ANDALUCIA, EL DESAFÍO ESPAÑOLISTA Y EL DERECHO A LA INDEPENDENCIA


Luis Morera Sanz y Diego Llanes Ruiz.
Profesores de la Universidad de Córdoba y miembros del Sindicato de Enseñanza de CC.OO.

Buena parte de la sociedad andaluza, en la que se incluyen grupos de intelectuales y las fuerzas políticas y sindicales mayoritarias, no entiende que otros pueblos del Estado español quieran decidir democráticamente qué tipo de relación desean establecer con el Estado español, incluyendo la independencia. En este punto creemos necesario recordar y volver a defender las propuestas que desde el nacionalismo andaluz se lanzaban a inicios del siglo pasado y pedir a los grupos políticos de nuestra comunidad que patrocinen un nuevo concepto del Estado español, basado en la unidad libre y democráticamente acordada por cada uno de los diferentes pueblos que lo componen. Creemos igualmente que es hora de dejar de usar los agravios comparativos como forma de defender a Andalucía. Los políticos de esas fuerzas mayoritarias no son conscientes de que sus explicaciones nos llevan a reconocer que nuestra comunidad necesita de los fondos procedentes de otras comunidades para superar unas tasas de desigualdad insostenibles que son producto de la carencia de un modelo de desarrollo propio.

Desde Andalucía somos conscientes que el derecho a decidir sobre el modelo de Estado de los diferentes pueblos españoles, junto con un nuevo modelo económico propio relacionado con el decrecimiento económico y la defensa de una renta básica universal como instrumento más eficiente para combatir la desigualdad secular, son tres planteamientos políticos difíciles de transmitir a las clases populares y por tanto difíciles de rentabilizar electoralmente. Para cambiar la percepción que estas clases tienen de estas políticas, por ignorancia y/o miedo, hacen falta grupos de individuos que lo pretendan y tengan además un poco de suerte, rigor y voluntad. Este escrito pretende ser una apuesta en esa dirección.

Los grupos políticos que niegan el derecho de Cataluña –y eventualmente de otros pueblos integrados actualmente en el Estado español, a la independencia- utilizan como argumento básico la soberanía única de los ciudadanos españoles, recogida en el artículo 1 de la Constitución de 1978. Consideramos que esta norma constitucional no tiene justificación histórica ni puede ser considerada aprobada democráticamente por los ciudadanos españoles, pues no hubo una alternativa real a su aprobación.

Comenzaremos estableciendo una perspectiva histórica. La invasión musulmana de la Península ibérica destruyó el reino visigodo cristiano de Toledo, primer Estado unitario peninsular –aunque también incluía los actuales territorios franceses de Languedoc-Rosellón-. Ocho siglos les costó a los cristianos reconquistar la Península, pero en este proceso la unidad política se perdió, surgiendo de él cuatro entidades soberanas: Portugal, Castilla-León, la Corona de Aragón –una Confederación entre el reino de Aragón y el Principado de Cataluña, ampliada más tarde con el reino de Valencia–, y Navarra. Fernando el Católico acabó en 1512 con la independencia de Navarra, anexionándola a Castilla mediante una rápida operación militar. A partir de 1516, tras la muerte de Fernando el Católico, las Coronas de Castilla y de Aragón tendrían el mismo Monarca. Los Austrias intentaron la anexión de Portugal. Casi un siglo, 1580 – 1668, le costó a los portugueses recuperar su independencia, conflicto armado incluido. Los Austrias finalizan su reinado al morir Carlos II sin descendencia. La guerra de Sucesión que se desencadena la gana el aspirante francés, Felipe de Borbón, duque de Anjou, que elimina por Decreto la soberanía de los reinos de la corona de Aragón, Cataluña incluida [1].

Con la Constitución de 1812 se inicia el proceso de superación de la monarquía absolutista, proceso que continua a lo largo del siglo XIX con diversas Constituciones (1837, 1845, 1869, 1876). Ninguna de ellas fue aprobada expresamente por los ciudadanos españoles, ya que evidentemente nunca fueron sometidas a referéndum y además fueron elaboradas por Parlamentos constituidos en base a leyes electorales muy restrictivas, que en esos tiempos, dejaban fuera de la participación política a la mayoría de la población. Como detalle curioso, cabe señalar que en las Constituciones de 1837, art.48; 1845, art. 46; 1869, art. 74 y 1876, art. 55, se admite la posibilidad de enajenar, ceder o permutar una parte del territorio español.

Así llegamos a la Constitución de 1931, que tampoco fue expresamente aprobada por los ciudadanos españoles, ya que tampoco fue sometida a referéndum. En ella se establece una imposición previa e innegociable: la soberanía global de todos los ciudadanos españoles, con la consiguiente negación de la soberanía de los pueblos que componen el Estado español. Las intervenciones de Azaña y de Ortega y Gasset en las Cortes de la República con ocasión del debate sobre el Estatuto de Cataluña, que ya había sido aprobado previamente por los ciudadanos catalanes en referéndum en Agosto de 1931, son ilustrativas a este respecto. [2] [3]

Tras la guerra civil de 1936-39 el nuevo Estado aprovecha la concepción de Ortega y Gasset de España como “gran unidad histórica, dotada de una radical comunidad de destino” -del que solo una minoría de catalanes se negaría tercamente a participar[4]-. Así, en Mayo de 1948 se promulga la Ley de Principios del Movimiento Nacional, en la que España queda definida como una unidad de destino en lo universal. En Noviembre de 1976 se aprueba la Ley de la Reforma Política, destinada a ser la herramienta para la reforma del franquismo. Entre Junio de 1975 y Diciembre de 1978, las Cortes surgidas de las elecciones del 15 de Junio de 1975 redactan y aprueban la Constitución de 1978. La unidad de destino en lo universal queda redactada como: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles…”. El 6 de Diciembre de 1978 el proyecto constitucional se somete a referéndum. En este referéndum los españoles no tuvieron la oportunidad de pronunciarse sobre la alternativa soberanía única/derecho de autodeterminación, pues tuvieron que elegir entre votar SÍ, en cuyo caso España será la patria común e indivisible de todos los españoles, o votar NO, en cuyo caso seguirían en vigor las leyes franquistas y España sería una unidad de destino en lo universal. [5]

España en estos momentos se vuelve a enfrentar a la elección entre continuar con una visión mítica de su unidad o hacer que los distintos pueblos que la componen, democráticamente y de forma pacífica, decidan unirse o no a esa España. La situación en Cataluña ha abierto el problema. Una mayoría amplia de catalanes desea un referéndum para decidir qué tipo de relación desean establecer con el Estado español. La cerrazón españolista en no permitir la celebración de este referéndum, máxime cuando ya más del 47% de los catalanes han votado por la independencia, puede acabar convirtiendo a Cataluña, de hecho, en una colonia del Estado español. Ante este desafío españolista proponemos una reforma de la Constitución, para reconocer el derecho de Cataluña, así como, eventualmente, el de cualquier otra Comunidad Autónoma que así también lo deseara, a decidir libremente qué tipo de relación quiere establecer con el Estado español, incluyendo la independencia. Esto significaría sustituir la concepción mítica de la unidad de España, sustentada en no se sabe qué ley natural inmutable, por un concepto de unidad basado en la voluntad, libremente expresada, de aquellas Comunidades Autónomas que así lo decidieran.

Andalucía en estos momentos necesita recuperar la memoria histórica, que se concretaría por un lado en las propuestas que llevaron al pueblo andaluz a expresar el deseo de autogobierno el 4 de Diciembre de 1977, y por otro a retomar las ideas expresadas por los nacionalistas andaluces, encabezados por Blas Infante, en el Manifiesto de la nacionalidad andaluza, aprobado en Córdoba en 1919 [6]. Blas Infante y sus compañeros no podían suponer que casi un siglo después sería necesario volver a recordar a los andaluces y a la gran mayoría de sus dirigentes políticos palabras que se contenían en ese Manifiesto:

“En todas las regiones o nacionalidades peninsulares, se observa un incontrastable movimiento de repulsión hacia el Estado centralista. Ya no le vale resguardar sus miserables intereses con el santo escudo de la solidaridad o unidad, que dicen nacional.
Aún las regiones que más aman la solidaridad, como sucede a Andalucía, van dándose cuenta de que los verdaderos separatistas son ellos: los que esparcen recelos con relación a pueblos vivos, como Cataluña o Vasconia, por el delito horrendo de querer regir por sí sus peculiares intereses.…”

Estas palabras vienen a recordarnos que es el desafío españolista el que hay que desmontar, admitiendo el derecho a la independencia de Cataluña y de cualquier otra Autonomía que, eventualmente, así también lo decidiera. La concepción españolista, no democrática, de la unidad de España, es la mejor vía para lograr que “España se rompa”.

En Andalucía nos queda un arduo trabajo para desmontar los planteamientos basados en el agravio comparativo, que tan buenos réditos electorales producen a los partidos de la vieja política, y que llevan a la idea de que Andalucía vive de los impuestos de otras comunidades, escondiendo de paso el fracaso de las políticas del PSOE que durante los últimos 35 años han impedido un desarrollo propio. Si desde Andalucía somos capaces de mover a las clases populares a la defensa del derecho a decidir, que debe unirse a un modelo propio de desarrollo que incluya medidas que aquí y ahora disminuyan la desigualdad, los cambios en nuestro país se podrán producir con mayor rapidez. Las clases populares de las distintas regiones y naciones saldrán beneficiadas y ayudaran al cambio del modelo político y económico europeo.

[1] Decretos de Nueva Planta de los reinos de Aragón y Valencia (Junio de 1707) y de Cataluña (Octubre de 1715).

[2] Manuel Azaña. Debate sobre el Estatuto de Cataluña, Cortes de la República. Mayo de 1932. http://www.ecorepublicano.es/2013/09/discurso-de-manuel-azana-sobre-el.html

[3] José Ortega y Gasset. Debate sobre el Estatuto de Cataluña, Cortes de la República. Mayo de 1932. http://www.ecorepublicano.es/2013/09/discurso-de-jose-ortega-y-gasset-sobre.html

[4] El problema catalán es un caso corriente de lo que se llama nacionalismo particularista… un sentimiento… que se apodera de un pueblo o colectividad y le hace desear ardientemente vivir aparte de los demás pueblos o colectividades. … frente a ese sentimiento de una Cataluña que no se siente española, existe el otro sentimiento de todos los demás españoles que sienten a Cataluña como un ingrediente y trozo esencial de España, de esa gran unidad histórica, de esa radical comunidad de destino,… .a la cual tienen puesta todos esos españoles inexorablemente su emoción y su voluntad. José Ortega y Gasset, España invertebrada. Impresionante pronunciamiento nacionalista de Ortega y Gasset, que sin embargo distingue entre un nacionalismo “malo”, el nacionalismo particularista catalán, y un nacionalismo “bueno”, con altura de miras se diría en estos días, el nacionalismo españolista.

[5] Este argumento es aplicable también a la monarquía, reinstaurada en la Ley de Principios del Movimiento Nacional de 1948, adjudicada en 1969 a Don Juan Carlos de Borbón y ejercida ahora por su hijo Don Felipe de Borbón. La reinstauración monárquica nunca fue votada por los ciudadanos españoles, puesto que tanto el SÍ como el NO en el referéndum de 1978 significaban la continuidad de la monarquía.

[6] Manifiesto de la nacionalidad andaluza. http://www.blasinfante.com/apuntes/Manifiesto_de_la_Nacionalidad.htm

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