Otro artículo de José Carlos Bermejo sobre la Universidad de Santiago, que puede servir para otras universidades, incluida la de Córdoba con pequeños o grandes, según se miren, matices.
Uno de ellos sería la inexistencia de pre jubilaciones anticipadas incentivadas en la USC, de ahí que diga que hay pocas jubilaciones en esa universidad y el otro sería el no disponer de «sustitutos interinos por necesidades docentes», invento típicamente andaluz. Por lo demás el artículo es perfectamente entendible desde nuestra universidad.
Un saludo
Diego
José Carlos Bermejo Barrera: Universidad pública, plantilla privada
Frente al recorte del gasto público y la campaña de privatizaciones que se viene desarrollando en unas autonomías más que en otras, llevándose la palma la de Madrid, tiene lugar una campaña ciudadana a favor de los servicios públicos básicos, sobre los que han recaído unos recortes cuyo monto es muy inferior al dinero empleado en el rescate de Bankia. Subiéndose al carro, los rectores pretenden igualar los recortes de pensiones, prestaciones sanitarias y servicios educativos esenciales con los que sufren sus instituciones en las que ellos mismos unas veces están dispuestos a practicar el despido y otras a recortar el sueldo de sus subordinados con criterios mucho más que discutibles. Apelan ellos a la autonomía, un concepto que no saben definir, pero que sería algo así como: “solo yo puedo fijar mis derechos y los deberes de los demás”. Pues de las universidades se supone que solo pueden hablar los universitarios.
Señala Óscar Alzaga en su voto particular a la propuesta de reformas encargada por el ministro Wert, que sus compañeros de comisión, excepto una que también era jurista, eran incapaces de entender la lógica jurídica, y por eso propusieron medidas que violaban la ley orgánica que rije las universidades, creyendo que eso se puede hacer sin problemas. Y es que cada vez hay menos universitarios capaces de comprender la lógica jurídica elemental, como veremos en el caso de las plantillas. Todo el mundo sabe que en una empresa cada persona ejerce una función, lo mismo que en un ejército, o en cualquier otra institución. Y en una institución pública, financiada con los impuestos, está claro que las plantillas de funcionarios o personal laboral han de cumplir una función específica con el máximo rendimiento y el menor coste posible, respetando, eso sí, los derechos de sus trabajadores. Las plazas de funcionarios, por ejemplo, se dotan para cumplir una función, y solo subsidiariamente se pueden cambiar para facilitar la promoción de los mismos entre distintos cuerpos. Parece claro, sin embargo, que lo que en realidad está ocurriendo en la USC es que, sobre todo en los cuerpos de profesores, el principio de la promoción personal intenta apoderarse de toda la racionalidad académica y por eso es fácil adivinar que en la próxima campaña electoral los temas estrella serán: ¿a cuántos titulares se les dota su cátedra?; y ¿a cuántos investigadores se les dota su plaza de profesor? En ambos casos, por supuesto, nadie se pregunta si hacen falta cátedras o más investigadores transmutados en profesores, y por qué la plaza es suya.
La USC ya no es una institución concebida globalmente en su nivel docente, sino la conjunción de los intereses corporativos de diferentes grupos que negocian la consagración de sus derechos continuamente. Y además rige el principo del featherbedding, mediante el cual se justifica el crecimiento de plantilla bajando el rendimiento y creando reglamentos que lo consagren. Tiene esta univesidad 1.526 profesores funcionarios, de los cuales 413 son catedráticos de universidad y 998 titulares, (234 catedráticos y 397 titulares en la UCO; datos 2011) más de cincuenta de ellos ya acreditados para ser catedráticos por sus méritos. En algunos países la ratio catedrático–titular es 1/5 ó 1/4; antes en España era 1/3, ahora es 1/2. Pero como los méritos dependen de la edad y toda la plantilla envejece a la vez y pocos se jubilan, pronto habrá tantos catedráticos como titulares, sin que cumplan ninguna función diferente unos y otros, sino simplemente ganando más e impartiendo cada vez menos docencia, pues hay toda clase de normas que justifican exenciones de la misma. La docencia es una de las dos funciones de un profesor, pero la única que justifica la creación de un puesto docente. Los investigadores puros trabajan en todo el mundo en centros de investigación.
Como todo se subordina al desarrollo del currículum de los grupos corporativos y ese currículum se mide mecánicamente con baremos ariméticos fijados por las agencias de evaluación, se produce así un tsumani promocional imparable. Y como además las plantillas no se rijen ya básicamente por necesidades docentes, y los sistemas de acceso a plazas son manejables, los titulares piden “su cátedra”, aunque en realidad una cátedra sale a concurso público, y lo mismo pasa con los investigadores. Muchas áreas de conocimiento se contraen y otras crecen sin ton ni son: aquéllas que tienen investigadores. Unos investigadores que obtienen plazas en convocatorias que ya privilegian esas áreas y que se rijen por baremos que hacen imposible concursar a gran cantidad de doctores. Así se va privatizando la plantilla de los defensores de la universidad pública con declinantes áreas claves del derecho con 2 catedráticos y 6 titulares y otras experimentales ascendentes con 10 catedráticos y 27 titulares, o 17 y 23 respectivamente, o 10 y 23. En estas y otras como estas se “estabilizan” como profesores los investigadores ya no tan jóvenes, que han sido la fuerza de trabajo de los grupos de investigación privilegiados, a la par que inviables en el mercado y al margen del dinero público, dispuestos a ser profesores cada vez más exentos de docencia y a generar otros investigadores a su servicio. Si sus grupos centran la mayor parte del dinero del I+D+i y tienen edificios propios con dinero público, el resultado no puede ser mejor para ellos y peor para el resto de esa universidad pública que ellos defienden con sus lemas vacíos, ante el silencio de la mayoría.
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