UNA NOTIFICACIÓN DESAFORTUNADA (CORREGIDA) Y UNA INJUSTICIA SOCIAL QUE LA UCO NO PUEDE PERMITIR


El pasado miércoles 13 de Febrero se hizo pública en los tablones de anuncios de los Centros una relación de los estudiantes que tenían cantidades pendiente de abono del curso 2012-2013, con la indicación de que en el plazo de 10 días deberían ponerse en contacto con su secretaria para aclarar su situación o solicitar una liquidación, que se habrá de abonar en este plazo, transcurrido el cual sin haberse resuelto la situación se produciría el bloqueo cautelar del expediente, según establece el artículo 131 del Reglamento de Régimen Académico de la UCO.

Me sorprendió, y me pareció desproporcionada y desafortunada, esta notificación pública. Me resultaba difícil evitar la comparación con la práctica medieval de la picota y el escarnio público. Por ello me dirigí a la Sra. Defensora Universitaria para, en primer lugar, preguntarle si es legal hacer pública una relación de deudores. Según la Defensora Universitaria, esto jurídicamente no es ilegal, aunque hay conflicto entre dos normas jurídicas (Ley de procedimiento administrativo y Ley de protección de datos), por lo que a su juicio debe primar la intimidad de los interesados. Me informaba de que se había dado orden a los administradores de los centros para que retiraran esos listados y se sustituyeran por un aviso general (https://www.uco.es/servicios/sega/anuncios/convocatoriasabiertas).

Otro tema que planteé a la Defensora Universitaria es que, al ser una medida general, se tratan por igual casos que pueden ser muy diferentes, pues muy diferentes pueden ser las causas por las que un estudiante no haya pagado estas cantidades, lo puede dar lugar a situaciones de injusticia social que deberían evitarse. Le proponía que hiciese gestiones ante los órganos de gobierno de la UCO para que no se aplique esta medida con carácter general sino que se estudien caso a caso las causas por las que no se ha pagado, y si se tratase de una causa justificada sobrevenida, por ejemplo ingresos insuficientes en la unidad familiar por causa del paro, no se ejecute esta medida y se estudien otras alternativas.

Respecto a esta segunda parte de mi consulta, la Defensora Universitaria me contestó que está desde hace tiempo intentando buscar soluciones para personas que por problemas económicos sobrevenidos por la situación actual, no pueden hacer frente al pago de las matrículas y que, de hecho, se han ido resolviendo casos particulares con medidas también muy particulares adaptadas al caso concreto. Así, en su informe anual comunicó que había elevado al Sr. Rector una recomendación en el sentido de contemplar la posibilidad de que en los fondos de Acción Social se contemple una partida presupuestaria de ayudas para estos casos. Finalmente me comunicaba que el próximo día 25 de febrero se reunirán los defensores universitarios andaluces para intentar hacer una propuesta común e incluso elevarla al Defensor del Pueblo Andaluz para que la presente al parlamento.

Agradezco a la Defensora Universitaria la rapidez de la respuesta a mi consulta y el trabajo que está haciendo en este tema. Y por supuesto le deseo que logre convencer a las autoridades universitarias de que actúen con sensibilidad social en este tema. Es una buena ocasión para que la UCO contribuya a no aumentar la ya muy alta tasa de injusticia social a la que ha llevado la política económica de los gobiernos de España en los últimos 3-4 años a una buena parte de la sociedad española.

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Una respuesta

  1. Hace años, cuando tenía responsabilidades en la representación sindical en la UCO, cuando proponíamos nuevas modalidades de acción social siempre nos decían que su coste era elevado. Ante nuestra réplica de que más elevado era la ayuda de matrícula universitaria para el personal de la UCO, el argumento siempre era el mismo:

    “La gratuidad de la matrícula no supone un mayor gasto sino un menor ingreso”.

    Esa frase mágica servía para tirar por tierra las ayudas médicas, de libros, etc, etc.

    Espero que en este caso nuestros gestores se hagan caso a si mismos y consideren que demorar o condonar el cobro de las tasas en casos sobrevenidos no supone un mayor gasto, sino un menor ingreso, y que en nuestra medida paliemos alguna de los miles de injusticias que se comenten en nuestro país de un tiempo acá sin que se nos revuelvan mínimamente las entrañas.

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