CARGOS UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA


Cargos universitarios.

Diego Llanes Ruiz

El denunciar públicamente que la Universidad de Córdoba  vive en una torre de marfil, cuando la sociedad que la rodea está inmersa en una profunda crisis, y que hay datos que muestran formas irresponsables de gestionar los fondos públicos, es necesario, aunque pueda resultar penoso para el que hace la denuncia.

Baste el dato de la cuantía de los fondos públicos que la universidad dedica para gratificar a sus cargos para entender de qué tipo de irresponsabilidad en la gestión hablamos.

Si en 2011 los gastos en remuneraciones de 272 cargos era de más de 1 millón de euros (1.040.097); en 2012 los ahora 275 cargos, recibirán más de 1,2 millones (1,209.779, un incremento de casi el 20%.

Si analizamos esta distribución encontramos que 19 profesores cobran gratificaciones de vicerrectores y reciben por ello más de 9.000 euros/año y que 34 profesores cobran gratificaciones como decanos o directores, aunque los centros sean solo 11, y reciben  por ello más de 7.000 euros al año. Los 222 profesores restantes se reparten gratificaciones que oscilan entre los 5.000 y los 2.000 euros al año. Para situar estas cantidades en su contexto salarial de 2012 es interesante conocer que hay decenas de profesores sustitutos interinos con seis horas de clase a la semana que tienen “sueldos-gratificaciones”  de 8.333 euros brutos al año.

Los 275 cargos salen básicamente de un colectivo formado por unos 750 profesores funcionarios, lo que indicaría que más del 35% de estos reciben gratificaciones. La primera consecuencia de esta situación es que cualquier proceso electoral o votación en la UCO está controlado por los que deciden quién merece la gratificación o quién debe tener el apoyo para conseguir un cargo que necesite votación.

Los gestores, léase equipo de gobierno, de nuestra universidad, tienen por costumbre ignorar las denuncias y hacer creer a la sociedad que vivimos en el mejor de los mundos, con la falsa idea de que los trapos sucios de una institución pública, deben lavarse puertas a dentro. Por ello se ignora el nepotismo que impregna a la institución, se ignora que Bolonia y los planes de jubilación han creado una nueva “clase pobre” de profesorado, los sustitutos interinos a tiempo parcial, con sueldos entre 300 y 600 euros mensuales.

Esta forma de gestión se mantiene y perpetúa al saberse apoyados por una buena parte del profesorado y lo más importante, por gestionar una institución pública clave para la mejora de la sociedad, y a la que no ha dejado de llegar los fondos públicos. La propaganda se encargará de resaltar el constante esfuerzo que se hace, para conectarnos a la sociedad, para aumentar nuestra excelencia y para engrandecer los resultados obtenidos por la economía del conocimiento, de la que es considerada portadora natural. En tanto, la sociedad cordobesa, receptora pasiva de esa propaganda, se sumerge día tras día en una profunda crisis económica. La desconexión entre la economía del conocimiento universitaria y la economía real, en la que vive la sociedad, es un problema que los gestores universitarios y políticos prefieren ignorar, y que no puede resolverse a base de propaganda por muy excelente que esta sea.

La mayoría de los gestores actuales son los mismos que comparaban las ventajas que traía Bolonia a la universidad, con las generadas por el euro a nuestra economía. Ahora, tres años después, tendrían dificultades para seguir usando este símil ¿pero quién se acuerda ya de eso? Bolonia y el euro han venido para quedarse y no importa si con ello estamos hundiendo a la universidad y a la economía. Siguen muchos de los que apostaban por fastuosos y desproporcionados proyectos ligados al “ladrillo” como Rabanales 21 y que ahora se ven obligados a gestionar una universidad en medio de una crisis económica. El problema es que ellos no saben gestionar la escasez, que les llevaría a tomar decisiones que irían en detrimento de su poder y por tanto están a la espera de las decisiones que tomen otros.

No puedo más que ser pesimista del futuro que espera a universidades gestionadas de esta forma. Para ser justo, hay que decir que no todas las universidades están gestionadas de igual forma. La Universidad Autónoma de Barcelona ha recortado a la mitad las gratificaciones de sus cargos y la Universidad Pablo Olavide ha sido noticia debido a que el claustro ha rechazado el informe de gestión anual del equipo rectoral. Estas noticias son imposibles en la Universidad de Córdoba, donde los órganos de gobierno han sido elegidos cuidadosamente y, jamás tendrán la tentación de manifestarse contra aquellos que les garantizan las gratificaciones. Andalucía necesita de una universidad con gestores que respondan de su gestión de los fondos recibidos y no de una universidad gestionada por grupos de universitarios sin ninguna responsabilidad social, modelo que se repite con más frecuencia de lo deseado a lo largo y ancho de nuestra geografía.

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Bolonia, un fracaso anunciado.


José María Asencio Mellado es catedrático de Derecho Procesal de la Univesidad de Alicante

La Universidad exige, sin dilación, la adopción de medidas inmediatas, urgentes, aunque no sean fáciles de aplicar. La derogación del llamado Plan Bolonia es inaplazable porque en España, por esa indolencia que caracterizó al Gobierno de Zapatero y los entusiastas adolescentes que le rodeaban en casi todos los ámbitos, dicho plan quiso ser mucho más que lo que la normativa europea exigía, con la vocación, se dijo, de erigir a la universidad española en una suerte de referente internacional de calidad y excelencia, pero eso sí, sin medios personales o materiales, ni siquiera presupuestados; todo se fiaba a muchos controles y organismos superfluos y opacos cuya función no pasa hoy de ser la de una mera supervisión de papeles repletos de palabrería, pero vacíos de contenido real. Burocracia y burocracia, informes y parafernalia de un lenguaje que se quiere hacer aparecer como excelencia.

Muchos lo advertimos. Ese plan requería profesorado y medios, porque los grupos de alumnos no podían exceder de veinticinco para adecuarse al modelo propuesto. Nadie escuchó y hoy, ante clases de varias decenas de estudiantes, la llamada evaluación continua es sinónimo de ausencia de exigencias. Pronto, por la crisis, esos grupos se harán más numerosos previo despido de profesores asociados, exactamente lo contrario de lo que necesita una Bolonia que, no obstante, ahí sigue sin que los responsables del desaguisado se aperciban de su error. Por eso, y aunque asumiendo críticas, algunos departamentos no seguiremos ese modelo hasta tanto sus ideólogos no proporcionen los medios adecuados, ya que la mera asistencia a clase no puede otorgar un título universitario y el control personalizado, cuando es imposible, se transforma es una entelequia que equivale a la eliminación de toda exigencia de adquisición de conocimientos.

Nadie escuchó en su momento que los másteres serían caros, por lo que, sin financiación pública o con una financiación insuficiente y siendo algunos obligatorios para ejercer una profesión, deberían ser abonados mediante tasas elevadas que recaerían en unas clases medias que no pueden ya hacer frente a tantos copagos existentes y los que se avecinan. Y esta es ya la realidad. Los precios se van a ajustar hasta cantidades más propias de universidades privadas o, simplemente, a ellas tendrán que acudir los que no encuentren plaza en las públicas, que por falta de medios se verán obligadas a establecer rígidos numerus clausus.

Los estudios, antes de cinco años, ahora llegarán a cinco y medio más el retraso en aprobar los correspondientes exámenes para ejercer determinadas profesiones. Seis en el mejor de los casos. Y el tiempo dedicado a formar en las materias centrales se ha reducido tanto, que cabe afirmar sin temor a error alguno, que la carencia de conocimiento de las bases fundamentales de las diversas materias, repercutirá seriamente en una formación claramente insuficiente.

Las universidades catalanas ya han comenzado a despedir profesores, más de quinientos, en la de Valencia el número llegará a trescientos y en el resto de España la amenaza es tan real, como inevitable. No hay tasa de reposición, de modo que los puestos docentes de profesores jubilados, no se cubren con personas jóvenes. La universidad envejece a pasos agigantados. El incremento de la dedicación docente en la llamada Bolonia supone la absoluta imposibilidad de llevarla a cabo, porque es evidente que se puede mantener un control diario sobre un número de alumnos no elevado, pero hacerlo sobre doscientos es un absurdo que nadie parece tener en cuenta. Como un rebaño, nuestros anteriores dirigentes políticos creyeron frases ampulosas y las vaguedades y discursos retóricos que los ideólogos de la excelencia les trasladaban, copiaban su discurso, lo repetían, hasta el punto de creérselo, sin darse cuenta de que no se puede tener una universidad americana solo con voluntad y arrogancia.

La agenda 2015 es una suma de conceptos tan etéreos, como puramente retóricos. Sin dinero, sin profesorado suficiente, sin futuro habida cuenta la imposibilidad de regenerar las plantillas, sin formación adecuada del profesorado joven al que se le impone, si quiere prosperar, que pague cursos varios que imparten los mismos que han creado el sistema; iniciar la carrera universitaria exige tener fortuna, pues los menos pudientes no pueden soportar los gastos de su formación. Esa agenda contempla la gestión universitaria por la clase política y la paulatina privatización de la universidad. De ahí que, con los planes elaborados, el incremento de las tasas será inevitable, sin que, paralelamente se aumenten las becas. La entrega de la universidad a la rentabilidad, a la empresa, significará un cambio en la concepción de una institución que no constituye, como predican los ideólogos de la reforma, un apéndice instrumental de la eficacia económica, porque el conocimiento es mucho más y ha de tener a la persona como referente de su actuación, al ser humano más allá de sus necesidades económicas.

Cuando la crisis ya era una realidad, la prudencia no fue la que presidió las decisiones políticas y de las autoridades académicas, que se empecinaron en mantener una reforma que nacía, de este modo, herida de muerte. Ahora es difícil dar marcha atrás, pero tan inevitable, como ineludible. La responsabilidad obliga a poner fin a lo que no pasa de ser una farsa. Todos lo sabemos, pero nadie parece darse por enterado.

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