PORQUÉ APOYO A LA RENTA BÁSICA UNIVERSAL.


El siguiente artículo me ha sido publicado en: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=7754

Paso a reproducirlo en nuestra web, creo que es un tema de actualidad y que ha generado mucho debate desde que PODEMOS lo incluyó en su programa al Parlamento europeo.

Un cordial saludo

Diego

 

Son muchos los motivos que hay para defender la implantación de una renta básica universal y no condicionada (RBU), una renta que en nuestro país representaría unos ingresos de 7500 euros anuales para cada residente legal mayor de edad y un 20% de esa cantidad para los menores.

Serían motivos: a) Económicos; ya que permitiría una seguridad básica a cada residente, frente a la incapacidad del actual sistema capitalista de ofrecer esa seguridad a través de empleos con salarios dignos. b) Sociales; pondría freno al proceso de desmantelamiento de las instituciones y de los mecanismos que aportan solidaridad y protección social. c) Laborales; permitiría luchar contra la precariedad en el empleo, incrementando el poder de negociación de los trabajadores y trabajadoras.

Además la RBU tendría efectos morales y sicológicos positivos para la sociedad; actuaría como parachoques contra los golpes adversos, disminuiría las trampas de la precariedad, eliminaría la incertidumbre en la que viven los más desfavorecidos y fomentaría la libertad personal del conjunto de la población.

Una RBU de este tipo interesa a grupos muy mayoritarios de ciudadanos; todos aquellos trabajadores y trabajadoras que necesitan de un salario para vivir, a los jóvenes con trabajos precarios, a los parados, especialmente a los de larga duración, a los jóvenes en general y los que tienen como única salida la emigración, a las mujeres y hombres cuyo trabajo está fuera del mercado laboral. ¿Quién pierde entonces con la renta básica universal? Únicamente las élites socioeconómicas.

La RBU como toda opción sociopolítica tiene muchos detractores. Aducen, entre otros motivos, el de su inviabilidad económica, el ser una propuesta utópica y que promueve la indolencia. Recordemos que las prestaciones por desempleo también fueron rechazadas en un principio con argumentos similares. Sociológicamente sus detractores provienen tanto de la derecha, que prefieren las ayudas condicionadas y la caridad, como de sectores socialdemócratas y de la izquierda radical que aducen otros motivos que ahora analizaremos.

Usualmente tanto entre los defensores como entre los detractores no se destacan los motivos sociopolíticos que subyacen a la defensa o rechazo de la RBU. Las elites, sin embargo, ven con claridad que la RBU es una opción social que no les conviene ya que instauraría un cierto grado de libertad e independencia socioeconómica en la ciudadanía, lo que choca directamente con sus intereses. En la izquierda el rechazo de la RBU, viene de seguir instalada en paradigmas económicos que el capitalismo actual ha convertido en caducos, como la defensa del pleno empleo.

Los sectores más radicales la rechazan por no cuestionar la forma de vida capitalista en sí. Junto a ello, consideran que su implantación requiere de fondos que serán obtenidos de los sectores capitalistas exitosos mediante impuestos, sectores que desaparecerían en cuanto la medida se extendiera globalmente. La RBU por tanto, dicen, solo funcionaría en unas pocas sociedades favorecidas por el sistema capitalista. Coincidiendo con el objetivo de sustituir el paradigma capitalista por otro nuevo los que apoyamos la RBU sostenemos que permitiría a los desfavorecidos esperar de manera más segura la llegada de este nuevo paradigma.

La característica política diferenciadora de la RBU con otras propuestas tanto de derecha como de izquierda, es el no ser una promesa de futuro, la RBU se puede aplicar de forma inmediata, si una mayoría de la sociedad así lo decide. La RBU debe ser vista como un dividendo social derivado de las inversiones y el trabajo duro de los antepasados. No es un beneficio para generaciones futuras, aunque su implantación cambiará, como hemos señalado, el futuro de nuestras sociedades, es una conquista que puede y debe aplicarse aquí y ahora.

Walter Benjamín en el punto XII de sus escritos Sobre el concepto de historia, afirmaba que la socialdemocracia, “se ha contentado con asignarle a la clase trabajadora el papel de mera redentora de generaciones futuras. Con ello cortó el tendón donde se apoya la mejor de las fuerzas… [las] que se nutren de los antepasados esclavizados y no del ideal de los descendientes liberados”.

La RBU, por ello, sería un premio que merece la clase trabajadora por los sacrificios que ya han realizado los antepasados durante decenios de capitalismo, trae a la política la inmediatez que necesitan hoy los desfavorecidos y desfavorecidas. Inmediatez que favorecerá la lucha por un nuevo modelo económico y energético.

Como señala Benjamín, la implantación de la RBU implica que los desfavorecidos recuperen la fuerza de que disponen, después de decenios en las que se les ha educado para que olviden que todas las conquistas sociales actuales se han debido a la voluntad de sacrificio de sus antepasados.

La demostración de que la propuesta es viable económicamente en nuestro país, está en: “Un modelo de financiación de la Renta Básica para el conjunto del Reino de España: sí, se puede y es racional.

Este trabajo demuestra que con la reforma del IRPF y el ahorro de las prestaciones que hoy existen inferiores a la RBU, ésta se podría financiar. Un porcentaje del 60 al 70% de los declarantes y todos los no declarantes saldrían beneficiados. Una reforma fiscal, no contemplada en el modelo pero necesaria, permitiría aumentar ese porcentaje de declarantes que se benefician y poder subir los gastos en todo lo relacionado con la sanidad y educación pública, lo que claramente diferencia a la RBU que defiendo de la propuesta por economistas de derecha, que junto con la RBU proponen la eliminación de todas las ayudas públicas.

Los partidos que incluyan en su programa la RBU no lo tendrán fácil y deberán hacer un gran esfuerzo pedagógico para vencer el miedo que todo lo nuevo genera en la sociedad y así conseguir el apoyo de la mayoría de la población para su implantación, y en eso está ahora la batalla.

 

¿Por qué y para qué reforma Wert el sistema de títulos universitarios?


El PP prometió en 2011 una nueva Ley universitaria y para ello hizo que una comisión gastara tiempo y dinero en preparar el correspondiente informe. No debió gustar el resultado al ministro Wert y en lugar de una Ley el ministro optó por transformar las universidades mediante reales decretos (RD).
El articulo de Albert Corominas y Vera Sacristan analiza el último RD, que, como explican, esconde un aumento del precio de las enseñanzas universitarias. Además Albert Corominas y Vera Sacristan nos recuerdan que es el famoso Plan Bolonia el que abre las puertas a  estas subidas y que justo es recordarlo se debió a un gobierno del PSOE.

Diego

 

¿Por qué y para qué reforma Wert el sistema de títulos universitarios?

Albert Corominas · Vera Sacristán

El BOE del 3 de febrero ha publicado el Real Decreto (RD) que modifica la ordenación de las enseñanzas universitarias, sin que para ello hayan sido óbice las críticas u objeciones de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, las asociaciones estudiantiles, todos los sindicatos e incluso el Consejo de Estado.

Antecedentes: el “Plan Bolonia” y el austericidio

Para analizar el alcance de este RD hay que remontarse a 2007, cuando se inicia la implantación en España de lo que se dio en llamar Plan Bolonia  y que realmente no es ningún plan, sino una declaración de 1999, vaga y técnicamente deficiente, que,  con el fin de facilitar la movilidad estudiantil en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) y de profesionales con título universitario en la Unión Europea, propugna sistemas comparables de dos ciclos (con un primer ciclo de no menos de 3 cursos), establece un sistema de, digamos, medida común del esfuerzo discente (el ECTS, European Credit Transfer (and Accumulation) System) y el Suplemento Europeo al Título, un documento con información descriptiva normalizada sobre los estudios cursados, para facilitar su reconocimiento académico y profesional.

Había entonces en España un catálogo de títulos oficiales, con 64 de ciclo corto (3 cursos), 67 de ciclo largo (4 o 5) y 22 de segundo ciclo (2 años, accesibles desde títulos de ciclo corto): 153 en total. Bastaban unos retoques para adaptar el sistema al EEES, pero este sirvió de pretexto para una reforma radical, que obligó a extinguir todos los planes de estudios vigentes.

El retraso y las peculiaridades de la implantación en España del EEES se explican por la inconsistencia y la carencia de proyecto universitario del PSOE y de los sucesivos gobiernos de Zapatero, que tomaron una opción  rígida en cuanto a la duración de los grados (4 cursos) y desreguladora en cuanto a su naturaleza y contenido. Pero lo más significativo de la reforma no era la duración de grados y másteres (4+1 o 4+2), sino  el énfasis en la ocupabilidad (employability),  entendida como especialización cortoplacista, y, en sintonía con este enfoque, el encumbramiento de las competencias versus los contenidos, y el fomento de métodos docentes alineados con el eslogan “aprender a aprender”.

En esta línea resultan coherentes la vaguedad en la definición de las funciones de los grados y la substitución del catálogo de títulos por un registro en el que cada universidad puede inscribir como oficial cualquier título que conciba, previa validación de algunos requisitos –más circunstanciales y burocráticos que de contenidos– por parte de una agencia evaluadora.

Tal como algunos ya advertimos como peligro en 2005, todo ello ha desembocado en la  trivialización y degradación del grado, la mercantilización del postgrado y de algunos grados, y el desparramo del conocimiento. Frente a los 153 títulos que había en el catálogo, en el registro se pueden contar ahora, solo entre los de grado, no menos de 500. Y sin conseguir plenamente el supuesto objetivo principal de encajar el sistema español en el EEES, bastante heterogéneo, por cierto.

Los primeros pasos de la implantación del EES en España (que, como se recordará desencadenaron fuertes protestas) coincidieron con la activación de una campaña de desprestigio de la universidad pública, orientada a reducir la dimensión del sistema y su calidad, con el concomitante y disuasorio discurso de la sobrecalificación y con el estallido de la crisis financiera.

En este contexto, la contribución a la política universitaria del último gobierno del PSOE y del actual de PP, así como de los gobiernos de algunas comunidades autónomas, como el bipartito de Convergència i Unió en Cataluña, ha consistido básicamente en la aplicación de las políticas austericidas, que se ha concretado en el recorte de las subvenciones, la cuasi congelación y la precarización de las plantillas y el aumento de los precios de matrícula (especialmente en Cataluña y la C.A. de Madrid), todo lo cual ha hecho más difícil el acceso a la universidad y ha expulsado del sistema a miles de jóvenes. En particular, con el sistema de precios establecido por el Real Decreto-ley 4/2012, los de los másteres que no habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas duplican con creces los de los grados.

El nuevo Real Decreto

En este marco aparece y debe valorarse el RD, cuyo motivo, según su preámbulo, no es otro que fomentar “la internacionalización de nuestros egresados universitarios”.

Su parte dispositiva se reduce básicamente a abrir la posibilidad de que haya grados de 3 cursos (180 créditos) y a dar algunas indicaciones sobre los planes de estudios de los grados, que deberían tener carácter generalista, con la obligación de incluir materias  básicas determinadas (lo que sería positivo para los nuevos grados, pero no tiene incidencia sobre los vigentes), y con la posibilidad de reducir hasta lo irrisorio los conocimientos propios de cada grado. En un plan de estudios de 3 cursos  el decreto prevé que pueda quedar menos del 60%, el equivalente a 1,775 cursos, para impartirlos, puesto que las prácticas externas pueden alcanzar el 25%, el trabajo fin de grado un 12,5% y se puede obtener más del 3% como reconocimiento de actividades “culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación”).

Tras las luchas anti-Bolonia, muchas voces, entre las cuales las de consejeros autonómicos y algunos rectores, manifestaron reiteradamente que los grados tendrían que pasar mayoritariamente de 4 cursos a 3 y que las universidades deberían tener más autonomía (de hecho, más desregulación), entendida como libertad de diseñar su oferta de enseñanzas.

Pero una de las causas principales de que se haya llegado a la situación actual es precisamente la desregulación, la cual, aunque defendida por los creyentes en la mano invisible, suele tener las consecuencias que prevé el conocido dilema del prisionero: los intentos de maximizar la satisfacción individual desembocan en la catástrofe colectiva. Y el nuevo decreto profundiza en la desregulación. No se trata de que pueda haber grados de 3 cursos y otros de 4 cursos de acuerdo con criterios académicos, sino de que un mismo grado pueda tener 3 cursos en una universidad y 4 en otra. Se supone que hay que fomentar la movilidad a y desde Europa y, en cambio, se puede dificultar la de España para los españoles. Un factor más de dispersión a añadir a los ya existentes.

Si los precios públicos de grado y máster fueran iguales, el paso de 4+1 a 3+2 aumentaría el atractivo de la formación universitaria, porque entre la juventud de familias con rentas bajas un factor decisivo para emprender estudios superiores es el tiempo necesario para obtener un primer título. Pero, como ha reconocido el propio ministro, la proporción de estudiantes que cursan el máster es baja. En parte, aunque el ministro no lo diga, porque el máster es muy caro. El resultado, al pasar la mayoría de estudiantes de 4 años a 3, no puede ser otro que la disminución del estudiantado universitario.

Así pues, las consecuencias previsibles del flamante RD son el aumento de la entropía del sistema, la rebaja del nivel académico de muchos grados y el encarecimiento de la combinación grado + máster, que reforzará la tendencia a la reducción de estudiantes y, por ende, a la de presupuestos y plantillas.

En lo que respecta a los precios, las consideraciones contenidas en la Referencia del Consejo de Ministros del 3 de febrero, en el que se aprobó el RD, no tienen desperdicio: para encontrar trabajo –¿dónde?– basta con el grado –por  lo visto con independencia de lo que dure–  y, al pasar de 4 a 3, las familias llegarían a ahorrar 150 M€ –con los precios actuales, claro, porque con los precios pre-Wert era más barato un grado de 4 que con los precios de Wert uno de 3.

No es este RD lo que necesita el sistema universitario, sino: definición de las funciones de grados y másteres y de los instrumentos que las aseguren; regulación que flexibilice la estructura del sistema y a la vez garantice la homogeneidad en su aplicación;  restablecimiento del catálogo, que ya empiezan a reclamar algunos rectores, con criterios académicos centrados en los contenidos; reprogramación que elimine títulos fútiles y redundancias innecesarias; reducción de los precios hasta los niveles pre-Wert y homogeneización de los de grado y de máster, que no contaminaría, a diferencia de lo que sucede ahora mismo, la discusión académica sobre su organización.

Para que todo ello sea posible se requiere coordinación y cooperación entre universidades públicas y administración para reprogramar con criterios académicos y sociales, y una movilización  incesante para volver a los precios pre-Wert, como paso hacia la gratuidad o casi gratuidad como en la mayoría de países de nuestro entorno. Ya que el principal argumento ministerial es la homologación con Europa, quizás podríamos homologarnos también en precios.

 

Albert Corominas es catedrático emérito de la UPC y Vera Sacristán, profesora de matemática aplicada de la UPC.

A %d blogueros les gusta esto: