EL GOBIERNO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN TIEMPOS DE CRISIS. I y II.


Los dos artículos que siguen son una  reflexión sobre el gobierno de la universidad en estos  tiempos  y cuáles serían las medidas que a mi entender se deberían tomar para hacerla más eficaz socialmente. Espero que os interese y si es posible genere un debate.

Los artículos surgieron tras leer el informe de unos expertos y, en menor grado, un artículo del Prof. Valcárcel donde se emplea el término gobernanza.

Pueden consultarse en:

http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/documentos/2011/10/informe-finaleu2015?documentId=0901e72b80f610c2

http://www.diariocordoba.com/noticias/educacion/el-chocolate-del-loro-en-uco_671177.html

He enviado los artículos al Día de Córdoba, y según me han dicho lo publicaran uno de estos días, pero me adelanto y los cuelgo antes en este foro.

Un abrazo

Diego

EL GOBIERNO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN TIEMPOS DE CRISIS. (I)

Se han incrementado las voces de élites universitarias que reclaman un cambio en el modelo de gobierno de las universidades públicas. Modelo que consideran ineficaz y, lo peor, asambleario. Estas élites proponen un nuevo modelo de “gobernanza”, como les gusta llamarlo. La “gobernanza” es el sinónimo de gobierno que se usa para reducir el autogobierno universitario e introducir criterios empresariales en la gestión, como la rentabilidad económica en la educación y el conocimiento.

 Los planes del modelo neoliberal de la economía, para las universidades públicas españolas, no son otros que hacerse con su control. La privatización de las universidades públicas no puede seguir el modelo utilizado con otras empresas públicas. Se trataría de hacerse con su gestión, sin costo alguno, implantando un modelo de gobierno, donde los rectores, cuenten con una completa autonomía para seguir el dictado de los mercados.

 La nueva “gobernanza” se presenta como la solución para una universidad pública, inmersa, sin lugar a duda, en una crisis, con un profesorado y alumnado desorientado e incapaz de ver más allá de las necesidades del día a día.

 La crisis de la universidad pública es una consecuencia más de las políticas que el sector financiero está imponiendo para pagar la supuesta deuda que tenemos con los mercados. La introducción del proceso de Bolonia, que ha sido pilotado por muchos de los que ahora reclaman un cambio de “gobernanza”, ha tenido el efecto de desestabilizar de forma consciente al sistema universitario público.

 Hemos de recordar que el gobierno de nuestras universidades recae en los Consejos de Gobierno que actúan de hecho como Consejos de Administración, con la particularidad de que no lo forman los mayores accionistas, cosa imposible en tanto las universidades sean de titularidad pública, sino miembros de la universidad, elegidos cada cuatro años.

 El carácter asambleario del que se culpa al gobierno universitario vendría dado por el Claustro, pero este no tiene capacidad de gestión, el Claustro en la universidad se reúne anualmente y el rector de turno presenta una memoria a la que se pueden hacer propuestas. En nuestra universidad, en la historia reciente jamás se sometió a votación propuesta alguna.

 En un país, y especialmente en una comunidad como la andaluza, con una clase política omnipresente y omnipotente, un empresariado habituado a las subvenciones y una sociedad civil débil es difícil que la gestión universitaria destaque por la eficacia, la transparencia y la asunción de responsabilidades.

 A pesar de ese marco social, el gobierno de las universidades públicas ha funcionado positivamente durante décadas y no ha sido hasta la introducción de nuevas funciones, relacionadas con el modelo económico neoliberal, primero por la LOU (2001) del PP y después, por la modificación del PSOE (2007), cuando se empieza a cuestionar el autogobierno universitario.

 Un paso hacia ese modelo, ha sido evitar las molestas asambleas, léase Claustros. En la universidad cordobesa no se han celebrado los claustros de 2006 y 2010 que recogían sus Estatutos y jamás tuvo lugar un claustro para tratar la aplicación de un proceso como el de Bolonia que tantos cambios de gestión implicaba.

 Otro paso dado en la dirección neoliberal es fomentar que grupos de profesores con sustanciosos  complementos económicos, actúen como si fueran propietarios de las diversas áreas de gestión de cada universidad.

 Así el capital financiero y las élites universitarias que piden un cambio en la “gobernanza” están encontrando un campo propicio para establecer su modelo neoliberal y apropiarse de las universidades públicas. Para ello se propone al gobierno la designación del rector de entre esas élites, autoproclamadas de excelencia y que pondrá a las universidades al servicio de los poderes económicos que lo hayan aupado al poder.

 Las necesidades que una sociedad como la andaluza, con una tasa de paro de más del 30%, tiene de una universidad pública eficaz van más allá del mero cambio de “gobernanza” que defienden, en su exclusivo provecho, las élites universitarias y el capital financiero. Los principales problemas que afectan a la universidad pública no han sido creados por la forma de gobierno, son responsabilidad de las autoridades nacionales y autonómicas; como la creación y mantenimiento de centros y títulos repetidos, la falta de transparencia en la selección del profesorado, los problemas de  financiación,…

 Quien quiera abordar seriamente la mejora de las relaciones de las universidades públicas con la sociedad que las sustenta debería tener en cuenta dos realidades. Primero, que estamos en una sociedad con un sector económico privado incapaz de absorber la cantidad de titulados que formamos. Los sectores empresariales, apoyados en la innovación y el conocimiento, sus destinatarios naturales son escasos. Y segundo, los recortes en la financiación pública, impuestos por el modelo neoliberal, producirán la disminución del empleo público para titulados, su principal fuente de empleo, lo que aumentará el paro o el subempleo de los mismos.

 Dejo para más adelante los cambios que a mi entender deberían acometerse en las universidades para dar respuesta a las necesidades de la sociedad andaluza.


 

EL GOBIERNO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN TIEMPOS DE CRISIS. II

Las propuestas de cambios en la forma de gobierno de la universidad española, usualmente se hacen considerando que es posible tener una universidad de alto nivel, habitualmente referido más a la investigación que a la docencia, al margen del tipo de sociedad donde se integran.

 Los cambios que según mi criterio necesita el gobierno de la universidad pública se contienen en una idea básica. Hagamos que sea la sociedad en su conjunto, y no las élites universitarias, ni el mercado, léase capital financiero, la que determine el tipo de universidad que desea y qué profesionales y qué conocimientos necesita para aumentar su bienestar.

 Para cumplir con el objetivo de insertar la universidad en la sociedad, el gobierno de las universidades deberá asentarse en tres pilares. 1º La administración nacional y/o autonómica, que gestione la estructura del sistema universitario. 2º El autogobierno universitario que gestione el funcionamiento de la actividad docente y/o investigadora y 3º Un patronato de carácter local que gestione los aspectos financieros y de personal y sirva para acercar la universidad a la sociedad  donde se ubique.

 La administración sería la responsable de regular el número de centros, titulaciones, tasas, el modelo de selección del personal y los planes plurianuales de financiación. El autogobierno universitario, con su rector y demás cargos, elegidos entre sus miembros, se ocuparán de la organización docente e investigadora con la más absoluta autonomía, integrándose en este autogobierno tanto el profesorado como el alumnado y el resto de trabajadores. El patronato local estaría formado por personas nombradas por la administración de entre los diferentes sectores de la sociedad y no solo del empresarial. Este patronato entenderá de la estructura y retribuciones de las plantillas, así como de la gestión económica, que incluirá todos aquellos fondos públicos o privados conseguidos por y para la universidad.

 Este modelo organizativo responsabiliza a la administración de mantener o reducir el número de universidades y titulaciones. En caso de reducción del número de universidades se debería mantener un campus universitario en cada provincia, pero siempre buscando  la racionalización de las inversiones públicas.

 El autogobierno universitario permitirá una gestión independiente de las actividades y estructuras docentes e investigadoras, eliminando la autogestión en cuestiones relativas a las condiciones de trabajo. Pudiendo cogestionar junto con el patronato aquellos fondos que los miembros de los diferentes colectivos consigan por su actividad docente e investigadora.

 El patronato local, se convertirá en el verdadero motor de cada universidad o campus. Será el responsable último de que la universidad o el campus sea una herramienta eficaz para el entorno social, incluso si es posible para entornos más alejados. En él ocuparía un lugar destacado el sector empresarial que aporte experiencias en actividades innovadoras. Al ser responsable de la organización de las plantillas y de la gestión del presupuesto, este patronato deberá contar con una organización capaz de llevar a cabo sus funciones de forma eficaz, y deberán responder de su gestión ante las autoridades.

 Este modelo, que mantiene el autogobierno universitario, pretende implicar a la sociedad en la gestión de su universidad, evitando que la gestión de la actividad docente e investigadora caiga en manos de expertos, bien nombrados por los cargos políticos o por las élites universitarias.

 Nuestro país en los últimos diez años ha incrementado las inversiones públicas en universidades. Esto se ha visto reflejado especialmente en un aumento de la oferta de titulaciones, y en el crecimiento del número de publicaciones científicas, “papers”, de los que son autores nuestros profesores.  Es hora de que la universidad y la ciencia que se realiza en ella, conozca y aporte soluciones a los problemas que tiene la sociedad y no solo nuevos títulos y “papeles”. Y que esta sociedad, a su vez, descubra cómo puede conseguir una universidad más eficaz para aumentar su bienestar, abandonando el sueño de una universidad de excelencia al servicio del desarrollismo económico propuesto por los mercados.

 No creo necesaria una nueva ley de universidades, dos leyes en 10 años no han hecho sino empeorar la situación. Necesitamos pocas normas pero que se cumplan. Como ejemplo tenemos el problema de la endogamia universitaria. Para su disminución bastaría un gobierno que estuviera dispuesto a aplicar en las universidades una ley de 1992, aún vigente, sobre el Régimen jurídico de las Administraciones públicas, que en su artículo 28 regula las causas para abstenerse de formar parte de tribunales, o para ser recusado si se forma parte ellos, entre otras estaría el tener “interés personal” en el asunto o una “relación de servicio” con persona interesada directamente en el asunto.  ¿Hay más relación o interés que ser director de la tesis del opositor, coautor de trabajos con el opositor o convivir en el mismo departamento con el opositor? La aplicación de esta ley anularía más del 95% de los actuales tribunales, y ello sin tocar la vigente ley de universidades.

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