APADRINE A UN RECTOR.


José Carlos Bermejo Barrera: Apadrine a un rector

Entienden los rectores españoles que la autonomía universitaria consiste en pedir el dinero que se estime necesario para gastarlo según su buen criterio y recto proceder, justificando los gastos con unas razones que solo ellos pueden dar, pues por un lado son científicos y por otro han sido elegidos por sus subordinados, lo que les dota de una infabilidad solo comparable a la del Romano Pontífice en materias de fe, que no de dinero. Defienden los rectores lo que consideran oportuno, pero lo hacen de un modo diferente según la ocasión y el lugar en el que se reúnen, aunque eso sí, intentando siempre sacar algún partido. Da la impresión de que si los rectores decidiesen hacer un plenario en el Infierno, creerían también poder sacar algún beneficio, pues se aliarían con Satanás para derrotar a Belcebú e intentar así volver del infierno sin los bolsillos vacíos. Son capaces los rectores, que afirman defender la universidad pública, de dar un plante al ministro Wert, al estilo de los de las viejas tunas universitarias, a la vez que alaban el poder de la banca, cuyos intereses por cierto conoce y defiende mejor el ministro Wert y su gobierno que los propios rectores, que al fin y al cabo no son más que unos funcionarios públicos con su nómina. Sigue leyendo

EL TRIBUNAL DE CUENTAS (TC) PIDE DATOS A LAS UNIVERSIDADES.


Incluyo una noticia sacada del diario Las Provincias  del 5 de Mayo de 2013.

http://www.lasprovincias.es/v/20130505/comunitat/tribunal-cuentas-fiscaliza-gestion-20130505.html

¿Ha sido incluida la UCO en esta petición?  ¿Ha sido informado el Consejo de Gobierno?

Quizás durante las celebraciones del cuarenta aniversario de la UCO fue tema de conversación de las animadas tertulias.

En última instancia el tema puede carecer de importancia. El TC después no usará para nada la información y aquí todos contentos. Aunque Wert podría tener malas intenciones y fastidiar a los gestores universitarios andaluces que, como otros muchos, están (estamos) en contra de sus políticas. Aunque no sabemos realmente que otras políticas proponen estos gestores para salir de la crisis, si exceptuamos la de seguir recibiendo y gastando dinero público sin rendir cuentas.

Saludos
Diego

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ASALTO A LA UNIVERSIDAD PÚBLICA


Publicado en el Día de Córdoba el 14 12 2012

ASALTO A LA UNIVERSIDAD PÚBLICA.

Diego Llanes Ruiz

En pocos meses, las universidades públicas contarán con una cuarta ley para regular sus actividades. Si excluimos la LRU (1983) del PSOE, que significó un cambio necesario para los nuevos tiempos democráticos, el resto de las leyes LOU, (2001) del PP y LOMLOU, (2007) del PSOE, nunca me parecieron realmente necesarias,  y creo que solo tenían un fin; abrir las universidades al llamado capitalismo académico. Para ello, introduce, la LOU, y desarrolla, la LOMLOU, un nuevo objetivo universitario: el conocimiento al servicio del desarrollo económico.

Nuestro capitalismo académico es una mala copia del original. Al tener nuestro país, y no digamos Andalucía, una débil economía productiva, no contábamos con los sectores empresariales  que impusieron este modelo a las mejores universidades anglosajonas. Nosotros hemos tenido que intentar crear a los propios empresarios que se beneficien de esos cambios y para ello animar a cada universitario y universitaria a convertirse en emprendedor. Además fue necesario el inicio de una campaña de potenciación del mercado y lo privado, en abierta contradicción con el modelo funcionarial de nuestras universidades.

La nueva ley querrá, sin más dilación, imponer el capitalismo académico con el paso directo a la gestión privada de la universidad pública. Los procesos electorales que aupaban al poder a los rectores, tienen por tanto los días contados. El poder pasará a manos de un organismo similar al actual Consejo Social, que será el encargado de gestionar a las universidades públicas y nombrar a los rectores.

Los nuevos miembros de los Consejos Sociales serán elegidos por el poder político, lo que vendrá a significar que las universidades públicas estarán controladas por el capital financiero, que en última instancia controla a las cúpulas de los partidos mayoritarios. Esto se llevará a cabo si la sociedad civil: organizaciones sociales, empresarios, pequeños partidos y sindicatos,… no se dota de la suficiente fuerza, como para imponer un modelo de gestión universitaria más acorde con las necesidades del conjunto de la sociedad.

La universidad que salió de la transición realizó eficazmente su función de poner la educación superior a disposición de un gran número de españoles. En los últimos años, el crecimiento económico especulativo, ligado a la burbuja inmobiliaria, también ha tenido sus efectos negativos en la gestión universitaria. La bonanza económica y la supuesta necesidad de hacer de la universidad motor del desarrollo económico alentaron y potenciaron al profesor-gestor, frente al docente y al investigador. El aumento exponencial de los cargos, que en ningún momento fue acompañado de los adecuados mecanismos de control, ha dado lugar al clientelismo y la auto-satisfacción.

Clientelismo debido a que los rectores debían ser elegidos cada cuatro años por el resto de miembros de la comunidad universitaria y auto-satisfacción ya que los fondos de que disponían estos gestores aumentaban cada año, lo que les permitía repartir prebendas, crear las más diversas estructuras y difundir su mayor éxito, el noveno lugar en el ranking mundial por publicaciones.

El clientelismo y la auto-satisfacción trajeron consigo además la desregulación y el descontrol en el funcionamiento de las universidades. Baste un ejemplo: los programas de jubilación anticipada incentivadas. Profesores-gestores de 33 universidades públicas desde 2002 han aprobado y puesto en marcha unos programas que carecen de soporte legal. El Tribunal de Cuentas ha abierto por ello diligencias para investigar el posible delito contable cometido por estos profesores-gestores.

La necesidad de más fondos públicos para las universidades tenía una justificación perfecta: éramos los motores de la economía. La realidad, sin embargo, discurría por otros caminos. Los fondos que nos financiaban no salían del aumento de nuestra economía productiva, provenían de los ingresos que el Estado conseguía con la burbuja inmobiliaria, verdadero motor de nuestro desarrollo. Por tanto, como ahora todos constatamos con un 25% de parados, el 33% en Andalucía, los motores de nuestro desarrollo no se alimentaban con los éxitos, ni con las publicaciones científicas, que se producían en las universidades, aunque nuestros rectores insistieran e insistan aún hoy en hacer creer a todos que somos nosotros, con el aumento de los conocimientos, los que llevábamos el peso del desarrollo económico.

Una vez desaparecido el verdadero motor de nuestro crecimiento, la burbuja inmobiliaria, se hace necesaria una reestructuración del modelo universitario. Lo que está en juego es si esos cambios se acometen para beneficiar al conjunto de la sociedad o a unos pocos. Se avecinan tiempos de incertidumbres y sacrificios, y de toda la sociedad depende que estos cambios puedan ser tutelados por una sociedad civil, que deberá fortalecerse, o por gestores que eliminarán las escasas posibilidades que tenemos de una universidad pública crítica con el modelo económico imperante.

Quien con sus manos se capa, buenos cojones se deja.


Acabo de descubrir que la Universidad de Oviedo se ha puesto las pilas para aplicar el Real Decreto-ley 14/2012. Obviamente, al tratarse de un RDL es de obligado cumplimiento y deroga cualquier Disposición de inferior rango que entre en contradicción con el RDL. Dado que la redución de encargo docente, o “desgravación”, como dicen en el Principado, es un Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, al igual que pasa aquí, en la UCO, o en cualquier otra Universidad Pública Española, los Cargos Académicos, que proliferan como setas en bosque húmedo, no pueden alegar que su “desgravación” docente sea algo más que una prerrogativa que ellos mismos se han otorgado.

Recordemos que el RDL es de rango superior al Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen del profesorado universitario, que, en su articulado, dejaba el albur de las “desgravaciones” por cargos, carguillos y carguetes a lo que se dispusiera en los Estatutos de cada Universidad, por lo que parece obvio que esas “desgravaciones” deben desaparecer a la voz de ¡YA!

Por si acaso, y para no transmitir una imagen peor de la que ya tienen, los del Principado se lo van a pensar durante un año y, a lo mejor, se “recortan” un poquito la “desgravación” para el curso 2013-14; pero, de momento, por lo que pueda ocurrir o puedan discurrir tan ínclitos personajes, lo mejor es dejar las cosas como están para el próximo curso 2012-13 . Que bien lo dice el refrán: “Quien con sus manos se capa, buenos cojones se deja”

El Consejo de Gobierno aprueba un acuerdo sobre dedicación docente

18/6/2012

La instrucción se realiza en aplicación del decreto de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo ha aprobado hoy un acuerdo sobre dedicación docente en aplicación del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo que recoge los siguientes puntos:

— La reducción docente por actividad investigadora será la que proceda de conformidad con lo previsto en el artículo 6. Cuatro del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, y la redacción que con el mismo se da al artículo 68 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

— Mientras no se apruebe por el Consejo de Gobierno nueva normativa adaptada al citado Real Decreto-ley sobre la reducción de la docencia de los cargos académicos, durante el próximo curso 2012-13, éstos seguirán con la misma desgravación que se venía aplicando hasta el presente curso académico.

Con la salvedad de lo establecido en el número anterior, la reducción máxima de horas de dedicación docente para cada profesor por cualquier actividad que tenga reducción reconocida en la normativa vigente será de 90 horas. Ningún profesor podrá tener una dedicación docente inferior a 150 horas.

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