ANDALUCIA, EL DESAFÍO ESPAÑOLISTA Y EL DERECHO A LA INDEPENDENCIA


Luis Morera Sanz y Diego Llanes Ruiz.
Profesores de la Universidad de Córdoba y miembros del Sindicato de Enseñanza de CC.OO.

Buena parte de la sociedad andaluza, en la que se incluyen grupos de intelectuales y las fuerzas políticas y sindicales mayoritarias, no entiende que otros pueblos del Estado español quieran decidir democráticamente qué tipo de relación desean establecer con el Estado español, incluyendo la independencia. En este punto creemos necesario recordar y volver a defender las propuestas que desde el nacionalismo andaluz se lanzaban a inicios del siglo pasado y pedir a los grupos políticos de nuestra comunidad que patrocinen un nuevo concepto del Estado español, basado en la unidad libre y democráticamente acordada por cada uno de los diferentes pueblos que lo componen. Creemos igualmente que es hora de dejar de usar los agravios comparativos como forma de defender a Andalucía. Los políticos de esas fuerzas mayoritarias no son conscientes de que sus explicaciones nos llevan a reconocer que nuestra comunidad necesita de los fondos procedentes de otras comunidades para superar unas tasas de desigualdad insostenibles que son producto de la carencia de un modelo de desarrollo propio.

Desde Andalucía somos conscientes que el derecho a decidir sobre el modelo de Estado de los diferentes pueblos españoles, junto con un nuevo modelo económico propio relacionado con el decrecimiento económico y la defensa de una renta básica universal como instrumento más eficiente para combatir la desigualdad secular, son tres planteamientos políticos difíciles de transmitir a las clases populares y por tanto difíciles de rentabilizar electoralmente. Para cambiar la percepción que estas clases tienen de estas políticas, por ignorancia y/o miedo, hacen falta grupos de individuos que lo pretendan y tengan además un poco de suerte, rigor y voluntad. Este escrito pretende ser una apuesta en esa dirección.

Los grupos políticos que niegan el derecho de Cataluña –y eventualmente de otros pueblos integrados actualmente en el Estado español, a la independencia- utilizan como argumento básico la soberanía única de los ciudadanos españoles, recogida en el artículo 1 de la Constitución de 1978. Consideramos que esta norma constitucional no tiene justificación histórica ni puede ser considerada aprobada democráticamente por los ciudadanos españoles, pues no hubo una alternativa real a su aprobación.

Comenzaremos estableciendo una perspectiva histórica. La invasión musulmana de la Península ibérica destruyó el reino visigodo cristiano de Toledo, primer Estado unitario peninsular –aunque también incluía los actuales territorios franceses de Languedoc-Rosellón-. Ocho siglos les costó a los cristianos reconquistar la Península, pero en este proceso la unidad política se perdió, surgiendo de él cuatro entidades soberanas: Portugal, Castilla-León, la Corona de Aragón –una Confederación entre el reino de Aragón y el Principado de Cataluña, ampliada más tarde con el reino de Valencia–, y Navarra. Fernando el Católico acabó en 1512 con la independencia de Navarra, anexionándola a Castilla mediante una rápida operación militar. A partir de 1516, tras la muerte de Fernando el Católico, las Coronas de Castilla y de Aragón tendrían el mismo Monarca. Los Austrias intentaron la anexión de Portugal. Casi un siglo, 1580 – 1668, le costó a los portugueses recuperar su independencia, conflicto armado incluido. Los Austrias finalizan su reinado al morir Carlos II sin descendencia. La guerra de Sucesión que se desencadena la gana el aspirante francés, Felipe de Borbón, duque de Anjou, que elimina por Decreto la soberanía de los reinos de la corona de Aragón, Cataluña incluida [1].

Con la Constitución de 1812 se inicia el proceso de superación de la monarquía absolutista, proceso que continua a lo largo del siglo XIX con diversas Constituciones (1837, 1845, 1869, 1876). Ninguna de ellas fue aprobada expresamente por los ciudadanos españoles, ya que evidentemente nunca fueron sometidas a referéndum y además fueron elaboradas por Parlamentos constituidos en base a leyes electorales muy restrictivas, que en esos tiempos, dejaban fuera de la participación política a la mayoría de la población. Como detalle curioso, cabe señalar que en las Constituciones de 1837, art.48; 1845, art. 46; 1869, art. 74 y 1876, art. 55, se admite la posibilidad de enajenar, ceder o permutar una parte del territorio español.

Así llegamos a la Constitución de 1931, que tampoco fue expresamente aprobada por los ciudadanos españoles, ya que tampoco fue sometida a referéndum. En ella se establece una imposición previa e innegociable: la soberanía global de todos los ciudadanos españoles, con la consiguiente negación de la soberanía de los pueblos que componen el Estado español. Las intervenciones de Azaña y de Ortega y Gasset en las Cortes de la República con ocasión del debate sobre el Estatuto de Cataluña, que ya había sido aprobado previamente por los ciudadanos catalanes en referéndum en Agosto de 1931, son ilustrativas a este respecto. [2] [3]

Tras la guerra civil de 1936-39 el nuevo Estado aprovecha la concepción de Ortega y Gasset de España como “gran unidad histórica, dotada de una radical comunidad de destino” -del que solo una minoría de catalanes se negaría tercamente a participar[4]-. Así, en Mayo de 1948 se promulga la Ley de Principios del Movimiento Nacional, en la que España queda definida como una unidad de destino en lo universal. En Noviembre de 1976 se aprueba la Ley de la Reforma Política, destinada a ser la herramienta para la reforma del franquismo. Entre Junio de 1975 y Diciembre de 1978, las Cortes surgidas de las elecciones del 15 de Junio de 1975 redactan y aprueban la Constitución de 1978. La unidad de destino en lo universal queda redactada como: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles…”. El 6 de Diciembre de 1978 el proyecto constitucional se somete a referéndum. En este referéndum los españoles no tuvieron la oportunidad de pronunciarse sobre la alternativa soberanía única/derecho de autodeterminación, pues tuvieron que elegir entre votar SÍ, en cuyo caso España será la patria común e indivisible de todos los españoles, o votar NO, en cuyo caso seguirían en vigor las leyes franquistas y España sería una unidad de destino en lo universal. [5]

España en estos momentos se vuelve a enfrentar a la elección entre continuar con una visión mítica de su unidad o hacer que los distintos pueblos que la componen, democráticamente y de forma pacífica, decidan unirse o no a esa España. La situación en Cataluña ha abierto el problema. Una mayoría amplia de catalanes desea un referéndum para decidir qué tipo de relación desean establecer con el Estado español. La cerrazón españolista en no permitir la celebración de este referéndum, máxime cuando ya más del 47% de los catalanes han votado por la independencia, puede acabar convirtiendo a Cataluña, de hecho, en una colonia del Estado español. Ante este desafío españolista proponemos una reforma de la Constitución, para reconocer el derecho de Cataluña, así como, eventualmente, el de cualquier otra Comunidad Autónoma que así también lo deseara, a decidir libremente qué tipo de relación quiere establecer con el Estado español, incluyendo la independencia. Esto significaría sustituir la concepción mítica de la unidad de España, sustentada en no se sabe qué ley natural inmutable, por un concepto de unidad basado en la voluntad, libremente expresada, de aquellas Comunidades Autónomas que así lo decidieran.

Andalucía en estos momentos necesita recuperar la memoria histórica, que se concretaría por un lado en las propuestas que llevaron al pueblo andaluz a expresar el deseo de autogobierno el 4 de Diciembre de 1977, y por otro a retomar las ideas expresadas por los nacionalistas andaluces, encabezados por Blas Infante, en el Manifiesto de la nacionalidad andaluza, aprobado en Córdoba en 1919 [6]. Blas Infante y sus compañeros no podían suponer que casi un siglo después sería necesario volver a recordar a los andaluces y a la gran mayoría de sus dirigentes políticos palabras que se contenían en ese Manifiesto:

“En todas las regiones o nacionalidades peninsulares, se observa un incontrastable movimiento de repulsión hacia el Estado centralista. Ya no le vale resguardar sus miserables intereses con el santo escudo de la solidaridad o unidad, que dicen nacional.
Aún las regiones que más aman la solidaridad, como sucede a Andalucía, van dándose cuenta de que los verdaderos separatistas son ellos: los que esparcen recelos con relación a pueblos vivos, como Cataluña o Vasconia, por el delito horrendo de querer regir por sí sus peculiares intereses.…”

Estas palabras vienen a recordarnos que es el desafío españolista el que hay que desmontar, admitiendo el derecho a la independencia de Cataluña y de cualquier otra Autonomía que, eventualmente, así también lo decidiera. La concepción españolista, no democrática, de la unidad de España, es la mejor vía para lograr que “España se rompa”.

En Andalucía nos queda un arduo trabajo para desmontar los planteamientos basados en el agravio comparativo, que tan buenos réditos electorales producen a los partidos de la vieja política, y que llevan a la idea de que Andalucía vive de los impuestos de otras comunidades, escondiendo de paso el fracaso de las políticas del PSOE que durante los últimos 35 años han impedido un desarrollo propio. Si desde Andalucía somos capaces de mover a las clases populares a la defensa del derecho a decidir, que debe unirse a un modelo propio de desarrollo que incluya medidas que aquí y ahora disminuyan la desigualdad, los cambios en nuestro país se podrán producir con mayor rapidez. Las clases populares de las distintas regiones y naciones saldrán beneficiadas y ayudaran al cambio del modelo político y económico europeo.

[1] Decretos de Nueva Planta de los reinos de Aragón y Valencia (Junio de 1707) y de Cataluña (Octubre de 1715).

[2] Manuel Azaña. Debate sobre el Estatuto de Cataluña, Cortes de la República. Mayo de 1932. http://www.ecorepublicano.es/2013/09/discurso-de-manuel-azana-sobre-el.html

[3] José Ortega y Gasset. Debate sobre el Estatuto de Cataluña, Cortes de la República. Mayo de 1932. http://www.ecorepublicano.es/2013/09/discurso-de-jose-ortega-y-gasset-sobre.html

[4] El problema catalán es un caso corriente de lo que se llama nacionalismo particularista… un sentimiento… que se apodera de un pueblo o colectividad y le hace desear ardientemente vivir aparte de los demás pueblos o colectividades. … frente a ese sentimiento de una Cataluña que no se siente española, existe el otro sentimiento de todos los demás españoles que sienten a Cataluña como un ingrediente y trozo esencial de España, de esa gran unidad histórica, de esa radical comunidad de destino,… .a la cual tienen puesta todos esos españoles inexorablemente su emoción y su voluntad. José Ortega y Gasset, España invertebrada. Impresionante pronunciamiento nacionalista de Ortega y Gasset, que sin embargo distingue entre un nacionalismo “malo”, el nacionalismo particularista catalán, y un nacionalismo “bueno”, con altura de miras se diría en estos días, el nacionalismo españolista.

[5] Este argumento es aplicable también a la monarquía, reinstaurada en la Ley de Principios del Movimiento Nacional de 1948, adjudicada en 1969 a Don Juan Carlos de Borbón y ejercida ahora por su hijo Don Felipe de Borbón. La reinstauración monárquica nunca fue votada por los ciudadanos españoles, puesto que tanto el SÍ como el NO en el referéndum de 1978 significaban la continuidad de la monarquía.

[6] Manifiesto de la nacionalidad andaluza. http://www.blasinfante.com/apuntes/Manifiesto_de_la_Nacionalidad.htm

La cementera COSMOS no podrá incinerar residuos


El artículo que sigue fue publicado en Encartes21 el pasado 12 de Octubre. Lo incorporo al foro con el deseo de contribuir a su reactivación.
Luis Morera Sanz

La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba ha puesto en marcha el expediente para declarar fuera de ordenación urbana a la cementera Cosmos (antigua Asland), que de ese modo no podrá incinerar residuos. Con esta decisión, PSOE e IU, las dos organizaciones políticas que gobiernan el Ayuntamiento de la ciudad, cumplen el compromiso contraído en Mayo pasado, en plena campaña electoral, cuando firmaron el “Pacto por un aire Limpio“, suscrito también por el resto de grupos políticos y candidaturas que se presentaron a las elecciones municipales.
Cuando el Pleno del Ayuntamiento ratifique el expediente y adopte dicho acuerdo, posiblemente el próximo mes de noviembre, culminará un largo proceso que comenzó hace diez años y en cuya resolución han sido determinantes la presencia, el compromiso y las actuaciones del movimiento ciudadano.
Estos son los momentos más importantes del proceso:

Junio de 2005
La cementera presenta en la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Córdoba una solicitud de Autorización Ambiental Integrada (AAI), que es sometida a información pública en el BOP 223 del 30/12/2005. No se presentan alegaciones. Aprobada con fecha 2/03/2007, autoriza a la empresa a utilizar como combustible hasta 14200 de plásticos agrícolas, 26100 T de neumáticos, 54500 T de lodos de tratamiento de aguas residuales urbanas y 43500 T de residuos municipales mezclados, lo que supondría hasta un máximo del 30% del combustible total utilizado.
Pero la concesión de la AAI no es suficiente para poder iniciar la actividad: se requiere además que el Ayuntamiento conceda las correspondientes licencias municipales de obra, actividad y puesta en marcha.

Septiembre de 2007
Comienza a organizarse en la ciudad un movimiento de rechazo a la incineración prevista en la AAI. Promovido inicialmente por Asociaciones de Vecinos (AAVV) del entorno más cercano y organizaciones ecologistas, poco después se amplía hasta constituirse la Plataforma Córdoba Aire Limpio (PCAL), en la que participan diversas AAVV, Consejos de Distrito, y grupos políticos y ecologistas, hasta un total de 31 entidades.
Paralelamente, la empresa anuncia su intención de renunciar a la quema de residuos y que mantendría en su totalidad el uso de combustibles tradicionales.

Noviembre de 2007
La Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba informa, en una respuesta escrita a una pregunta del Grupo Municipal popular que “el gobierno municipal, en la persona de la Alcaldesa Rosa Aguilar, manifestó el compromiso político y la voluntad de no dejar que la fábrica lleve a cabo esta actividad” y que “Este ayuntamiento, se felicita por la decisión de Cosmos en cuanto a su renuncia a la quema de residuos, así como el anuncio del aumento de la producción y aplicación de mejoras técnicas para la reducción de emisiones de CO2. Igualmente ratifica que la quema de residuos no puede ser una fuente de producción de energía en la planta de Cosmos ubicada en Córdoba, por el daño objetivo, que se causa a los vecinos más próximos a sus instalaciones y por el empeoramiento que supondría de las condiciones ambientales que afectan a la ciudad.”
Julio de 2012
La PCAL solicita a la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Córdoba la declaración de caducidad de la AAI, alegando indefensión de las partes interesadas, incompatibilidad de la incineración de residuos potencialmente peligrosos con el PGOU de Córdoba, consideraciones sobre la naturaleza y destino de los vertidos emitidos a cauce público y a la red municipal de saneamiento, peligrosidad de las emisiones y existencia de “Mejores Técnicas” para el tratamiento de residuos que la incineración en cuanto a su impacto ambiental.

Diciembre de 2013
La Delegación de Medio Ambiente de la Junta en Córdoba declara la caducidad de la AAI concedida en Marzo de 2007, tras constatar que la empresa no ha realizado las obras previstas en el Proyecto autorizado –que deberían haber estado terminadas en Marzo de 2012- así como que tampoco han tramitado las correspondientes licencias municipales de obra para esta actividad.
Durante los trámites la empresa presentó un Acta Notarial en la que se manifiesta la existencia de obras relacionadas con el proyecto. Visitas posteriores a las instalaciones, tanto de técnicos del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía, informan de que no han detectado la existencia de obras relacionadas con el proyecto autorizado.

Febrero – Octubre 2015.
La AAI no es condición suficiente pero sí necesaria para la incineración de residuos. La anulación de la AAI significaba, pues, la imposibilidad legal para la empresa de llevar a cabo esta actividad. Sin embargo, en Febrero de 2015 la situación da un vuelco cuando el Viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta acepta el recurso de alzada presentado por la empresa en enero de 2014 contra la declaración de caducidad de la AAI, interpretando que el plazo de 5 años para la ejecución de las obras debe contabilizarse a partir de Enero de 2012 (fecha de la entrada en vigor de la norma que establece este plazo) y no a partir de Marzo de 2007 (fecha de notificación de la AAI), y sin entrar a considerar todos los demás argumentos -amplios y bien documentados- que motivaron la decisión inicial de caducidad.

A partir de este momento se reactiva el movimiento ciudadano contra la incineración de residuos en la fábrica de cemento, protagonizado de nuevo por la PCAL. Además de anunciar la intención de recurrir por todos los cauces legales posibles la decisión del Viceconsejero, promueve en Mayo de 2015 un documento, “Pacto por un Aire Limpio”, que firman todos los grupos políticos y candidaturas que se presentan a las elecciones municipales que iban a tener lugar días después, y que dice en su punto 1º:
Que, una vez quede constituida la nueva Corporación Local cordobesa, en el primer Pleno “útil”, que se celebre, se presentará una moción, en la que acuerde el inicio de la revisión de la calificación del emplazamiento de la cementera de la empresa CEMENTOS COSMOS SUR S.A., establecida en el actual PGOU declarándola formalmente “fuera de ordenación urbana” a fin de evitar que en ella se puedan establecer ampliaciones o cambio de actividades no adecuadas. Esta declaración no impediría a Cosmos continuar con la producción de cemento pero sí la incineración de residuos, ya que no podría recibir las licencias de obra necesarias para ello.

Un asunto pendiente: el traslado de la cementera
Cuando en el Pleno de noviembre todos los grupos municipales, en coherencia con lo que firmaron en Mayo, ratifiquen la propuesta de la Gerencia Municipal de Urbanismo, todavía quedará pendiente resolver el problema que supone para la ciudad la existencia de una cementera en pleno casco urbano.
La fábrica de cemento de Córdoba (originalmente Asland) se instaló en nuestra ciudad en 1931. Entonces estaba situada relativamente alejada del núcleo de población –aunque con casas “modestas” muy cerca. En los años 60 su plantilla era de unos 300 trabajadores. La crisis del sector de la construcción ha supuesto un descenso drástico en su actividad y actualmente la plantilla es, tras varios EREs, de apenas 40 trabajadores. Con el crecimiento de la ciudad ha pasado a estar localizada prácticamente en pleno casco urbano.
La fábrica no puede seguir indefinidamente en su localización actual. Por lo que se debe abrir, a partir de ahora, un periodo de transición, de duración razonable, en el que los intereses de los trabajadores y sus puestos de trabajo sean debidamente considerados, para que la fábrica se traslade a otra ubicación, alejada de zona urbana.
La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba deben mantener una defensa clara y firme de la seguridad y salud de la población cordobesa, así como un estricto cumplimiento de las normas en materia de evaluación del impacto en salud y ambiental de las actividades industriales.

Para saber más: http://www.cordobaairelimpio.org/. Véase especialmente:
Autorización Ambiental Integrada 2007
 Mapa del cáncer en España.
http://elpais.com/elpais/2014/09/30/ciencia/1412091987_955227.html
 Incineradoras e incidencia de cáncer.
http://www.cordobaairelimpio.org/wp-content/files/incidencia_de_cancer_en_la_poblacion_cercana_a_incineradoras_en_Espana_ingles.pdf
Riesgos incineración residuos en cementeras

¿QUÉ CLASE DE CAPITAL SOY YO?


El párrafo siguiente pertenece al documento, firmado el pasado 19 de Junio entre los Rectores de las diez universidades públicas andaluzas y la Junta de Andalucía, “ACUERDO CON EL SISTEMA UNIVERSITARIO PÚBLICO POR ANDALUCÍA” (página 8):
6. RECONOCIMIENTO Y MOTIVACIÓN DEL CAPITAL HUMANO
El gobierno y las universidades públicas de Andalucía reconocen el papel esencial que su capital humano, personal docente e investigador y personal de administración y servicios, tienen en los logros conseguidos hasta ahora en el Sistema Universitario Público de Andalucía y, más aún, en la superación de los retos que se plantea para el futuro. La descapitalización humana de las universidades estrangularían las funciones de la actividad universitaria hasta el punto de poner en grave riesgo la viabilidad del concepto de universidad en la que creemos, por ello es necesario el compromiso compartido por evitar dicha descapitalización y pérdida del talento en las universidades públicas de Andalucía. Sigue leyendo

La biotecnología como arma social


En el Boletín de Novedades de la UCO del 6 de Junio de 2013 se inserta un resumen de la conferencia impartida en Córdoba por la Dra. Pilar Carbonero Zalduegui, catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Politécnica de Madrid, sobre “Biotecnología y producción de alimentos en el siglo XXI” (http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/92408-20130605). Algunas frases incluidas en el citado resumen, como las que cito a continuación, me han hecho recordar un artículo que, junto con el Prof. Diego Llanes, publicamos en Marzo de 2009: “La biotecnología como arma social”.
“Hay científicos que opinan que es el momento de pasar de la Green Revolution a la Gene Revolution, es decir, a la biotecnología de plantas, para acabar con esa lacra de la humanidad que son los 1.000 millones de personas que padecen hambre en el momento actual y cuyo número podría aumentar si no se produce este cambio drástico”.
“…..los problemas del presente no pueden solucionarse con tecnologías del pasado, en línea con lo expresado en el documento elaborado por el International Food Policy Research Institute (IFPRI) de Washington, patrocinado por la Fundación Bill y Melinda Gates, y titulado: MILLIONS FED: Proven Successes in Agricultural Development.” Sigue leyendo

UNA NOTIFICACIÓN DESAFORTUNADA (CORREGIDA) Y UNA INJUSTICIA SOCIAL QUE LA UCO NO PUEDE PERMITIR


El pasado miércoles 13 de Febrero se hizo pública en los tablones de anuncios de los Centros una relación de los estudiantes que tenían cantidades pendiente de abono del curso 2012-2013, con la indicación de que en el plazo de 10 días deberían ponerse en contacto con su secretaria para aclarar su situación o solicitar una liquidación, que se habrá de abonar en este plazo, transcurrido el cual sin haberse resuelto la situación se produciría el bloqueo cautelar del expediente, según establece el artículo 131 del Reglamento de Régimen Académico de la UCO.

Me sorprendió, y me pareció desproporcionada y desafortunada, esta notificación pública. Me resultaba difícil evitar la comparación con la práctica medieval de la picota y el escarnio público. Por ello me dirigí a la Sra. Defensora Universitaria para, en primer lugar, preguntarle si es legal hacer pública una relación de deudores. Según la Defensora Universitaria, esto jurídicamente no es ilegal, aunque hay conflicto entre dos normas jurídicas (Ley de procedimiento administrativo y Ley de protección de datos), por lo que a su juicio debe primar la intimidad de los interesados. Me informaba de que se había dado orden a los administradores de los centros para que retiraran esos listados y se sustituyeran por un aviso general (https://www.uco.es/servicios/sega/anuncios/convocatoriasabiertas).

Otro tema que planteé a la Defensora Universitaria es que, al ser una medida general, se tratan por igual casos que pueden ser muy diferentes, pues muy diferentes pueden ser las causas por las que un estudiante no haya pagado estas cantidades, lo puede dar lugar a situaciones de injusticia social que deberían evitarse. Le proponía que hiciese gestiones ante los órganos de gobierno de la UCO para que no se aplique esta medida con carácter general sino que se estudien caso a caso las causas por las que no se ha pagado, y si se tratase de una causa justificada sobrevenida, por ejemplo ingresos insuficientes en la unidad familiar por causa del paro, no se ejecute esta medida y se estudien otras alternativas.

Respecto a esta segunda parte de mi consulta, la Defensora Universitaria me contestó que está desde hace tiempo intentando buscar soluciones para personas que por problemas económicos sobrevenidos por la situación actual, no pueden hacer frente al pago de las matrículas y que, de hecho, se han ido resolviendo casos particulares con medidas también muy particulares adaptadas al caso concreto. Así, en su informe anual comunicó que había elevado al Sr. Rector una recomendación en el sentido de contemplar la posibilidad de que en los fondos de Acción Social se contemple una partida presupuestaria de ayudas para estos casos. Finalmente me comunicaba que el próximo día 25 de febrero se reunirán los defensores universitarios andaluces para intentar hacer una propuesta común e incluso elevarla al Defensor del Pueblo Andaluz para que la presente al parlamento.

Agradezco a la Defensora Universitaria la rapidez de la respuesta a mi consulta y el trabajo que está haciendo en este tema. Y por supuesto le deseo que logre convencer a las autoridades universitarias de que actúen con sensibilidad social en este tema. Es una buena ocasión para que la UCO contribuya a no aumentar la ya muy alta tasa de injusticia social a la que ha llevado la política económica de los gobiernos de España en los últimos 3-4 años a una buena parte de la sociedad española.

PRECARIEDAD, BECAS Y SEGURIDAD SOCIAL: UNA RECTIFICACIÓN PARCIAL


Se ha hecho pública, hoy 15 de diciembre, una nueva versión de la convocatoria de la beca-internado en clínica equina, a la que nos hemos referido en un artículo (post) anterior. En ella se ha suprimido el párrafo:

La concesión y disfrute de esta Beca-Internado no establecerá en ningún caso relación contractual o estatutaria con el Hospital, ni implica por parte de la misma compromiso alguno en cuanto a la posterior incorporación del interesado a su plantilla, no otorgando, por tanto, derecho a la inclusión del becario en la Seguridad Social.

Puesto que la versión original ya no está disponible en el portal de la UCO, aquí te la ofrecemos.

Por lo tanto, en esta nueva versión ya no se niega a l@s candidat@s el alta en la Seguridad Social. Queda así suprimido lo que considerábamos una disposición manifiestamente ilegal que aparecía en la primera versión.

Debemos alegrarnos por este cambio. Aunque no deja de sorprender lo que parece ser una ausencia de control de legalidad, previo a la publicación de la convocatoria, por los organismos de la UCO competentes para ello. No hay que olvidar que la UCO cuenta con una Asesoría Jurídica, con dos letrados y un secretario. En cualquier caso nos sentimos contentos, ya que hemos aportado nuestro grano de arena a que cuatro recién licenciad@s en Veterinaria comiencen a tener cotizaciones en la Seguridad Social, cosa que sin nuestra denuncia probablemente no hubiera sucedido.

Desgraciadamente, no podemos extender esta alegría a lo que hubiera sido una rectificación también en las lamentables condiciones económicas ofertadas en relación con la dedicación exigida: ¡400 euros brutos mensuales! Condiciones económicas que nos parecen impropias de una empresa de capital público. Para cambiarlas haría falta más que una denuncia en un blog como ideasyopiniones. Haría falta que los estudiantes, especialmente de los últimos cursos, el profesorado y los trabajadores de la UCO inicien una campaña para eliminar de una institución financiada con fondos públicos los contratos, ¡y las becas!, basura.

Diego Llanes y Luis Morera

Cálculo de la media del expediente académico ¿Se está haciendo bien?


Hace bastante tiempo me interesé en el procedimiento para calcular la nota media del expediente académico. El sistema que existía entonces me parecía muy injusto. Así que me alegré bastante cuando un Real Decreto cambió la situación. Desgraciadamente, parece que la realidad es otra. Espero vuestras “ideasyopiniones”.

El cálculo de la nota media del expediente académico se hacía, hasta la entrada en vigor del Real Decreto 1125/2003 (BOE 18/09/2003), mediante un procedimiento en el que las calificaciones numéricas obtenidas se agrupaban en tres clases: Aprobado (5 – 6,9) / Notable (7 – 8,9) / Sobresaliente (³ 9), y se asignaban 1, 2 y 3 puntos, respectivamente, a cada clase. La Matrícula de Honor se consideraba una cuarta clase, y se le asignaban 4 puntos.

Este procedimiento era injusto y daba lugar a situaciones absurdas. Era injusto, porque otorgaba el mismo valor a calificaciones como 5 y 6,9 o 7 y 8,9, que son manifiestamente diferentes y que se supone que son producto de un esfuerzo y un nivel de aptitud claramente diferentes también. Y daba lugar a situaciones absurdas, porque mientras que calificaciones entre 5 y 6,9 -¡1,9 puntos de diferencia!- eran valoradas por igual, con 1 punto, una calificación de 6,9 era valorada la mitad que una de 7 – ¡1 punto frente a 2, para una diferencia de 0,1 puntos! Una situación similar se producía con las calificaciones 7 – 8,9 y 8,9 – 9,0. En este último caso la situación podía ser aún más injusta y absurda, pues mientras que una calificación de 8,9 sería siempre valorada con 2 puntos, una de 9 -¡0,1 puntos de diferencia!- podía ser valorada con 4 puntos, si iba acompañada de Matrícula de Honor.

Afortunadamente, en el RD 1125/2003 se establece un procedimiento nuevo para el cálculo de la media del expediente académico, que corrige esta situación, pues se considera la calificación numérica real en la escala 0 – 10:

Artículo 5. Sistema de calificaciones.

3. La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno.

4. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso / 5,0-6,9: Aprobado / 7,0-8,9: Notable /9,0-10: Sobresaliente

Es decir, ni siquiera es obligatoria la calificación cualitativa: simplemente “podrá añadirse”. Se derogan, además, todas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en él. (Disposición derogatoria única).

Desgraciadamente, más de siete años después de la entrada en vigor de este Real Decreto sigue habiendo convocatorias públicas en las que se indica un procedimiento “a la antigua usanza” de cálculo de la media del expediente académico, dejándolo en papel mojado en lo que concierne a este aspecto. Algunas de ellas son especialmente sorprendentes, pues provienen del Ministerio de Educación. Es el caso de las convocatorias de becas FPU (Formación del Profesorado Universitario), la más reciente de las cuales es la del pasado Enero (Orden EDU/61/2011, BOE 24 de Enero).

 Articulo 27. Requisitos de los solicitantes.

3. Contar con un expediente académico con una nota media igual o superior a 1,60 puntos, obtenida por la aplicación de la escala 0-4 según el baremo siguiente: Aprobado = 1, Notable = 2, Sobresaliente = 3 y Matrícula de Honor = 4, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1497/1987, modificado parcialmente, por el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto.

Sin embargo, el RD 1497/1987 se refiere a las directrices generales comunes de los planes de estudio de los títulos universitarios, y no dice nada de la forma de cálculo del expediente académico, y, además – lo que ya produce una sensación de desconcierto –, fue derogado en Enero de 2005 por el RD 55/2005. ¡Estamos, pues, en presencia de una norma de 2011 que se fundamenta en otra de 2003, que ya no estaba vigente! Además, la única referencia al RD 1004/2003 que hay en el RD 1497/1987 no está relacionada con el expediente académico sino con convalidaciones de asignaturas (Disposición adicional única).

Por otra parte, el RD 1044/2003 se refiere únicamente al procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título. Por ello, lo que se dispone en el Anexo 1, Apartado 4.5:

4.5 Calificación global del titulado:

Nota explicativa. La ponderación de expediente se calcula mediante el criterio siguiente: suma de los créditos superados por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de la calificación que corresponda, a partir de la tabla de equivalencias que se especifica a continuación, y dividido por el número de créditos superados por el alumno: Aprobado: 1 punto. Notable: 2 puntos. Sobresaliente: 3 puntos. Matrícula de Honor: 4 puntos

Se ha de aplicar, si acaso, exclusivamente en este contexto -expedición del Suplemento Europeo al Título-. Y digo “si acaso” porque, como ya queda dicho, en el RD 1125/2003, posterior a este 1044/2003, se derogan todas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en él.

Una situación similar se observa en la Orden EDU/178/2010 (BOE 3/07/2010), también del Ministerio de Educación, por la que se convocan becas para el curso 2010/2011 para enseñanzas universitarias. En ella se pone una marcha un nuevo sistema de cálculo del expediente académico, esta vez en la escala 5 – 10 (Artículo 23), que es esencialmente igual que el anterior en la escala 0 – 4, y, por tanto, igual de injusto.

Estamos, pues, en presencia de unas Ordenes Ministeriales en las que se establece un procedimiento de cálculo de la nota media del expediente académico basada en una normativa derogada y sin relación con el tema, y que ignora la normativa establecida para ello en el RD 1125/2003. ¿No pasan un control de legalidad y coherencia jurídica las Ordenes Ministeriales antes de llegar al BOE? ¿No hay sensibilidad en el Ministerio para cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en el RD 1125/2003, que corrige la injusticia y el absurdo del modelo anterior?

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