¿Por qué y para qué reforma Wert el sistema de títulos universitarios?


El PP prometió en 2011 una nueva Ley universitaria y para ello hizo que una comisión gastara tiempo y dinero en preparar el correspondiente informe. No debió gustar el resultado al ministro Wert y en lugar de una Ley el ministro optó por transformar las universidades mediante reales decretos (RD).
El articulo de Albert Corominas y Vera Sacristan analiza el último RD, que, como explican, esconde un aumento del precio de las enseñanzas universitarias. Además Albert Corominas y Vera Sacristan nos recuerdan que es el famoso Plan Bolonia el que abre las puertas a  estas subidas y que justo es recordarlo se debió a un gobierno del PSOE.

Diego

 

¿Por qué y para qué reforma Wert el sistema de títulos universitarios?

Albert Corominas · Vera Sacristán

El BOE del 3 de febrero ha publicado el Real Decreto (RD) que modifica la ordenación de las enseñanzas universitarias, sin que para ello hayan sido óbice las críticas u objeciones de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, las asociaciones estudiantiles, todos los sindicatos e incluso el Consejo de Estado.

Antecedentes: el “Plan Bolonia” y el austericidio

Para analizar el alcance de este RD hay que remontarse a 2007, cuando se inicia la implantación en España de lo que se dio en llamar Plan Bolonia  y que realmente no es ningún plan, sino una declaración de 1999, vaga y técnicamente deficiente, que,  con el fin de facilitar la movilidad estudiantil en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) y de profesionales con título universitario en la Unión Europea, propugna sistemas comparables de dos ciclos (con un primer ciclo de no menos de 3 cursos), establece un sistema de, digamos, medida común del esfuerzo discente (el ECTS, European Credit Transfer (and Accumulation) System) y el Suplemento Europeo al Título, un documento con información descriptiva normalizada sobre los estudios cursados, para facilitar su reconocimiento académico y profesional.

Había entonces en España un catálogo de títulos oficiales, con 64 de ciclo corto (3 cursos), 67 de ciclo largo (4 o 5) y 22 de segundo ciclo (2 años, accesibles desde títulos de ciclo corto): 153 en total. Bastaban unos retoques para adaptar el sistema al EEES, pero este sirvió de pretexto para una reforma radical, que obligó a extinguir todos los planes de estudios vigentes.

El retraso y las peculiaridades de la implantación en España del EEES se explican por la inconsistencia y la carencia de proyecto universitario del PSOE y de los sucesivos gobiernos de Zapatero, que tomaron una opción  rígida en cuanto a la duración de los grados (4 cursos) y desreguladora en cuanto a su naturaleza y contenido. Pero lo más significativo de la reforma no era la duración de grados y másteres (4+1 o 4+2), sino  el énfasis en la ocupabilidad (employability),  entendida como especialización cortoplacista, y, en sintonía con este enfoque, el encumbramiento de las competencias versus los contenidos, y el fomento de métodos docentes alineados con el eslogan “aprender a aprender”.

En esta línea resultan coherentes la vaguedad en la definición de las funciones de los grados y la substitución del catálogo de títulos por un registro en el que cada universidad puede inscribir como oficial cualquier título que conciba, previa validación de algunos requisitos –más circunstanciales y burocráticos que de contenidos– por parte de una agencia evaluadora.

Tal como algunos ya advertimos como peligro en 2005, todo ello ha desembocado en la  trivialización y degradación del grado, la mercantilización del postgrado y de algunos grados, y el desparramo del conocimiento. Frente a los 153 títulos que había en el catálogo, en el registro se pueden contar ahora, solo entre los de grado, no menos de 500. Y sin conseguir plenamente el supuesto objetivo principal de encajar el sistema español en el EEES, bastante heterogéneo, por cierto.

Los primeros pasos de la implantación del EES en España (que, como se recordará desencadenaron fuertes protestas) coincidieron con la activación de una campaña de desprestigio de la universidad pública, orientada a reducir la dimensión del sistema y su calidad, con el concomitante y disuasorio discurso de la sobrecalificación y con el estallido de la crisis financiera.

En este contexto, la contribución a la política universitaria del último gobierno del PSOE y del actual de PP, así como de los gobiernos de algunas comunidades autónomas, como el bipartito de Convergència i Unió en Cataluña, ha consistido básicamente en la aplicación de las políticas austericidas, que se ha concretado en el recorte de las subvenciones, la cuasi congelación y la precarización de las plantillas y el aumento de los precios de matrícula (especialmente en Cataluña y la C.A. de Madrid), todo lo cual ha hecho más difícil el acceso a la universidad y ha expulsado del sistema a miles de jóvenes. En particular, con el sistema de precios establecido por el Real Decreto-ley 4/2012, los de los másteres que no habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas duplican con creces los de los grados.

El nuevo Real Decreto

En este marco aparece y debe valorarse el RD, cuyo motivo, según su preámbulo, no es otro que fomentar “la internacionalización de nuestros egresados universitarios”.

Su parte dispositiva se reduce básicamente a abrir la posibilidad de que haya grados de 3 cursos (180 créditos) y a dar algunas indicaciones sobre los planes de estudios de los grados, que deberían tener carácter generalista, con la obligación de incluir materias  básicas determinadas (lo que sería positivo para los nuevos grados, pero no tiene incidencia sobre los vigentes), y con la posibilidad de reducir hasta lo irrisorio los conocimientos propios de cada grado. En un plan de estudios de 3 cursos  el decreto prevé que pueda quedar menos del 60%, el equivalente a 1,775 cursos, para impartirlos, puesto que las prácticas externas pueden alcanzar el 25%, el trabajo fin de grado un 12,5% y se puede obtener más del 3% como reconocimiento de actividades “culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación”).

Tras las luchas anti-Bolonia, muchas voces, entre las cuales las de consejeros autonómicos y algunos rectores, manifestaron reiteradamente que los grados tendrían que pasar mayoritariamente de 4 cursos a 3 y que las universidades deberían tener más autonomía (de hecho, más desregulación), entendida como libertad de diseñar su oferta de enseñanzas.

Pero una de las causas principales de que se haya llegado a la situación actual es precisamente la desregulación, la cual, aunque defendida por los creyentes en la mano invisible, suele tener las consecuencias que prevé el conocido dilema del prisionero: los intentos de maximizar la satisfacción individual desembocan en la catástrofe colectiva. Y el nuevo decreto profundiza en la desregulación. No se trata de que pueda haber grados de 3 cursos y otros de 4 cursos de acuerdo con criterios académicos, sino de que un mismo grado pueda tener 3 cursos en una universidad y 4 en otra. Se supone que hay que fomentar la movilidad a y desde Europa y, en cambio, se puede dificultar la de España para los españoles. Un factor más de dispersión a añadir a los ya existentes.

Si los precios públicos de grado y máster fueran iguales, el paso de 4+1 a 3+2 aumentaría el atractivo de la formación universitaria, porque entre la juventud de familias con rentas bajas un factor decisivo para emprender estudios superiores es el tiempo necesario para obtener un primer título. Pero, como ha reconocido el propio ministro, la proporción de estudiantes que cursan el máster es baja. En parte, aunque el ministro no lo diga, porque el máster es muy caro. El resultado, al pasar la mayoría de estudiantes de 4 años a 3, no puede ser otro que la disminución del estudiantado universitario.

Así pues, las consecuencias previsibles del flamante RD son el aumento de la entropía del sistema, la rebaja del nivel académico de muchos grados y el encarecimiento de la combinación grado + máster, que reforzará la tendencia a la reducción de estudiantes y, por ende, a la de presupuestos y plantillas.

En lo que respecta a los precios, las consideraciones contenidas en la Referencia del Consejo de Ministros del 3 de febrero, en el que se aprobó el RD, no tienen desperdicio: para encontrar trabajo –¿dónde?– basta con el grado –por  lo visto con independencia de lo que dure–  y, al pasar de 4 a 3, las familias llegarían a ahorrar 150 M€ –con los precios actuales, claro, porque con los precios pre-Wert era más barato un grado de 4 que con los precios de Wert uno de 3.

No es este RD lo que necesita el sistema universitario, sino: definición de las funciones de grados y másteres y de los instrumentos que las aseguren; regulación que flexibilice la estructura del sistema y a la vez garantice la homogeneidad en su aplicación;  restablecimiento del catálogo, que ya empiezan a reclamar algunos rectores, con criterios académicos centrados en los contenidos; reprogramación que elimine títulos fútiles y redundancias innecesarias; reducción de los precios hasta los niveles pre-Wert y homogeneización de los de grado y de máster, que no contaminaría, a diferencia de lo que sucede ahora mismo, la discusión académica sobre su organización.

Para que todo ello sea posible se requiere coordinación y cooperación entre universidades públicas y administración para reprogramar con criterios académicos y sociales, y una movilización  incesante para volver a los precios pre-Wert, como paso hacia la gratuidad o casi gratuidad como en la mayoría de países de nuestro entorno. Ya que el principal argumento ministerial es la homologación con Europa, quizás podríamos homologarnos también en precios.

 

Albert Corominas es catedrático emérito de la UPC y Vera Sacristán, profesora de matemática aplicada de la UPC.

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ENCUESTAS Y CALIDAD DOCENTE


ENCUESTAS Y CALIDAD DOCENTE

Herminio R. Padilla

Doctor en Derecho y profesor de la Universidad de Córdoba
Publicado también en ABC de Córdoba, el 24 de enero de 2015

En Andalucía la Universidad de Córdoba (UCO), como publicó este periódico a principios de diciembre del año pasado, fue pionera (curso 1995/96) en pasar encuestas al alumnado para evaluar a sus docentes. Si la preocupación de quienes ahora nos representan es, como parece, que saliera a la luz un dato real sobre la peor valoración, que en modo alguno implica un suspenso para los profesores de Administración y Dirección de Empresas (ADE) por cuanto el promedio que sacan de 3,63 es sobre un techo de 5 (sobre 10 equivaldría a un 7,26), mal encaminados estamos por cuanto las encuestas a los alumnos no dejan de ser eso, unos simples cuestionarios con 21 ítems que hoy por hoy no miden –en contra de lo que algunos dicen o piensan– indicio de calidad alguno y que, además, siguen arrastrando los déficits o carencias detectados cuando se inició el nuevo modelo de enseñanza basado en créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos).

Ya en 2007, el entonces vicerrector de Planificación y Calidad decía en este periódico que el sistema de encuestas que se realizaba entre los alumnos debería ser mejorado y modificado. Hoy, siete años después, las preguntas que se les hacen a los alumnos siguen siendo las mismas, muchas de ellas inútiles y sin que se haya puesto remedio al grave problema de las encuestas, esto es, a la baja o nula participación de los alumnos al rellenarlas (en mi caso la encuesta se ha pasado la última semana de clase, cuando la inmensa mayoría de ellos están ya enclaustrados preparando los exámenes), lo que claramente provoca que sus resultados sean engañosos. Añádase a ello el que, por mucho Plan Bolonia que se aplique, en titulaciones como Derecho y ADE, con grupos de más de cien alumnos, se juega en otra liga frente a titulaciones en las que puede haber por grupo treinta o incluso menos alumnos.

Quien es profesor de Universidad no debería nunca olvidar que su trabajo se lo debe justamente a los alumnos. Recuérdese, como nos dice Julien Théry, que las universidades nacieron cuando maestros y estudiantes –magistri y scolares– decidieron organizarse en asociaciones profesionales («universitas», que designaba la totalidad o el conjunto de los miembros de un grupo) para defender sus intereses ante las autoridades de las ciudades, y que en un principio los ingresos de los profesores procedían de sus alumnos, sobre todo de los que pagaban al hacer los exámenes. Por eso unas encuestas con preguntas bien formuladas son importantes para el profesor, pues le permiten corregir aquello que no gusta a quienes reciben sus enseñanzas.

La calidad y prestigio de una Universidad con sus docentes, sin embargo, no pasa por encuestar a los alumnos sino por cambiar el nefasto sistema de acceso a esta profesión, que en más casos de los deseables hace precisamente que no lleguen los mejores, y también en no pervertir la figura del profesor asociado, buscando y conservando, cuando no mimando y pese a las dificultades económicas que en un momento determinado puedan existir, a aquellos buenos profesionales que realmente con su sapiencia y experiencia laboral pueden aportar bastante a la Universidad. Los alumnos seguro además que lo agradecerán.

LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS TRAS LA REDUCCIÓN DE RETRIBUCIONES


Como aplicación del artículo 11 de la Ley 3/2012 de la Junta de Andalucía,* los complementos autonómicos reciben recortes que llegan al 50% en el PDI funcionario, que los recibe, pues se trata de una reducción del 5% sobre los ingresos totales y no sobre el mencionado complemento.

Quiero añadir que una vez vistos los recortes en las nóminas, el colectivo más perjudicado económicamente en términos proporcionales es el de aquellos profesores,  que por una causa (juventud), u otra (falta de méritos),  consiguieron pocos tramos de los complementos autonómicos, lo que representaba alrededor de 1500 euros en Marzo y Octubre, con el método del 5%  han tenido recortes de más de 1000 euros, esto implica una reducción del  70% o más en los complementos autonómicos, en tanto que los que tenían el máximo de tramos en los complementos, unos 3000 euros en los mismos meses, tiene recortes del 30 al 50%. Como puede verse todo un ejercicio de progresividad. Las chapuzas tienen estas cosas, y de chapuzas parecen saber bastante nuestros gestores.

No me queda claro si la aplicación de este artículo se realiza por la Universidad de Córdoba  en virtud de su autonomía tras decidirlo el Consejo de Gobierno y el Consejo Social, o por el contrario viene impuesto por las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Gerente lo firma en su deseo de  informar.

Las reducciones afectarán a todo el PDI laboral, incluido sustitutos interinos, a todo el  PAS funcionario y laboral, incluso a todo el Personal contratado con proyectos varios, pero no al PDI funcionario que carezca de complementos, que así vienen a convertirse en el personal mimado de la Junta de Andalucía.

Lo acontecido viene a demostrar el fracaso de las políticas de estimulo de la “excelencia universitaria andaluza”, y por tanto habría llegado el momento de trabajar sobre bases distintas en nuestras universidades.

Es hora de que el gobierno andaluz ofrezca propuestas y soluciones para la universidad andaluza realmente existente en la crisis económica. Por ejemplo nuestras autoridades continúan apoyando una Bolonia que se aplica gracias a profesores sustitutos interinos, mal pagados, precarios y de dudosa legalidad, profesorado que solo existe en Andalucía.

El gobierno andaluz debe poner freno a un deterioro de la institución que solo beneficia a los enemigos de lo público, debe ser transparente en sus decisiones, y obligar a los gestores universitarios a serlos también, y sobre todo olvidar esa otra universidad que se inventan cada día en los medios de propaganda.

Muchos percibimos ese proceso de descomposición de la institución pública y además no tenemos medios desde dentro para ponerle remedio, ¿o sí?

Saludos

Diego

Para aumentar mi desconcierto sobre el modelo de universidad que persigue la Junta para Andalucía he leido hoy que:

Según informó la Junta, los representantes de Loyola Andalucía agradecieron a Griñán su respaldo personal e institucional en la creación y la puesta en marcha de esta iniciativa académica:

“Sin el apoyo decidido que ha mostrado el presidente Griñán, desde el inicio del proyecto en el año 2010, esta universidad no hubiera sido posible”, afirmó el rector.

La noticia completa en:

http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/grinan-reclama-de-loyola-una-apuesta-firme-por-andalucia_790519.html

* Artículo 11. Retribuciones del personal de las Universidades de titularidad pública competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
1. Al personal docente e investigador y de administración y servicios de las Universidades públicas andaluzas se le aplicará una reducción del 5 % de sus retribuciones periódicas íntegras anuales, que se realizará sobre las retribuciones cuya regulación no sea de competencia estatal.
2. Dicha reducción se llevará a cabo en la forma que se acuerde dentro del ámbito del ejercicio de la autonomía universitaria, y en el ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

MANUEL TORRES Y DIEGO LLANES, CARGOS UNIVERSITARIOS POLÉMICA.


MANUEL TORRES

Querido Diego creo que es bueno que lo hablemos con datos en la mano  pues pienso que tu comentario en el foro igual que el ABC son muy  injustos. Tu sabes perfectamente que decir a secas que la Universidad tiene 274 cargos, supone dejar caer que el REctor y su consejo de dirección manejan todos esos cargos. Perfectamente conoces que 106 son Directores y Secretarios de Dpto. que yo sepa no los nombra el REctor. 87 son Decanos, Vicedecanos y Secretarios y coordinadores de titulación nombrados en los 11 Centros por sus decanos, que no los nombra el  rector, 25 ponentes de selectividad, que no los nombra el rector y así  podíamos seguir. 1 Defensor que elige el Claustro. Si no me salen mal  las cuentas el Rector o su equipo nombran 46 cargos.

Aún así por si no lo sabes, nuestra intención como se anunció en Consejo de Gobierno pasado es reducir la estructura de Centros y  Departamentos, reducir los cargos que dependen del Rector y en ello estamos, pero lógicamente esto aparecerá en los presupuestos del 2013 pues en los del 12 ya estaban previstos. En fin, reconozco que me enfade cuando leí tu comentario, no suelo ir a ese foro, pero alguien me lo envió y realmente me sentí mal, de que con cierta demagogia (en mi opinión) se usaran así los datos.

Y lo de ABC no tiene nombre ellos  saben perfectamente que el incremento no es real, por un problema de no contabilización no se recogía en presupuesto el pago de 14 mensualidades de complemento tal y como se publicó en el BOE. Tú sabes  que el complemento de los cargos viene fijado por el Gobierno y  publicado en el BOE en cuanto a su cuantía. Lo que si tiene capacidad  estatutaria el Rector es para nombrar otros cargos y asimilar a… (en total te repito 46) Cosa que como te he dicho tenemos previsto reducir  en el presupuesto del próximo año. Porque la administración en general  ha respondido a un modelo expansivo y ahora tiene que responder a un  modelo limitado a la realidad que tenemos. . Si quieres quedamos y lo hablamos donde quieras. Pero por favor documéntate bien antes de dar informaciones que no se corresponden a la verdad o que son solo parcialmente ciertas. Quizá en claustro sería buena ocasión para debatirlo, pero si quieres otro lugar con otra gente por mi no hay  problema, aunque no sea mi competencia, yo asumo la responsabilidad que me corresponde como miembro del equipo de gobierno de esta  universidad.

También agradeceré que si te parece bien utilices este email para publicarlo en el mismo foro.

Un fuerte abrazo.

Manuel Torres Aguilar

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DIEGO LLANES

Hola Manolo, gracias por tu respuesta y explicaciones que no me convencen, al margen de otras consideraciones creo que la causa principal de que tengamos puntos de vista tan diferentes se debe a que procedemos de dos ambientes universitarios distintos, tu llevas muchos  años en el rectorado y has olvidado, cosa natural, como se ven las cosas, cuando no se tiene secretaria, ni teléfono, ni tarjetas corporativas, mi caso, y el del grupo de  profesores que van al despacho cada día a recibir alumnos en tutorías, dar las clases que le tocan sin reducciones y hacer lo que puedan para conseguir fondos si quieren investigar y eso con un sueldo, sin complementos de cargo, recortado por el gobierno de Zapatero,  que por lo que dices aprobó subir las pagas de 12 a 14 a los cargos en el mismo año, extraño ¿no?

Tener 275 cargos en 2012, para repartir entre 736 profesores funcionarios, y con  solo 46, según dices, nombrados directamente por uno de esos cargos, el Rector, es un ESCANDALO, que dice poco de la gestión de la universidad pública, además como sabes perfectamente el número de cargos no ha dejado de crecer en tiempos de crisis económica, pasando desde 230 en 2009 a los 275 de 2012 y ahora dices que lo vais a reducir en 2013.

Quizás no os dé tiempo de arreglar las cosas para 2013 como propones,  y definitivamente el ministerio pase la gestión económica y de personal  a gestores externos y solo quede para el profesorado la gestión académica, con ello se daría un paso de gigante para acabar el amiguismo y nepotismo que impregna la gestión económica y de personal de muchas universidades públicas.

Esa medida, y no la pérdida de “excelencia” de la universidad pública,  explicaría gran parte de las protestas de los cargos universitarios y de la CRUE que ahora ponen el grito en el cielo al ver en peligro sus cargos, cuando mantuvieron un silencio absoluto con Bolonia, verdadero problema para los profesores y las universidades públicas. Confundiendo y mezclando el daño que harán los recortes a  la universidad pública con la necesaria pérdida de privilegios, de algunos, que representaría una gestión externa de las universidades si, como parece, quiere poner en marcha el ministerio, aunque tengo mis dudas de que pueda.

No formo parte del claustro, por tanto para el debate te propongo utilizar un salón del rectorado dando la suficiente publicidad, pueden incluirse alumnos, sindicatos,… Por cierto, no pienso presentarme a rector, con lo que no hay peligro de que utilice el acto electoralmente.

Un cordial saludo

Diego

PS. Pondré esta respuesta y tu email en el blog.

CARGOS UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA


Cargos universitarios.

Diego Llanes Ruiz

El denunciar públicamente que la Universidad de Córdoba  vive en una torre de marfil, cuando la sociedad que la rodea está inmersa en una profunda crisis, y que hay datos que muestran formas irresponsables de gestionar los fondos públicos, es necesario, aunque pueda resultar penoso para el que hace la denuncia.

Baste el dato de la cuantía de los fondos públicos que la universidad dedica para gratificar a sus cargos para entender de qué tipo de irresponsabilidad en la gestión hablamos.

Si en 2011 los gastos en remuneraciones de 272 cargos era de más de 1 millón de euros (1.040.097); en 2012 los ahora 275 cargos, recibirán más de 1,2 millones (1,209.779, un incremento de casi el 20%.

Si analizamos esta distribución encontramos que 19 profesores cobran gratificaciones de vicerrectores y reciben por ello más de 9.000 euros/año y que 34 profesores cobran gratificaciones como decanos o directores, aunque los centros sean solo 11, y reciben  por ello más de 7.000 euros al año. Los 222 profesores restantes se reparten gratificaciones que oscilan entre los 5.000 y los 2.000 euros al año. Para situar estas cantidades en su contexto salarial de 2012 es interesante conocer que hay decenas de profesores sustitutos interinos con seis horas de clase a la semana que tienen “sueldos-gratificaciones”  de 8.333 euros brutos al año.

Los 275 cargos salen básicamente de un colectivo formado por unos 750 profesores funcionarios, lo que indicaría que más del 35% de estos reciben gratificaciones. La primera consecuencia de esta situación es que cualquier proceso electoral o votación en la UCO está controlado por los que deciden quién merece la gratificación o quién debe tener el apoyo para conseguir un cargo que necesite votación.

Los gestores, léase equipo de gobierno, de nuestra universidad, tienen por costumbre ignorar las denuncias y hacer creer a la sociedad que vivimos en el mejor de los mundos, con la falsa idea de que los trapos sucios de una institución pública, deben lavarse puertas a dentro. Por ello se ignora el nepotismo que impregna a la institución, se ignora que Bolonia y los planes de jubilación han creado una nueva “clase pobre” de profesorado, los sustitutos interinos a tiempo parcial, con sueldos entre 300 y 600 euros mensuales.

Esta forma de gestión se mantiene y perpetúa al saberse apoyados por una buena parte del profesorado y lo más importante, por gestionar una institución pública clave para la mejora de la sociedad, y a la que no ha dejado de llegar los fondos públicos. La propaganda se encargará de resaltar el constante esfuerzo que se hace, para conectarnos a la sociedad, para aumentar nuestra excelencia y para engrandecer los resultados obtenidos por la economía del conocimiento, de la que es considerada portadora natural. En tanto, la sociedad cordobesa, receptora pasiva de esa propaganda, se sumerge día tras día en una profunda crisis económica. La desconexión entre la economía del conocimiento universitaria y la economía real, en la que vive la sociedad, es un problema que los gestores universitarios y políticos prefieren ignorar, y que no puede resolverse a base de propaganda por muy excelente que esta sea.

La mayoría de los gestores actuales son los mismos que comparaban las ventajas que traía Bolonia a la universidad, con las generadas por el euro a nuestra economía. Ahora, tres años después, tendrían dificultades para seguir usando este símil ¿pero quién se acuerda ya de eso? Bolonia y el euro han venido para quedarse y no importa si con ello estamos hundiendo a la universidad y a la economía. Siguen muchos de los que apostaban por fastuosos y desproporcionados proyectos ligados al “ladrillo” como Rabanales 21 y que ahora se ven obligados a gestionar una universidad en medio de una crisis económica. El problema es que ellos no saben gestionar la escasez, que les llevaría a tomar decisiones que irían en detrimento de su poder y por tanto están a la espera de las decisiones que tomen otros.

No puedo más que ser pesimista del futuro que espera a universidades gestionadas de esta forma. Para ser justo, hay que decir que no todas las universidades están gestionadas de igual forma. La Universidad Autónoma de Barcelona ha recortado a la mitad las gratificaciones de sus cargos y la Universidad Pablo Olavide ha sido noticia debido a que el claustro ha rechazado el informe de gestión anual del equipo rectoral. Estas noticias son imposibles en la Universidad de Córdoba, donde los órganos de gobierno han sido elegidos cuidadosamente y, jamás tendrán la tentación de manifestarse contra aquellos que les garantizan las gratificaciones. Andalucía necesita de una universidad con gestores que respondan de su gestión de los fondos recibidos y no de una universidad gestionada por grupos de universitarios sin ninguna responsabilidad social, modelo que se repite con más frecuencia de lo deseado a lo largo y ancho de nuestra geografía.

Bolonia, un fracaso anunciado.


José María Asencio Mellado es catedrático de Derecho Procesal de la Univesidad de Alicante

La Universidad exige, sin dilación, la adopción de medidas inmediatas, urgentes, aunque no sean fáciles de aplicar. La derogación del llamado Plan Bolonia es inaplazable porque en España, por esa indolencia que caracterizó al Gobierno de Zapatero y los entusiastas adolescentes que le rodeaban en casi todos los ámbitos, dicho plan quiso ser mucho más que lo que la normativa europea exigía, con la vocación, se dijo, de erigir a la universidad española en una suerte de referente internacional de calidad y excelencia, pero eso sí, sin medios personales o materiales, ni siquiera presupuestados; todo se fiaba a muchos controles y organismos superfluos y opacos cuya función no pasa hoy de ser la de una mera supervisión de papeles repletos de palabrería, pero vacíos de contenido real. Burocracia y burocracia, informes y parafernalia de un lenguaje que se quiere hacer aparecer como excelencia.

Muchos lo advertimos. Ese plan requería profesorado y medios, porque los grupos de alumnos no podían exceder de veinticinco para adecuarse al modelo propuesto. Nadie escuchó y hoy, ante clases de varias decenas de estudiantes, la llamada evaluación continua es sinónimo de ausencia de exigencias. Pronto, por la crisis, esos grupos se harán más numerosos previo despido de profesores asociados, exactamente lo contrario de lo que necesita una Bolonia que, no obstante, ahí sigue sin que los responsables del desaguisado se aperciban de su error. Por eso, y aunque asumiendo críticas, algunos departamentos no seguiremos ese modelo hasta tanto sus ideólogos no proporcionen los medios adecuados, ya que la mera asistencia a clase no puede otorgar un título universitario y el control personalizado, cuando es imposible, se transforma es una entelequia que equivale a la eliminación de toda exigencia de adquisición de conocimientos.

Nadie escuchó en su momento que los másteres serían caros, por lo que, sin financiación pública o con una financiación insuficiente y siendo algunos obligatorios para ejercer una profesión, deberían ser abonados mediante tasas elevadas que recaerían en unas clases medias que no pueden ya hacer frente a tantos copagos existentes y los que se avecinan. Y esta es ya la realidad. Los precios se van a ajustar hasta cantidades más propias de universidades privadas o, simplemente, a ellas tendrán que acudir los que no encuentren plaza en las públicas, que por falta de medios se verán obligadas a establecer rígidos numerus clausus.

Los estudios, antes de cinco años, ahora llegarán a cinco y medio más el retraso en aprobar los correspondientes exámenes para ejercer determinadas profesiones. Seis en el mejor de los casos. Y el tiempo dedicado a formar en las materias centrales se ha reducido tanto, que cabe afirmar sin temor a error alguno, que la carencia de conocimiento de las bases fundamentales de las diversas materias, repercutirá seriamente en una formación claramente insuficiente.

Las universidades catalanas ya han comenzado a despedir profesores, más de quinientos, en la de Valencia el número llegará a trescientos y en el resto de España la amenaza es tan real, como inevitable. No hay tasa de reposición, de modo que los puestos docentes de profesores jubilados, no se cubren con personas jóvenes. La universidad envejece a pasos agigantados. El incremento de la dedicación docente en la llamada Bolonia supone la absoluta imposibilidad de llevarla a cabo, porque es evidente que se puede mantener un control diario sobre un número de alumnos no elevado, pero hacerlo sobre doscientos es un absurdo que nadie parece tener en cuenta. Como un rebaño, nuestros anteriores dirigentes políticos creyeron frases ampulosas y las vaguedades y discursos retóricos que los ideólogos de la excelencia les trasladaban, copiaban su discurso, lo repetían, hasta el punto de creérselo, sin darse cuenta de que no se puede tener una universidad americana solo con voluntad y arrogancia.

La agenda 2015 es una suma de conceptos tan etéreos, como puramente retóricos. Sin dinero, sin profesorado suficiente, sin futuro habida cuenta la imposibilidad de regenerar las plantillas, sin formación adecuada del profesorado joven al que se le impone, si quiere prosperar, que pague cursos varios que imparten los mismos que han creado el sistema; iniciar la carrera universitaria exige tener fortuna, pues los menos pudientes no pueden soportar los gastos de su formación. Esa agenda contempla la gestión universitaria por la clase política y la paulatina privatización de la universidad. De ahí que, con los planes elaborados, el incremento de las tasas será inevitable, sin que, paralelamente se aumenten las becas. La entrega de la universidad a la rentabilidad, a la empresa, significará un cambio en la concepción de una institución que no constituye, como predican los ideólogos de la reforma, un apéndice instrumental de la eficacia económica, porque el conocimiento es mucho más y ha de tener a la persona como referente de su actuación, al ser humano más allá de sus necesidades económicas.

Cuando la crisis ya era una realidad, la prudencia no fue la que presidió las decisiones políticas y de las autoridades académicas, que se empecinaron en mantener una reforma que nacía, de este modo, herida de muerte. Ahora es difícil dar marcha atrás, pero tan inevitable, como ineludible. La responsabilidad obliga a poner fin a lo que no pasa de ser una farsa. Todos lo sabemos, pero nadie parece darse por enterado.

INTERVENCIÓN DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN EN EL PARLAMENTO EL DIA 31 DE ENERO.


Intervención muy interesante, en la primera parte, por los datos que aporta.

Es llamativo leer que los problemas que ha traido Bolonia a las universidades, a lo que llama “adaptación compleja”, son debidos a la falta de eficiencia de nuestra universidad y a que se trata de implantar un modelo extraño a nosotros, modelo anglosajón.

En la segunda parte podemos ver como vuelven los comités de sabios, ahora Consejo de Expertos de Alto Nivel, que nos volverán a hablar de más excelencia, más competitividad, más privatización y más gobernanza. C

Ninguna referencia a los recortes económicos que sufren las universidades lo que genera problemas que dificilmente serán entendidos por los Consejos de sabios. 

Como tímida novedad aparece “fomentar” la especialización de las universidades.

Esperemos que más pronto que tarde nuestro país pueda poner en marcha un nuevo modelo de Universidad pública que sirva para el conjunto de la sociedad.

Diego

Intervención.

Señorías, aún a riesgo de extenderme más de lo aconsejable, creo importante tratar con cierto detenimiento la política universitaria. En este punto nos encontramos una situación muy similar a la que antes señalaba en relación a la educación no universitaria.

Esto es, ha habido importantes avances cuantitativos. Hemos pasado de los escasos 200.000 universitarios que había al inicio de nuestra democracia a contar con 1.650.000 alumnos en las facultades de nuestro país. La tasa neta de escolarización universitaria entre 18 y 24 años sigue aumentando: casi 3 puntos en 2 cursos hasta alcanzar el 26,4% del curso 2010-2011. Estamos ya por encima del objetivo de población universitaria que marca la Estrategia Europa 2020 de la Unión Europea.

El crecimiento del número de universidades y campus también ha sido exponencial, y no siempre bien justificado. Contamos este curso con 79 universidades (50 públicas y 29 privadas) y 236 campus universitarios ubicados en municipios diferentes.

En cuanto a las enseñanzas ofertadas, en el año 2011 se encuentran verificados 2.413 grados universitarios, 2.758 másteres oficiales y 1.680 doctorados.

El gasto público en Instituciones de Educación Superior respecto al PIB en España se sitúa en los niveles de la OCDE (1,2%) y el gasto por estudiante respecto al PIB per cápita en el 40%, frente al 41% de la OCDE. El gasto público en becas y ayudas al estudio se ha incrementado significativamente en los últimos años; en el curso 2010-2011 se han destinado 1.118,7 millones de euros a becas y ayudas para realizar estudios superiores.

La ratio alumnos/profesor de las universidades españolas (11.6) está por debajo de la media de la UE-19 (15.8) y de la OCDE (16.2).

No obstante, de nuevo el panorama desde el punto de vista de los resultados es bien distinto:

  • No hay ninguna universidad española entre las 150 mejores del mundo.
  • Tenemos un 30% de abandono universitario frente al 16% de la media europea. Lo que supone una pérdida de 2.960 M€ invertidos en capital humano sin retorno.
  • El 42% de las carreras universitarias tuvieron menos de 50 alumnos nuevos en el curso 2008-2009.
  • Sólo 33 de cada 100 estudiantes universitarios españoles obtienen su título sin repetir curso. La media de la OCDE y de la UE es de 38%.
  • La internacionalización de nuestras universidades es insuficiente – sólo un 4.6% de estudiantes extranjeros y una proporción aun más exigua de profesores extranjeros.
  • Sólo el 7% de los universitarios españoles cambia de distrito universitario, frente al 68% de EEUU y el 52% de UK.
  • El 93,3% de aquellos que obtuvieron una plaza en un departamento universitario entre 1997 y 2001 ya trabajaban en ese mismo centro antes de que se les fuera concedida.

Como consecuencia, el sistema no resulta muy eficiente ni en la capacitación de los titulados superiores ni en favorecer su empleabilidad. Dos muestras apenas de ello:

  • Los universitarios de 25 a 29 años sin trabajo representan ya el 20.8% de los parados en ese rango de edad.
  • Sólo el 15% de los doctores españoles trabaja en empresas privadas. En Europa, el 40%.

A la luz de estos datos resulta evidente que el sistema universitario español también necesita de un gran impulso reformista en pos de la mejora de sus resultados. Ahora más que nunca, dada la grave crisis económica que padecemos, debemos trabajar para que la Universidad retorne a la sociedad la gran cantidad de recursos que se ha destinado a la misma.

Hay que reconocer que la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior ha sido especialmente compleja por distintas razones. La primera, porque el modelo de universidad en el que se inspira Bolonia, que es el anglosajón, tiene poco que ver con nuestra tradición académica. En segundo lugar, porque el sistema universitario español arrastra desde hace años una notable falta de eficiencia que ha hecho más penoso aún el proceso.

Por todo ello, dicha reforma debe orbitar sobre tres puntos esenciales: búsqueda de la excelencia, competitividad e iternacionalización.

Me propongo constituir a la mayor brevedad un Consejo de Expertos de Alto Nivel para abordar estos temas. Estará formado por expertos universitarios de muy diversos campos, y deberá facilitar –en un marco temporal breve, de cinco o seis meses- un diagnóstico y recomendaciones de reforma del sistema bajo la triple orientación arriba señalada.

En este proceso de reflexión vamos a trabajar, como no podía ser de otro modo, con dos órganos esenciales del Sistema Universitario Español: el Consejo de Universidades y la Conferencia General de Política Universitaria. Por supuesto también lo haremos con el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado.

Nuestra intención es que ese Consejo de Expertos esté operativo en marzo, que realice un diagnóstico de la situación y proponga líneas de actuación, siguiendo como ejemplo los sistemas de gobernanza y las reglas de juego de las Universidades de prestigio internacional, que pasan por:

  • Implementar sistemas de evaluaciones externas que valoren la actividad docente e investigadora. E incentivar con complementos y dotaciones las evaluaciones positivas.
  • Promover la investigación de calidad en nuestras Universidades, para que sean generadoras de conocimiento al más alto nivel, se prestigien internacionalmente y atraigan a los mejores estudiantes de todo el mundo.
  • Fomentar la especialización de las Universidades en diferentes áreas de conocimiento donde puedan ofrecer un producto único, optimizar la oferta de títulos, y promover sinergias entre las universidades (desarrollo de laboratorios y otras instalaciones comunes, oferta conjunta de títulos, etc).
  • Fomentar la inversión privada, que en España representa sólo el 0.7% de la financiación de las universidades y en la UE es el 1.2%. En este punto será de gran utilidad la Ley de Mecenazgo que prepara el Ministerio y que desarrollaré en mi comparecencia del jueves.
  • Búsqueda de fórmulas para superar el déficit de transferencia de conocimiento y tecnología al sector productivo, para que la Universidad sea una herramienta de fortalecimiento de nuestro tejido empresarial.
  • Potenciar la internacionalización y la participación creciente de las universidades en la sociedad del conocimiento globalizado.
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