EL RETO


Publicado en ABC Córdoba el 10 de diciembre de 2016 por Herminio R. Padilla

La semana pasada la Facultad de Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba (UCO) ha tenido dos actos de presentación bien importantes. El primero, el nuevo convenio firmado por la UCO con diversas instituciones para que los alumnos de Derecho puedan realizar prácticas en los juzgados, algo que no es nuevo pues desde hace bastantes años se venía llevando a cabo por el esfuerzo desinteresado y escasamente reconocido, todo hay que decirlo, de unos cuantos profesores, jueces y secretarios judiciales. Esas mimbres ya estaban puestas y ahora lo que se ha hecho es oficiarlo a través del convenio. Para los políticos firmantes el convenio es uno más. Para la UCO supone no tanto la transferencia de sus conocimientos cuanto mejorar su calidad en unos títulos en que los egresados saldrán, sin duda, mejor preparados. Para quienes están en la Administración de Justicia, en cambio, las prácticas de nuestros alumnos en los tribunales supondrán una mayor carga de trabajo, no retribuida, a la ya enormemente soportada.

La semana pasada también hubo elecciones a decano en la Facultad de Derecho. El único candidato, el ya decano profesor Luis Miranda, presentó al personal docente su programa de actuación para los próximos cuatro años. Lo primero que quiso destacar Miranda fue la labor de los decanos anteriores («Para seguir haciendo facultad en nuestra Universidad», se titula su programa), poniendo otra vez sobre la mesa los graves problemas que afectan a las titulaciones que se imparten en el centro. En Administración y Dirección de Empresas (ADE), el problema que tienen las distintas áreas es la escasez de profesorado funcionario, pues casi todos son contratados. En términos económicos a la UCO le vendrá muy bien pues por 300 o 600 euros al mes un profesor asociado imparte 9 o 18 créditos (un profesor funcionario imparte 32 créditos), pero la excelencia y calidad de sus títulos frente a otras universidades (no hay que olvidar la labor investigadora llevada a cabo por los profesores funcionarios), sin embargo, se resentirá.

En Derecho la situación, ahora mismo, no es tan grave como en ADE, pero terminará siéndolo en un plazo inferior a 10 años. Ya son muchas las áreas cuyos profesores funcionarios sobrepasan los 60 años –la edad de jubilación es a los 70–, y no ha habido relevo generacional. Esto es, no hay profesores en formación en nuestro centro que vayan a coger el testigo que dejarán aquéllos. Buena parte de culpa la tiene el nefasto sistema de acceso a esta profesión, que además ha convertido la carrera universitaria en un camino lleno de obstáculos de muy larga duración. Es sintomático, por poner un ejemplo, que en titulaciones como la nuestra alumnos con un brillante expediente académico declinen cortésmente buscar su futuro profesional en la universidad y se preparen las oposiciones de judicatura, que además sacan en dos años. Se pierde a los mejores.

El reto que por delante tiene el recién elegido decano de nuestro centro será, efectivamente, consolidar las titulaciones existentes antes que poner en marcha nuevos títulos, que pueden ser muy demandados por la sociedad (ADE y Turismo, Derecho y Criminología) pero que resultarán inviables ante la falta de profesorado. Ya está pasando incluso con la impartición de algunos de nuestros másteres. Y la consolidación de nuestras titulaciones, con preferencia para ADE dado su estado cuasi comatoso, pasa ineludiblemente por la inversión en personal, algo que el decano y su equipo apoyará pero que necesita del compromiso serio y firme de las altas instituciones de quien ello depende. Muchos todavía tenemos fe, pues como escribiera San Pablo la fe es el fundamento de las cosas que se esperan y el testimonio de las que no se ven.

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