejero, promueve en Mayo de 2015 un documento, “Pacto por un Aire Limpio”, que firman todos los grupos políticos y candidaturas que se presentan a las elecciones municipales que iban a tener lugar días después, y que dice en su punto 1º:
Que, una vez quede constituida la nueva Corporación Local cordobesa, en el primer Pleno “útil”, que se celebre, se presentará una moción, en la que acuerde el inicio de la revisión de la calificación del emplazamiento de la cementera de la empresa CEMENTOS COSMOS SUR S.A., establecida en el actual PGOU declarándola formalmente “fuera de ordenación urbana” a fin de evitar que en ella se puedan establecer ampliaciones o cambio de actividades no adecuadas. Esta declaración no impediría a Cosmos continuar con la producción de cemento pero sí la incineración de residuos, ya que no podría recibir las licencias de obra necesarias para ello.

Un asunto pendiente: el traslado de la cementera
Cuando en el Pleno de noviembre todos los grupos municipales, en coherencia con lo que firmaron en Mayo, ratifiquen la propuesta de la Gerencia Municipal de Urbanismo, todavía quedará pendiente resolver el problema que supone para la ciudad la existencia de una cementera en pleno casco urbano.
La fábrica de cemento de Córdoba (originalmente Asland) se instaló en nuestra ciudad en 1931. Entonces estaba situada relativamente alejada del núcleo de población –aunque con casas “modestas” muy cerca. En los años 60 su plantilla era de unos 300 trabajadores. La crisis del sector de la construcción ha supuesto un descenso drástico en su actividad y actualmente la plantilla es, tras varios EREs, de apenas 40 trabajadores. Con el crecimiento de la ciudad ha pasado a estar localizada prácticamente en pleno casco urbano.
La fábrica no puede seguir indefinidamente en su localización actual. Por lo que se debe abrir, a partir de ahora, un periodo de transición, de duración razonable, en el que los intereses de los trabajadores y sus puestos de trabajo sean debidamente considerados, para que la fábrica se traslade a otra ubicación, alejada de zona urbana.
La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba deben mantener una defensa clara y firme de la seguridad y salud de la población cordobesa, así como un estricto cumplimiento de las normas en materia de evaluación del impacto en salud y ambiental de las actividades industriales.

Para saber más: http://www.cordobaairelimpio.org/. Véase especialmente:
Autorización Ambiental Integrada 2007
 Mapa del cáncer en España.
http://elpais.com/elpais/2014/09/30/ciencia/1412091987_955227.html
 Incineradoras e incidencia de cáncer.
http://www.cordobaairelimpio.org/wp-content/files/incidencia_de_cancer_en_la_poblacion_cercana_a_incineradoras_en_Espana_ingles.pdf
Riesgos incineración residuos en cementeras

LA INVESTIGACIÓN MOLECULAR Y LA SANIDAD PÚBLICA.


                       El siguiente artículo ha sido publicado en http://www.nogracias.eu/    y    http://encarte21.blogspot.com.es/  lo traigo a ideasyopiniones ya que sigo pensando que es una buena herramienta para expresar nuestras opiniones, aunque últimamente me haya quedado bastante solo.

                      Diego Llanes

 

La parcelación de los seres vivos, para su estudio, ha permitido esclarecer de qué estamos hechos y ha situado a los genes (ADN) en la base de la vida. El conocimiento generado con este modelo de estudio ha permitido, además, el desarrollo de productos y técnicas, consideradas útiles para la salud humana y animal y para la mejora de las distintas producciones animales y vegetales. El conocimiento es un bien colectivo, y por tanto no es apropiable por los poseedores del capital, sin embargo los usos de ese conocimiento si pueden serlo. En nuestro caso los medicamentos y técnicas generados por este modelo, se adaptan muy bien al proceso de privatización mediante patentes. Los descubridores y/o propietarios obtienen así jugosos beneficios económicos, lo que permite retroalimentar al modelo de estudio que lo favorece, convirtiéndolo en el único realmente existente en nuestra sociedad.

El modelo de investigación y la protección del uso del conocimiento generado mediante patentes, han dado lugar a lo que podemos llamar complejo genético-industrial, que contiene a las grandes farmacéuticas, con un poder solo comparable al complejo militar-industrial. Este modelo de investigación molecular reduccionista y su paradigma, el determinismo genético, esconde cuidadosamente que no es eficaz para dar soluciones a problemas biológicos complejos, como son las enfermedades animales y humanas, y así los ingentes fondos públicos que nuestra sociedad gasta con la promesa de vencer a las enfermedades, están lejos de conseguir los resultados prometidos.

Su fracaso se debe a que la inmensa mayoría de nuestras enfermedades o anomalías, no son consecuencia de un simple error en el genoma del individuo. Nuestro modelo de investigación prefiere olvidar que una persona se compone de moléculas, células, tejidos y órganos que necesariamente deben moverse en un ambiente y en una sociedad concreta. El tratamiento de esas anomalías básicamente desde la perspectiva molecular es un enorme error, como día tras día se puede observar en la lucha contra el cáncer y las enfermedades cardiovasculares (las principales causas de muerte en las sociedades ricas). Los avances más notables en estas enfermedades son consecuencia de nuevas medidas quirúrgicas, relacionadas con las mejora de las tecnologías y de los conocimientos en fisiología y anatomía, y no con los avances aportados por la investigación molecular.

Investigación y modelo económico.

¿Cuántos miles de millones de euros más serán necesarios para lograr un retroceso en la incidencia del cáncer y de las enfermedades cardiovasculares en nuestra sociedad? De acuerdo con la OMS (Organización Mundial de la Salud) para 2030 habrá un incremento en la incidencia del cáncer del 55%. ¿Son necesarios otros cincuenta años de estudios moleculares, antes de cambiar esta tendencia?
Las enfermedades de origen infeccioso, aunque diferentes en su origen, son un buen ejemplo para comprobar la influencia que tiene el medio ambiente, sobre el valor curativo del modelo de investigación molecular. Para ello debemos admitir que los espectaculares avances en el conocimiento, tratamiento y curación de las enfermedades infecto contagiosas han coincidido con cambios simples en la higiene de las poblaciones (alcantarillado, cloración del agua, asepsia, régimen alimenticio…), pero solo en el primer mundo. En las zonas económicamente desfavorecidas por el capitalismo (la mayoría del planeta), los avances en la detección y tratamiento basados en el modelo molecular de poco sirven. Lo que vendría a demostrar que las herramientas generadas por las mejoras sociales y el desarrollo económico, son al menos tan potentes para el tratamiento de enfermedades como las herramientas generadas por el modelo de investigación molecular.

¿Cuánto debemos esperar para que las mejoras sociales en prevención y en el modelo económico permitan una disminución en la incidencia de las enfermedades más comunes en el primer mundo, igual que lo han permitido en las enfermedades de origen infeccioso? No se trata de cambiar una proteína por otra, o un gen por otro, sino de mejorar la salud de un ser vivo formado y situado en medio de infinitas conexiones moleculares, ambientales y sociales.
Pese a los elevados costes y los pobres resultados, el modelo molecular es hoy el preferido por el sistema económico capitalista y esto tiene unos motivos que en nada se relacionan con el avance del conocimiento que el modelo de investigación produce.

Ciencia y salud

En la lucha contra las enfermedades, junto a la Ciencia, que aumenta nuestro conocimiento, los seres humanos necesitan instituciones, capaces de usar ese conocimiento, para tratar sus problemas de salud. Ambos aspectos, conocimientos generados por la Ciencia y las instituciones sanitarias que deben aplicarlos, están estrechamente ligados. Las instituciones sanitarias siguen dos modelos básicos en el capitalismo; uno público, financiado con los impuestos de los ciudadanos y que atiende al enfermo independientemente de su situación social y, otro privado, financiado por los individuos que acceden a los diferentes servicios. En ambos casos los medicamentos y técnicas empleadas son aportados por empresas, en su gran mayoría en manos de capitales privados.

Los científicos en general consideran que el modelo de investigación que utilizan para aumentar el conocimiento, que procede en su mayoría de fondos públicos, es independiente del modelo sanitario. En Europa, donde el sistema sanitario público está más implantado, es cada vez más frecuente que los usos de los nuevos conocimientos, bien sean nuevas técnicas o nuevos medicamentos, propiedad de las empresas farmacéuticas, no se puedan aplicar a todos los supuestamente necesitados de ellos, dado su elevado coste, véase el reciente caso de la hepatitis C.

A la vista de los datos que hoy tenemos, creemos que el modelo de investigación molecular, además de escasamente eficaz, es contrario al sistema sanitario público. La gran mayoría de los resultados que se obtienen, bien sean medicamentos o técnicas, están dirigidos al desarrollo de lo que llaman medicina personalizada, medicina que es incompatible, por su coste, con una sanidad que quiera cubrir a los varios miles de millones de habitantes del planeta.

La medicina personalizada objetivo actual de la investigación molecular, además de imposible de aplicar en una medicina pública y universal, resulta extremadamente costosa, dada la dificultad para obtener nuevos conocimientos que la sustenten, y por ello la investigación básica es cada vez más responsabilidad del sector público.

Privatizar el conocimiento, privatizar la salud.

Los elevados costes que asume el sector público en el modelo de investigación molecular para el desarrollo de la medicina personalizada se reparten en: a) Mantenimiento de centenares de institutos de investigación con una estructura compleja, necesaria para el mantenimiento de la tecnología. b) La compra de aparatos cuya obsolescencia es muy elevada, aparatos que son en general producidos por empresas del complejo genético-industrial y c) Los salarios de una gran variedad de personal altamente cualificado que en buena parte ha sido además formado con fondos públicos.

Para apropiarse del uso del conocimiento generado con las inversiones públicas, el complejo genético-industrial, ha convencido a los gestores públicos de la necesidad de permitir la creación de empresas que queden asociadas a los institutos de investigación financiados con los impuestos de todos. El objetivo: privatizar, desde sus comienzos, los usos del conocimiento generado con fondos públicos, usando como pretexto que es la única forma de estimular el interés de los investigadores por su trabajo. Así los descubrimientos son patentados y los más rentables acaban en manos de las poderosas grandes farmacéuticas únicas con poder y capital suficiente para acometer el desarrollo y la comercialización de estos nuevos productos.
El modelo de investigación molecular, que en sus inicios podría presentarse como independiente del modelo económico, depende ahora de los sectores dominantes de este, el sector financiero, con el que mantiene estrechos vínculos a través del complejo genético-industrial y al que dota de herramientas que permiten burbujas financieras.

Además, el modelo está siendo extendido a todos los países, mediante campañas de propaganda, por las que se le sitúa dentro de la llamada economía del conocimiento, presentada como alternativa y salida de la actual crisis económica. Estos países se ven obligados a invertir grandes cantidades de fondos públicos en este modelo de investigación, fondos que podrían ser usados para potenciar la sanidad y la educación básica. Además, los resultados, de haberlos, pasarán a las grandes farmacéuticas, centro del sistema sanitario público o privado y únicas capaces, como hemos dicho, de desarrollar y realizar el marketing necesario para convencer a la sociedad y a las autoridades sanitarias de la bondad de unos nuevos medicamentos de una dudosa utilidad.

La extensión a muchos países de este modelo de investigación favorece al complejo genético-industrial de dos formas; la primera, consigue que la sanidad pública del país entre en el mercado de la medicina personalizada donde se ofertan medicamentos y técnicas a precios exorbitantes y la segunda, hace que los millares de investigadores, médicos y gestores de los institutos y centros de investigación, del país en cuestión, se conviertan en grupos de presión social. Grupos que reclaman un continuo aumento de gasto público para este modelo de investigación, que llega a ser presentado como el único capaz de generar nuevos conocimientos y por tanto nuevos medicamentos, aunque en realidad acabará llevando a la sanidad pública al colapso.

Nos encontramos ante una situación perversa; a más fondos públicos invertidos en el avance del conocimiento, más usos serán privatizados, impidiéndose con ello que puedan ser aplicados al conjunto de la población que con sus impuestos ayudó a generarlos. Se abre un tiempo donde la privatización de medicamentos y técnicas traerá un trato diferencial de los seres humanos. Por un lado los que puedan pagarse y someterse a tratamientos muy caros, aunque sean de dudosa efectividad y, por otro, los excluidos del sistema, que cada vez son más, a los que solo quedará la medicina ligada a las instituciones caritativas.

Los investigadores e investigadoras moleculares, la mayoría con contratos precarios, que de forma consciente o inconsciente trabajan para este modelo científico, deben tomar conciencia de que su paradigma científico ha dejado de cumplir con su cometido de producir conocimientos útiles para el conjunto de la población. Necesitamos un nuevo paradigma en Biología, que tenga en cuenta a los seres vivos como un todo, y sustituya al objetivo de la medicina personalizada por otra que sirva para todas las personas dentro de un modelo sanitario público y universal. En tanto esto sucede los investigadores e investigadoras deberían minimizar el daño que produce el actual modelo de investigación en el sistema sanitario público universal, proponiendo medidas para que los usos del conocimiento, generado con fondos públicos, pasen a titularidad pública.

Diego Llanes Ruiz

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