A VUELTAS CON LA FINANCIACIÓN DE EMPRESAS POR PARTE DE LA UCO


Respuesta al artículo del Prof. Enrique Aguilar Benítez de Lugo.

Hubiera sido lo más lógico que fueran los actuales gestores de la UCO los que respondieran a mi artículo, sin embargo ha sido el Prof. Aguilar, con más de un año apartado de la gestión universitaria, quien ha hecho algunos interesantes comentarios.

Por su referencia a los economistas y el pasado, el Prof. Aguilar parece ignorar que en su momento, junto con otros universitarios, me opuse al proyecto Rabanales 21. Que el tiempo esté dando la razón a los que en su día considerábamos un error el proyecto, por enajenar unos terrenos de la UCO destinados a “equipamientos educativos”, no me hace nada feliz pues quien pierde es una Universidad Pública.

También afirma en su artículo que “es totalmente inexacto” que los 9,2 millones de euros que la UCO decía haber conseguido para el Instituto Maimónides de Investigación en Biomedicina (IMIBIC) vayan en realidad a financiar empresas. Asegura que esos millones los aporta el Ministerio de Economía y son para laboratorios adscritos al IMIBIC.

En mi escrito manejaba los datos que ofreció a la prensa, el 20 de noviembre de 2012, el actual vicerrector de Política Científica, Prof. Castaño. En aquella comparecencia, anunció la captación de 9,2 millones por parte de la UCO, en su mayoría de Fondos FEDER, para el desarrollo de tres proyectos de investigación en el IMIBIC, mediante la modalidad de “compra pública precomercial”.

Para entender por qué digo que esos millones son para empresas, debo primero explicar lo que es “compra pública precomercial”. En 2011, la ministra Garmendia aprueba la regulación de un modelo de financiación pública de empresas con el objetivo de potenciar su innovación y hacerlas más competitivas internacionalmente,  persiguiendo además que las administraciones públicas pudieran prestar mejores servicios. Para ello, el gobierno español regula el 8 de julio de 2011 la Compra Pública Innovadora (CPI), definiendo en ella dos tipos: la Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI) y la Compra Pública Precomercial (CPP). En la primera (CPTI), las administraciones financian proyectos para que las empresas ofrezcan, en un plazo razonable, el desarrollo de una tecnología nueva y un plan sobre su explotación. En la segunda (CPP) las administraciones financian proyectos para que las empresas aumenten el conocimiento y hagan exploración y diseño de soluciones de problemas elegidos por la administración, pero sin incluir actividades de desarrollo comercial.

En mi opinión, en la primera opción los resultados son fácilmente controlables por la administración pública que pone los fondos, mientras que en la segunda, este control es más complicado, pues, aunque se prevea una comisión de seguimiento, será difícil valorar el aumento del conocimiento.

Pues bien, la Universidad de Córdoba, según informaba el Prof.  Castaño, había conseguido 9,2 millones para financiar tres proyectos en la modalidad CPP. Cuando se consulta la página web de los contratos CPP (en definitiva son contratos públicos, con lo que ello implica de publicidad, concurrencia, transparencia,…), encontramos que el 26 de octubre de 2012 la UCO ofertó efectivamente una compra CPP por valor de unos 4,69 millones de euros, y no por 9,2 millones, para tres proyectos que tienen por título: Proyecto “Sistema de conservación celular”, por 684.035 euros, proyecto “Sistema de detección de compuestos volátiles para diagnóstico precoz de cáncer”, por 2,21 millones y proyecto “Robot quirúrgico”, por 1,79 millones, proyectos que coinciden con los indicados por el Prof. Castaño a la prensa.

Estos tres proyectos están en la fase final de adjudicación, y todo parece indicar que los de “Conservación” y “Robots”, se adjudicarán a una empresa del País Vasco con una financiación total de más de 2,4 millones, mientras que el proyecto “Diagnóstico” lo será a una empresa ubicada en nuestra ciudad por más de 2,2 millones.

Como se recoge en el pliego de prescripciones de la CPP, es la UCO la administración que oferta el contrato, y no el IMIBIC. Por tanto es la UCO la que debe ser la responsable de haber solicitado y obtenido esos fondos que proceden de los presupuestos generales del Estado, y es también la UCO la que debe haber decidido los problemas en que deben trabajar las empresas.

En mi artículo, por tanto, no hay datos “totalmente inexactos”. No cabe duda de que la mitad de los 9,2 millones anunciados como CPP van a dos empresas. No me corresponde a mí, ni creo que al Prof. Aguilar, sino al Prof. Castaño, explicar el destino de la otra mitad, puesto que, por lo que parece, no han sido destinados a la “compra pública precomercial”. Quizás ha sido dedicada a investigaciones de laboratorios adscritos al IMIBIC, como dice el Prof. Aguilar, aunque para ello, por lo que he explicado, se haya tenido que forzar la legalidad de lo que son los “contratos públicos precomerciales”.

En estos tiempos de crisis y recortes, la UCO debería hacer un ejercicio de transparencia y explicar dónde y cómo decide asignar los fondos públicos que consigue; es más, debería explicar cómo los consigue. En estos malos tiempos que corren, los ejercicios de transparencia ayudan a que la mayoría que soporta recortes lo haga con un espíritu diferente.

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¿FONDOS PÚBLICOS PARA EMPRESAS EN LA UCO?


Artículo publicado hoy Viernes 22 en “el Día de Córdoba” por Enrique Aguilar Benitez de Lugo, en respuesta al mio de “Fondos públicos para empresas en la Universidad de Córdoba”.

¿Fondos públicos para empresas en la UCO?

 ENRIQUE AGUILAR BENÍTEZ DE LUGO.

 CUANDO me jubilé anticipadamente al comenzar el curso 2012-2013, en la comida que algunos amigos y compañeros tuvieron a bien ofrecerme, indicaba que “me jubilaba, pero que no me iba” y que procuraría estar al tanto de los avances en mi disciplina y en el día a día de la vida de mi Universidad.

Durante estos meses he recordado algunas veces las laboriosísimas gestiones y la gran cantidad de trabajo necesarios para poner en marcha el Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación (cei-A3) y el Instituto de Investigaciones Biomédicas (Imibic).

En El Día del viernes 15 de febrero, aparece el artículo Fondos públicos para empresas en la UCO  del que es autor el profesor Llanes en el que se hace referencia al Proyecto de Rabanales 21 y al Imibic.

En relación al Proyecto Rabanales 21, el profesor Llanes lo considera excesivo o megalómano y critica que se vayan a dedicar fondos públicos a un proyecto que interesaba, fundamentalmente, a las empresas privadas. Casi 15 años después de tomar aquella decisión estratégica, el profesor LLanes hace una reflexión que es difícil no compartir, al menos parcialmente. Sin embargo, pasa como con los economistas, que siempre interpretan muy bien el pasado, pero no aciertan en sus pronósticos de futuro. Decía Gil de Biedma que “escribir un poema sobre la lluvia sólo se puede hacer en un día lluvioso”. Igual sucede con Rabanales 21.

Cuando la UCO lideró la creación del Parque Científico Tecnológico era un momento de extraordinaria bonanza económica (basada, básicamente, en la cultura del ladrillo) y de auge en la concepción y creación de Parques Tecnológicos como alternativa a “la economía del ladrillo”. En esos momentos, prácticamente todas las universidades tenían o aspiraban a tener uno y había abundantes fondos públicos (en las convocatorias conocidas como “parquetazos” para potenciarlos; de hecho, la urbanización y los fondos para los semilleros de empresas son de origen público, no universitario).

Coincidió aquella época con mi etapa de vicerrector de Investigación y me tocó recibir a bastantes empresarios que intentaban instalarse en el parque. Las peticiones eran examinadas por la Comisión de Investigación y muchas de ellas rechazadas por no demostrar suficientemente en qué medida potenciaban la I+D. Aún recuerdo el informe, extensísimo, que tuve que preparar en torno a la petición (finalmente denegada) de Baldomero Moreno S.A. La crisis ha hecho desistir, momentáneamente, a algunas de esas empresas. Al haber cesado como vicerrector , ignoro las causas y la conveniencia por las que la Universidad ha decidido, recientemente, aportar un millón de euros al funcionamiento del parque. Tal vez se trate de un nuevo esfuerzo de activar, que no enterrar, el proyecto. Indica el profesor Llanes que los terrenos aportados por la UCO como cuota de participación en Rabanales 21 se han devaluado. Esta devaluación, probable, pero no contrastada por ninguna tasación, seguramente es similar a la que se ha producido en el valor de todos los terrenos y que ha conducido a la quiebra de numerosas empresas y entidades. ¿Valdrían mas si perteneciesen a la Universidad? ¿Deberían haberse vendido?

De mayor gravedad, según el profesor Llanes, es la obtención de 9,2 millones de euros por el Imibic para desarrollar Proyectos de Investigación. Crítica que “esos fondos van directamente a financiar empresas y no a la institución pública que pone los fondos, en este caso la UCO”. Esto es totalmente inexacto porque: 1) los fondos no los aporta la UCO, los aporta el Ministerio de Economía y 2) los fondos no van a las empresas, van a financiar proyectos desarrollados por investigadores del Imibic en laboratorios adscritos al Instituto. Estos fondos han permitido, entre otras acciones, mantener y contratar investigadores. En la actualidad se están presentando nuevos proyectos para su financiación, algunos de carácter fundamentalmente básico. Más adelante, el subconsciente traiciona al articulista, cuando dice “¿no hubiera sido más adecuado dedicar los 9,2 millones para financiar al sector Agroalimentario, la seña de identidad de nuestra Universidad y no al sector de Biomedicina ?”. Y yo digo, ¿debe deducirse un criterio corporativo que transforma los 9,2 millones de malos en buenos según el área de conocimiento que los recibe?

La investigación en España atraviesa un momento delicadísimo por los recortes y por la “cuasi” nula aportación del sector empresarial a la misma. Es preciso conseguir mayor inversión en I+D por parte de las empresas y una mayor relación con las universidades, lo que incluye cambiar la visión “cortoplacista” de muchos empresarios. Solo así saldremos adelante.

LOS RECORTES EN LA UCO NO AFECTAN A LA FINANCIACIÓN DE EMPRESAS PRIVADAS.


FONDOS PÚBLICOS PARA EMPRESAS PRIVADAS EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.

Diego Llanes Ruiz

No procede repetir aquí las razonables quejas que los rectores de las universidades públicas españolas han realizado sobre la disminución en inversiones en I+D del gobierno central y de las comunidades autónomas. El rector de la UCO ha ocupado un lugar destacado en la prensa en estas críticas, en mi opinión, muchas veces acertadas. Sin embargo, hay unas inversiones en I+D que no sufren recortes: las inversiones públicas para potenciar el I+D de empresas.

No es usual que la universidad pública dedique fondos a financiar proyectos de empresas privadas, especialmente ahora que la institución sufre importantes recortes. El que la UCO tenga previsto dedicar más de 10 millones de euros de fondos públicos a potenciar empresas privadas, creo que es noticia y una prueba de que hay inversiones públicas que escapan a los recortes cuando afectan a determinados proyectos privados.

Repasemos brevemente los datos. Hemos conocido recientemente que la UCO ha dispuesto de casi un millón de euros de su presupuesto para invertir en Rabanales 21 SA. Esta inversión, que tendrá la forma de “préstamo participativo”, es para evitar los problemas de impago que arrastra esa empresa por acometer una urbanización megalómana. Este tipo de préstamo se convertirá en una inversión en el capital social de la empresa, dado que muy probablemente la empresa no podrá devolverlo. Debemos recordar que Rabanales 21 SA es un proyecto privado, al que la UCO se unió con la aportación de unos terrenos de su propiedad y, por tanto, públicos. La entrada en esta sociedad se presentó en su momento como un buen negocio para la UCO. La participación en el proyecto de diversos socios solventes, especialmente Cajas de Ahorro y alguna constructora, unido a un buen proyecto en I+D, apoyado por la Junta de Andalucía, debería concluir con la revalorización de los terrenos. Conclusión: un gran negocio y además en I+D+i que era lo moderno. Sin embargo, doce años después, el proyecto en I+D+i aún no ha echado a andar, los terrenos se han devaluado y la UCO se ve en la necesidad de enterrar casi un millón de euros públicos en un proyecto que ya es privado. En su momento muchos universitarios nos opusimos a un proyecto de I+D, que por desmesurado nacía muerto, y que se ha mantenido en pie en tanto ha durado la burbuja inmobiliaria. Los 2 o 3 edificios que hoy funcionan serían suficientes para cubrir la capacidad en transferencia de la UCO por muchos años. Sorprende todavía más que tenga que ser la UCO la que, con fondos públicos, acuda en salvación de una sociedad privada y que los bancos presentes en el accionariado (Caixabank, accionista mayoritario, y Kutxabank) no hagan nada y miren hacia otro lado. Más pronto que tarde sería interesante abrir un debate en nuestra universidad y en la ciudad sobre el futuro de unos terrenos que nunca debían haber dejado de ser públicos.

Aun siendo importante la inversión de un millón de euros en Rabanales 21 SA, ésta aparece como ridícula cuando se compara con los 9,2 millones de euros, que la UCO ha anunciado haber conseguido para que el Instituto Maimónides de Investigación en Biomedicina (IMIBIC) lleve a cabo tres novedosos proyectos de investigación. Lo que no se ha dicho es que estos fondos, al venir en la forma de Compra Pública Innovadora, modelo de financiación pública para aumentar la competitividad de empresas, van directamente a financiar empresas y no a la institución pública que pone los fondos, en este caso la UCO.

En resumen, en un año en que los recortes acosan a las universidades públicas, la UCO consigue 10,2 millones de fondos públicos y los dedica a financiar proyectos de empresas privadas. Al margen de lo sorprendente de la noticia me surge la siguiente pregunta: ¿no hubiera sido más adecuado dedicar los 9,2 millones para financiar al sector agroalimentario, la seña de identidad de nuestra universidad y no al sector de la biomedicina donde las Universidades de Granada y Sevilla ya nos llevan una importante delantera?

Lo descrito tiene su explicación última en el hecho de que junto a las actividades docentes e investigadoras, la universidad ha sido obligada a jugar el papel de motor económico de un modelo de crecimiento que hace agua por todos lados. Los gestores universitarios, como funcionarios diligentes, cumplen lo que desde las más altas instancias políticas se les indica, que no es otra cosa que favorecer los intereses del sector financiero. En cualquier caso, sería interesante conocer las explicaciones que nuestros gestores dan a estos hechos,  confirmándolos, desmintiéndolos o matizándolos. Además de transparencia, se añadiría claridad a los planes de futuro que tienen  para nuestra universidad, si es que los tienen.

RECORTES EN LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS


ALTERNATIVAS A LOS RECORTES EN LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA.

Diego Llanes Ruiz

La situación económica en que se encuentra España y Europa empieza a tener consecuencia directa sobre el funcionamiento de las universidades públicas. Se han anunciado importantes recortes, de alrededor de 130 millones, en las universidades públicas andaluzas, que en la UCO llegarían a los 10 millones de euros.

La necesidad de aplicar estos recortes en las universidades públicas, no debemos olvidarlo, es una consecuencia de la crisis del capitalismo financiero y de casino que ha imperado en los últimos años. Sin embargo, las medidas de recorte pretenden justificarse por la necesidad de eliminar la deuda (fundamentalmente privada y de bancos) que se ha generado estos años, y una y otra vez, nos dicen que la causa ha sido porque “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, argumento que ha sido interiorizado por una buena parte de la población y por muchos de nuestros compañero/as.

Debo decir que “no todos” hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y por tanto algunos (una gran mayoría de la población) deberíamos tener la fuerza moral necesaria para enfrentarnos a aquellas medidas encaminadas a hacer pagar a todos las deudas generadas por el crédito fácil y la especulación financiero-inmobiliaria.

Los bancos españoles, con muy pocas excepciones, han vivido por encima de sus posibilidades, pero de ahí a decir que, un funcionario (o un trabajador/a), que ha pagado religiosamente los impuestos y no ha adquirido deudas que no pudiera pagar con su sueldo, ha vivido por encima de sus posibilidades además de radicalmente falso, es un insulto.

Al igual que cada uno de nosotros puede y debe analizar si ha vivido por encima de sus posibilidades y tener una postura frente a la deuda coherente con su situación particular. Las instituciones, y entre ellas la Universidad de Córdoba, debe analizar su situación y los gastos acometidos durante estos últimos años de especulación y actuar en consecuencia respecto a los recortes.

No tengo datos suficientes para afirmar o negar que nuestra universidad sea una de las instituciones que ha vivido por encima de sus posibilidades, si es así los recortes que se nos piden tendrían algo de justos y necesarios, o por el contrario si los gastos se han ajustado a nuestras responsabilidades, los recortes son injustos e innecesarios. Más injustos serán todavía, si como parece, el gobierno de la nación y el autonómico pretenden aplicar los recortes al conjunto de la institución y especialmente a los más débiles, en forma de aumento de tasas académicas, disminución de sueldos o rescisión de contratos.

Sería necesario, por tanto, conocer si en nuestra universidad hay estructuras que han crecido por encima de las necesidades que marcaban nuestros objetivos básicos, y en caso de ser así su eliminación debería ser un primer paso en los recortes.

La Universidad de Córdoba ha decidido acometer reducciones en el gasto, y recientemente se han hecho publicas una serie de directrices generales (Consejo de Gobierno del 15-5-2012), pero estas propuestas se ven enturbiadas por decisiones concretas como la del anuncio de la contratación de un gerente para el ceiA3, lo que significa la generación de un nuevo cargo con un gasto adicional mínimo de 56.000 euros/año. Debemos tener en cuenta que el Campus ha estado funcionando durante casi tres  años sin ese cargo, y que además se hace la contratación en el momento que el programa de Campus de Excelencia ha sido calificado por el MEC de “herramienta inútil”.

La Universidad de Córdoba, para acometer los recortes que afectan al conjunto de su personal, debe en primer lugar y sobre cualquier otra consideración, hacer un esfuerzo en presentar una gestión transparente y evitar que pueda darse la percepción, como me ha sucedido con el nombramiento del gerente del ceiA3 y otras plazas, de que se favorece a grupos de privilegiados que en nada tienen que ver con los objetivos básicos de la institución.

Para empezar debemos cumplir con los objetivos docentes e investigadores desde una total transparencia económica, mostrando a la sociedad, que la financia, que su universidad cumple con los objetivos que se les pide y los desarrolla acorde con los medios que la sociedad pone a su disposición.

Por todo ello propongo una serie de medidas que se podrían estudiar en la UCO y que su adopción, conjunta o por separado además de reducir el gasto, permitiría empezar a diseñar una universidad pública diferente a la actual.

1.- Realizar una auditoría que permita conocer la situación económica de las diferentes estructuras de la UCO, con objeto de descubrir y proceder a la eliminación de aquellas partidas de gasto no acorde con los objetivos académicos básicos.

2.- Detener los planes de austeridad que afecten por igual a todo el personal, ya que no tiene en cuenta la responsabilidad que este personal tiene en la situación económica y el posible déficit de nuestra universidad.

3.- Elaborar un catálogo de los servicios básicos necesarios que permita recuperar la gestión pública de las empresas y servicios ahora privatizados. Responsabilizar de la gestión de todos los servicios al personal de administración y servicios. 

4.- Hacer de la actividad docente el objetivo y actividad principal de la institución y del profesorado. Independizar la actividad y el personal de las empresas de base tecnológica (EBT) de las estructuras universitarias.

4.- Con objeto de disminuir el anunciado recorte, poner a la venta las acciones de las diversas sociedades en las que participa la UCO, especialmente Rabanales 21 SA.  

5.- Disminución del número de cargos y eliminación de todos los complementos de asimilados a cargo.

6.- Emprender un programa para reducir la jornada laboral del personal fijo de nuestra universidad lo que servirá para fomentar un programa de nuevas contrataciones.

7.- Elaborar una relación de puestos de trabajos docentes (RPT) que contemple, un plan  para la contratación de profesorado joven, que aumente nuestra capacidad docente, y que su dedicación le permita acometer también investigaciones que sirvan para aumentar el conocimiento de los problemas que afectan a nuestra sociedad.

8.- Refundar democráticamente el modelo de universidad basado en la solidaridad y en la austeridad y no en los privilegios.

9. -Apostar por la separación de la gestión económica y de personal, de la académica. Las dos primeras deberán recaer en la sociedad que nos financia en tanto que  la actividad académica docencia e investigación, será responsabilidad de los universitarios.

Estas medidas permitirían que la UCO pudiera salir fortalecida de la crisis. Crisis que es del sistema económico, y que no se va a solucionar con recortes de sueldos y plazas. Para superarla, aunque nos parezcan utópicas, deberemos tomar medidas como las propuestas por el CADTM (Comité para la anulación de la deuda del tercer mundo para construir otra Europa) y que son:

1.- Realizar una auditoría de la deuda pública con el objetivo de anular su parte ilegítima.

2.- Detener los planes de austeridad puesto que son injustos y profundizan la crisis.

3.- Instaurar una verdadera justicia fiscal europea y una justa redistribución de la riqueza. Prohibir las transacciones con los paraísos judiciales y fiscales. Luchar contra el fraude fiscal masivo de las grandes empresas y de las personas más ricas.

4.- Controlar los mercados financieros, principalmente mediante la creación de un registro de los propietarios de títulos, la interdicción de las ventas al descubierto y de la especulación en una serie de sectores.

5.- Transferir los bancos al sector público bajo control ciudadano.

6.- Socializar las numerosas empresas y servicios privatizados desde 1980.

7.- Reducir radicalmente el tiempo de trabajo para crear empleos, y al mismo tiempo aumentar los salarios y las pensiones.

8.- Refundar democráticamente otra Unión Europea basada en la solidaridad.

Espero que este escrito pueda ayudar a abrir un debate y ser una alternativa a los recortes que se proponen a la UCO desde la administración autonómica y nacional.

CARGOS UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA


Cargos universitarios.

Diego Llanes Ruiz

El denunciar públicamente que la Universidad de Córdoba  vive en una torre de marfil, cuando la sociedad que la rodea está inmersa en una profunda crisis, y que hay datos que muestran formas irresponsables de gestionar los fondos públicos, es necesario, aunque pueda resultar penoso para el que hace la denuncia.

Baste el dato de la cuantía de los fondos públicos que la universidad dedica para gratificar a sus cargos para entender de qué tipo de irresponsabilidad en la gestión hablamos.

Si en 2011 los gastos en remuneraciones de 272 cargos era de más de 1 millón de euros (1.040.097); en 2012 los ahora 275 cargos, recibirán más de 1,2 millones (1,209.779, un incremento de casi el 20%.

Si analizamos esta distribución encontramos que 19 profesores cobran gratificaciones de vicerrectores y reciben por ello más de 9.000 euros/año y que 34 profesores cobran gratificaciones como decanos o directores, aunque los centros sean solo 11, y reciben  por ello más de 7.000 euros al año. Los 222 profesores restantes se reparten gratificaciones que oscilan entre los 5.000 y los 2.000 euros al año. Para situar estas cantidades en su contexto salarial de 2012 es interesante conocer que hay decenas de profesores sustitutos interinos con seis horas de clase a la semana que tienen “sueldos-gratificaciones”  de 8.333 euros brutos al año.

Los 275 cargos salen básicamente de un colectivo formado por unos 750 profesores funcionarios, lo que indicaría que más del 35% de estos reciben gratificaciones. La primera consecuencia de esta situación es que cualquier proceso electoral o votación en la UCO está controlado por los que deciden quién merece la gratificación o quién debe tener el apoyo para conseguir un cargo que necesite votación.

Los gestores, léase equipo de gobierno, de nuestra universidad, tienen por costumbre ignorar las denuncias y hacer creer a la sociedad que vivimos en el mejor de los mundos, con la falsa idea de que los trapos sucios de una institución pública, deben lavarse puertas a dentro. Por ello se ignora el nepotismo que impregna a la institución, se ignora que Bolonia y los planes de jubilación han creado una nueva “clase pobre” de profesorado, los sustitutos interinos a tiempo parcial, con sueldos entre 300 y 600 euros mensuales.

Esta forma de gestión se mantiene y perpetúa al saberse apoyados por una buena parte del profesorado y lo más importante, por gestionar una institución pública clave para la mejora de la sociedad, y a la que no ha dejado de llegar los fondos públicos. La propaganda se encargará de resaltar el constante esfuerzo que se hace, para conectarnos a la sociedad, para aumentar nuestra excelencia y para engrandecer los resultados obtenidos por la economía del conocimiento, de la que es considerada portadora natural. En tanto, la sociedad cordobesa, receptora pasiva de esa propaganda, se sumerge día tras día en una profunda crisis económica. La desconexión entre la economía del conocimiento universitaria y la economía real, en la que vive la sociedad, es un problema que los gestores universitarios y políticos prefieren ignorar, y que no puede resolverse a base de propaganda por muy excelente que esta sea.

La mayoría de los gestores actuales son los mismos que comparaban las ventajas que traía Bolonia a la universidad, con las generadas por el euro a nuestra economía. Ahora, tres años después, tendrían dificultades para seguir usando este símil ¿pero quién se acuerda ya de eso? Bolonia y el euro han venido para quedarse y no importa si con ello estamos hundiendo a la universidad y a la economía. Siguen muchos de los que apostaban por fastuosos y desproporcionados proyectos ligados al “ladrillo” como Rabanales 21 y que ahora se ven obligados a gestionar una universidad en medio de una crisis económica. El problema es que ellos no saben gestionar la escasez, que les llevaría a tomar decisiones que irían en detrimento de su poder y por tanto están a la espera de las decisiones que tomen otros.

No puedo más que ser pesimista del futuro que espera a universidades gestionadas de esta forma. Para ser justo, hay que decir que no todas las universidades están gestionadas de igual forma. La Universidad Autónoma de Barcelona ha recortado a la mitad las gratificaciones de sus cargos y la Universidad Pablo Olavide ha sido noticia debido a que el claustro ha rechazado el informe de gestión anual del equipo rectoral. Estas noticias son imposibles en la Universidad de Córdoba, donde los órganos de gobierno han sido elegidos cuidadosamente y, jamás tendrán la tentación de manifestarse contra aquellos que les garantizan las gratificaciones. Andalucía necesita de una universidad con gestores que respondan de su gestión de los fondos recibidos y no de una universidad gestionada por grupos de universitarios sin ninguna responsabilidad social, modelo que se repite con más frecuencia de lo deseado a lo largo y ancho de nuestra geografía.

LA UCO CONSIDERA AL ESTUDIANTE UN BIEN PRODUCIDO.


En un reciente estudio presentado en la web. La UCO considera a los alumnos como los bienes producidos por nuestra empresa.

Creo que el tema del “mercado” “la excelencia” y “el emprendimiento” se les ha ido de las manos a nuestros dirigentes universitarios.

Presentada la campaña de sensibilización ” Despierta” y el Punto de Información Ambiental.

Cumpliendo uno de los compromisos que la Universidad adquirió cuando aprobó su adhesión al Programa Verde por el Clima, el Aula de Sostenibilidad de la Universidad de Córdoba ha realizado el cálculo de la huella de Carbono, con datos de consumo de energía (electricidad y gas), de todos los centros de la UCO. La huella de Carbono es un concepto que mide las emisiones de dióxido de Carbono que se realizan en la cadena de producción de bienes. En este caso se considera que el bien producido es el estudiante y conforme a ello los datos indican que en 2009 esta huella ascendió a un total de 507 kilos de CO2 por estudiante y en 2010  a una cantidad algo menor, 473 kilos de CO2 por alumno ( un 6,7% de reducción). Y si bien la medición no es completa ( ya que no considera el transporte u otros tipos de consumo) se considera una cifra suficientemente ilustrativa para empezar a trabajar en la disminución, compensación y concienciación de este tipo de emisiones.

…………….

La información completa en: 

http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/79097-20111201

¿Papel o pdf?


Programa Propio de Fomento Investigación.

Estamos en plena gestación del llamado Plan de Austeridad de la UCO que verá la luz en los próximos días según un escrito enviado por nuestro compañero Antonio Cubero el 18 de marzo pasado. Hace ya tiempo que el SEPA de la UCO por motivos de ecoeficiencia nos pedía que hicieramos las fotocopias a doble cara y que procuraramos que nuestros apuntes y los trabajos del alumnado fueran documentos virtuales.
Por eso no deja de sorprenderme y parecerme incoherente que el Vicerrector de Política Científica me envíe un librito, aunque lo pague tal vez el Banco Santander, en formato papel.

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