Bolonia, un fracaso anunciado.


José María Asencio Mellado es catedrático de Derecho Procesal de la Univesidad de Alicante

La Universidad exige, sin dilación, la adopción de medidas inmediatas, urgentes, aunque no sean fáciles de aplicar. La derogación del llamado Plan Bolonia es inaplazable porque en España, por esa indolencia que caracterizó al Gobierno de Zapatero y los entusiastas adolescentes que le rodeaban en casi todos los ámbitos, dicho plan quiso ser mucho más que lo que la normativa europea exigía, con la vocación, se dijo, de erigir a la universidad española en una suerte de referente internacional de calidad y excelencia, pero eso sí, sin medios personales o materiales, ni siquiera presupuestados; todo se fiaba a muchos controles y organismos superfluos y opacos cuya función no pasa hoy de ser la de una mera supervisión de papeles repletos de palabrería, pero vacíos de contenido real. Burocracia y burocracia, informes y parafernalia de un lenguaje que se quiere hacer aparecer como excelencia.

Muchos lo advertimos. Ese plan requería profesorado y medios, porque los grupos de alumnos no podían exceder de veinticinco para adecuarse al modelo propuesto. Nadie escuchó y hoy, ante clases de varias decenas de estudiantes, la llamada evaluación continua es sinónimo de ausencia de exigencias. Pronto, por la crisis, esos grupos se harán más numerosos previo despido de profesores asociados, exactamente lo contrario de lo que necesita una Bolonia que, no obstante, ahí sigue sin que los responsables del desaguisado se aperciban de su error. Por eso, y aunque asumiendo críticas, algunos departamentos no seguiremos ese modelo hasta tanto sus ideólogos no proporcionen los medios adecuados, ya que la mera asistencia a clase no puede otorgar un título universitario y el control personalizado, cuando es imposible, se transforma es una entelequia que equivale a la eliminación de toda exigencia de adquisición de conocimientos.

Nadie escuchó en su momento que los másteres serían caros, por lo que, sin financiación pública o con una financiación insuficiente y siendo algunos obligatorios para ejercer una profesión, deberían ser abonados mediante tasas elevadas que recaerían en unas clases medias que no pueden ya hacer frente a tantos copagos existentes y los que se avecinan. Y esta es ya la realidad. Los precios se van a ajustar hasta cantidades más propias de universidades privadas o, simplemente, a ellas tendrán que acudir los que no encuentren plaza en las públicas, que por falta de medios se verán obligadas a establecer rígidos numerus clausus.

Los estudios, antes de cinco años, ahora llegarán a cinco y medio más el retraso en aprobar los correspondientes exámenes para ejercer determinadas profesiones. Seis en el mejor de los casos. Y el tiempo dedicado a formar en las materias centrales se ha reducido tanto, que cabe afirmar sin temor a error alguno, que la carencia de conocimiento de las bases fundamentales de las diversas materias, repercutirá seriamente en una formación claramente insuficiente.

Las universidades catalanas ya han comenzado a despedir profesores, más de quinientos, en la de Valencia el número llegará a trescientos y en el resto de España la amenaza es tan real, como inevitable. No hay tasa de reposición, de modo que los puestos docentes de profesores jubilados, no se cubren con personas jóvenes. La universidad envejece a pasos agigantados. El incremento de la dedicación docente en la llamada Bolonia supone la absoluta imposibilidad de llevarla a cabo, porque es evidente que se puede mantener un control diario sobre un número de alumnos no elevado, pero hacerlo sobre doscientos es un absurdo que nadie parece tener en cuenta. Como un rebaño, nuestros anteriores dirigentes políticos creyeron frases ampulosas y las vaguedades y discursos retóricos que los ideólogos de la excelencia les trasladaban, copiaban su discurso, lo repetían, hasta el punto de creérselo, sin darse cuenta de que no se puede tener una universidad americana solo con voluntad y arrogancia.

La agenda 2015 es una suma de conceptos tan etéreos, como puramente retóricos. Sin dinero, sin profesorado suficiente, sin futuro habida cuenta la imposibilidad de regenerar las plantillas, sin formación adecuada del profesorado joven al que se le impone, si quiere prosperar, que pague cursos varios que imparten los mismos que han creado el sistema; iniciar la carrera universitaria exige tener fortuna, pues los menos pudientes no pueden soportar los gastos de su formación. Esa agenda contempla la gestión universitaria por la clase política y la paulatina privatización de la universidad. De ahí que, con los planes elaborados, el incremento de las tasas será inevitable, sin que, paralelamente se aumenten las becas. La entrega de la universidad a la rentabilidad, a la empresa, significará un cambio en la concepción de una institución que no constituye, como predican los ideólogos de la reforma, un apéndice instrumental de la eficacia económica, porque el conocimiento es mucho más y ha de tener a la persona como referente de su actuación, al ser humano más allá de sus necesidades económicas.

Cuando la crisis ya era una realidad, la prudencia no fue la que presidió las decisiones políticas y de las autoridades académicas, que se empecinaron en mantener una reforma que nacía, de este modo, herida de muerte. Ahora es difícil dar marcha atrás, pero tan inevitable, como ineludible. La responsabilidad obliga a poner fin a lo que no pasa de ser una farsa. Todos lo sabemos, pero nadie parece darse por enterado.

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