LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS TRAS LA REDUCCIÓN DE RETRIBUCIONES

Como aplicación del artículo 11 de la Ley 3/2012 de la Junta de Andalucía,* los complementos autonómicos reciben recortes que llegan al 50% en el PDI funcionario, que los recibe, pues se trata de una reducción del 5% sobre los ingresos totales y no sobre el mencionado complemento.

Quiero añadir que una vez vistos los recortes en las nóminas, el colectivo más perjudicado económicamente en términos proporcionales es el de aquellos profesores,  que por una causa (juventud), u otra (falta de méritos),  consiguieron pocos tramos de los complementos autonómicos, lo que representaba alrededor de 1500 euros en Marzo y Octubre, con el método del 5%  han tenido recortes de más de 1000 euros, esto implica una reducción del  70% o más en los complementos autonómicos, en tanto que los que tenían el máximo de tramos en los complementos, unos 3000 euros en los mismos meses, tiene recortes del 30 al 50%. Como puede verse todo un ejercicio de progresividad. Las chapuzas tienen estas cosas, y de chapuzas parecen saber bastante nuestros gestores.

No me queda claro si la aplicación de este artículo se realiza por la Universidad de Córdoba  en virtud de su autonomía tras decidirlo el Consejo de Gobierno y el Consejo Social, o por el contrario viene impuesto por las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Gerente lo firma en su deseo de  informar.

Las reducciones afectarán a todo el PDI laboral, incluido sustitutos interinos, a todo el  PAS funcionario y laboral, incluso a todo el Personal contratado con proyectos varios, pero no al PDI funcionario que carezca de complementos, que así vienen a convertirse en el personal mimado de la Junta de Andalucía.

Lo acontecido viene a demostrar el fracaso de las políticas de estimulo de la “excelencia universitaria andaluza”, y por tanto habría llegado el momento de trabajar sobre bases distintas en nuestras universidades.

Es hora de que el gobierno andaluz ofrezca propuestas y soluciones para la universidad andaluza realmente existente en la crisis económica. Por ejemplo nuestras autoridades continúan apoyando una Bolonia que se aplica gracias a profesores sustitutos interinos, mal pagados, precarios y de dudosa legalidad, profesorado que solo existe en Andalucía.

El gobierno andaluz debe poner freno a un deterioro de la institución que solo beneficia a los enemigos de lo público, debe ser transparente en sus decisiones, y obligar a los gestores universitarios a serlos también, y sobre todo olvidar esa otra universidad que se inventan cada día en los medios de propaganda.

Muchos percibimos ese proceso de descomposición de la institución pública y además no tenemos medios desde dentro para ponerle remedio, ¿o sí?

Saludos

Diego

Para aumentar mi desconcierto sobre el modelo de universidad que persigue la Junta para Andalucía he leido hoy que:

Según informó la Junta, los representantes de Loyola Andalucía agradecieron a Griñán su respaldo personal e institucional en la creación y la puesta en marcha de esta iniciativa académica:

“Sin el apoyo decidido que ha mostrado el presidente Griñán, desde el inicio del proyecto en el año 2010, esta universidad no hubiera sido posible”, afirmó el rector.

La noticia completa en:

http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/grinan-reclama-de-loyola-una-apuesta-firme-por-andalucia_790519.html

* Artículo 11. Retribuciones del personal de las Universidades de titularidad pública competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

1. Al personal docente e investigador y de administración y servicios de las Universidades públicas andaluzas se le aplicará una reducción del 5 % de sus retribuciones periódicas íntegras anuales, que se realizará sobre las retribuciones cuya regulación no sea de competencia estatal.

2. Dicha reducción se llevará a cabo en la forma que se acuerde dentro del ámbito del ejercicio de la autonomía universitaria, y en el ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

SOBRE LOS SEXENIOS.

El siguiente artículo ha sido publicado en eldiario.es.

http://www.eldiario.es/cienciacritica/numero-bestia-sexenios-productividad-cientifica_6_108199189.html#

El número de la bestia: sexenios y productividad científica

La excelencia científica no debe ser evaluada en base a un criterio de mínimos, como los sexenios.

Jordi Moya / Luis Santamaría / Joaquín Hortal / Adrián Escudero

 06/03/2013 - 16:58h

6-6-6 (six-six-six, en inglés) nos recuerda a uno de los temas de cabecera de un famoso grupo británico de Heavy Metal, en el que aluden al “número de la bestia” del Libro del Apocalipsis. El origen bíblico del seiscientos sesenta y seis (la bestia) se atribuye al emperador romano Nerón, feroz perseguidor de los cristianos, dado que la transliteración de Nerón César del griego al hebreo resulta en 7 letras que equivalen a 7 números cuya suma es exactamente 666. Curiosamente, el número sí tiene algo de “mágico”, pues es lo que se denomina un número triangular que coincide con la suma de los 36 primeros números naturales (1+2+3+…+36=666).

Pues bien, las cifras 6-6-6 se han convertido recientemente en “mágicas” dentro del (a menudo demoníaco) sistema español de evaluación de la calidad científica. Debido a las estrecheces presupuestarias, que obligan a recortar en las evaluaciones por pares, dicho número se está utilizando cada vez más como rasero para determinar qué es y qué no es la ciencia de excelencia. Su origen no es, sin embargo, una persecución política o religiosa, sino la necesidad de incentivar la productividad científica del personal investigador y el profesorado universitario. Así, un Real Decreto de 1989, que supuso sin duda un gran empuje para la ciencia española del momento, premiaba con un aumento de sueldo (entre unos 50 y 80 € netos al /mes, según la categoría profesional, en nómina – no en sobre) a aquellos científicos cuya productividad durante el último período de 6 años (sexenio) destacase respecto a un umbral mínimo ( al menos cinco publicaciones internacionales con  revisión por pares en algunas áreas, aunque en otras puedan ser sustituidas por otro tipo de méritos).

El éxito de los primeros 20 años de existencia de dicha iniciativa quedó reflejado en un exhaustivo informe de resultados de la CENAI en 2009, en el que se evaluó el desempeño del personal docente universitario y los investigadores del CSIC en la obtención de estos tramos de investigación (esto es, la proporción de sexenios obtenidos de aquellos que podían solicitarse) desde 1989. En la Universidad, destacan tanto el mejor desempeño de los catedráticos de universidad respecto a otros cuerpos docentes como la ausencia de sesgos de género importantes en la obtención de sexenios (particularmente, teniendo en cuenta las dificultades que afrontan las mujeres para ser promovidas en la escala científica y universitaria). Aunque también hay un amplio campo para la mejora: por ejemplo, casi el 25% del personal universitario no tiene ningún sexenio, y la mitad de ellos han obtenido menos de la mitad de los sexenios a los que su antigüedad les daba acceso. De igual forma, menos del 35% de los catedráticos han obtenido todos los sexenios a los que tenían acceso. También es significativa la gran heterogeneidad entre diferentes universidades: mientras que algunas (como la UAB, UAM y UV) superan el 50% de sexenios posibles, otras (como la UPM) apenas llegan al 30%. Si tenemos en cuenta que los sexenios representaban (al menos hasta 2012) un umbral mínimo, estas cifras sugieren que la Universidad española puede ir mucho más lejos tanto en el fomento de la investigación entre sus docentes, como en el apoyo y recompensa a aquellos que sobrepasan holgadamente estos mínimos. El hecho de que las universidades con mejor desempeño en este indicador coincidan con las pocas universidades españolas que aparecen entre las 300 primeras del ranking mundial no es, probablemente, anecdótico.

En resumen, la implantación de los sexenios ha supuesto sin duda un incentivo positivo en el sistema I+D español, aunque ha recibido críticas importantes al ser un criterio de mínimos, que retribuye de igual manera a quien hace lo imprescindible que a quien hace tres o seis veces mas. El lector tal vez se sorprenda al averiguar que, en las circunstancias actuales y cuando no interviene la endogamia, el acceso a un puesto fijo en el CSIC exige a los investigadores jóvenes una productividad científica que triplica o quintuplica el mínimo exigido en los sexenios para todos los años de su carrera. Además, la excelencia científica involucra parámetros adicionales que apenas se consideran a la hora de otorgar sexenios a los investigadores – como la calidad de las revistas en las que se publica, el impacto de cada artículo en su área de conocimiento (que suele estimarse a partir del número de veces que éste es citado en otros artículos) o la internacionalización del investigador (que suele estimarse a partir de su participación en proyectos, conferencias, comités científicos o comités editoriales internacionales).

La advertencia de que los sexenios no sirven para evaluar la excelencia científica ya fue hecha en  por los autores del informe de la CENAI en 2009. En sus Consideraciones Finales escriben: “Conviene recordar aquí que la CNEAI evalúa la suficiencia en la calidad y cantidad de la investigación de los profesores de universidad e investigadores del CSIC. Los indicadores que se deduzcan de los resultados de estas evaluaciones no deben perder ese significado. En otras palabras, una vez alcanzado un nivel satisfactorio, lo que sería un objetivo mínimo para el conjunto del sistema, la discriminación de la excelencia investigadora de los diferentes colectivos requeriría la valoración de otros datos: reconocimiento internacional, calidad de los vehículos de publicación, citas, etc.”.

El problema se agrava cuando intenta utilizarse como un “número mágico” para evaluar la excelencia científica, como empieza a suceder en convocatorias recientes. Por ejemplo, en la última convocatoria de becas de doctorado del programa FPU (una de las principales fuentes de financiación a nivel nacional), la valoración de la excelencia científica del director propuesto en la solicitud se basaba principalmente en su número de sexenios (hasta un máximo de tres: 6-6-6, el número de la bestia). En lo que concierne a docencia universitaria, el decreto-ley de abril de 2012 redujo recientemente la carga docente a la mitad a los profesores y catedráticos que hayan obtenido, respectivamente, 3 o 4 sexenios. Aun apoyados por herramientas de ponderación, los sexenios presentas varios problemas graves para evaluar la excelencia científica. En primer lugar, al ser un criterio de mínimos, los sexenios no permiten afinar en la medida de la excelencia científica ni evaluar si esta se ajusta de forma adecuada a una determinada propuesta de trabajo. En segundo lugar, penalizan muy severamente a los docentes e investigadores jóvenes, que no han tenido aún acceso a ningún sexenio por no tener la suficiente antigüedad o por no ser personal funcionario. La paradoja puede ser que se denieguen proyectos y/o se entierre bajo un inmerecido cúmulo de horas de clase a los elementos más dinámicos y productivos del sistema, debido exclusivamente a su escasa antigüedad.

La moraleja es en este caso es doble. En primer lugar, aunque debemos estar satisfechos de las reformas introducidas en el pasado para mejorar el funcionamiento de nuestra universidad y centros de investigación, esta satisfacción no debe ser óbice para evaluar su funcionamiento e introducir mejoras adicionales. En el caso de los sexenios, es necesario (1) profundizar en el sistema de incentivos, complementándolo si es necesario con penalizaciones, para evitar que un porcentaje tan elevado de los investigadores y docentes siga tendiendo una productividad científica prácticamente nula, y (2) sustituirlo por, o complementarlo con, un sistema de incentivos proporcional a la excelencia científica (en términos de cantidad y, sobre todo, calidad), que premie la actividad de quienes llevan su esfuerzo mucho más allá del mínimo. En cuanto a las evaluaciones de proyectos, becas y otras actividades investigadoras, entendemos la tentación de sustituir la costosa evaluación por pares por una cifra que los técnicos del ministerio pueden obtener con solo apretar un botón. Sin embargo, si nuestro gobierno se toma realmente en serio la necesidad de utilizar los recortes motivados por la crisis para mejorar la excelencia de nuestro sistema de I+D, lo que necesitamos es una mejora de nuestro sistema de evaluación (recurriendo más a menudo, por ejemplo, a evaluadores extranjeros independientes), no su debilitamiento. Todos los países que nos superan en excelencia científica tienen procesos de evaluación mucho más rigurosos y transparentes (y, por ello, costosos) que el nuestro, que a menudo incluyen evaluaciones presenciales (como los del ERC europeo) o una ronda de mejora de los proyectos en respuesta a los comentarios de los evaluadores (como la NSF estadounidense o el NERC británico). Los costes de evaluación pueden parecer elevados, pero representan una pequeña fracción de los costes de financiación de los proyectos. Por ello, representan un gasto mucho menor que el de financiar proyectos de mala calidad, sobre todo en un período de grave escasez de recursos

A VUELTAS CON LA FINANCIACIÓN DE EMPRESAS POR PARTE DE LA UCO

Respuesta al artículo del Prof. Enrique Aguilar Benítez de Lugo.

Hubiera sido lo más lógico que fueran los actuales gestores de la UCO los que respondieran a mi artículo, sin embargo ha sido el Prof. Aguilar, con más de un año apartado de la gestión universitaria, quien ha hecho algunos interesantes comentarios.

Por su referencia a los economistas y el pasado, el Prof. Aguilar parece ignorar que en su momento, junto con otros universitarios, me opuse al proyecto Rabanales 21. Que el tiempo esté dando la razón a los que en su día considerábamos un error el proyecto, por enajenar unos terrenos de la UCO destinados a “equipamientos educativos”, no me hace nada feliz pues quien pierde es una Universidad Pública.

También afirma en su artículo que “es totalmente inexacto” que los 9,2 millones de euros que la UCO decía haber conseguido para el Instituto Maimónides de Investigación en Biomedicina (IMIBIC) vayan en realidad a financiar empresas. Asegura que esos millones los aporta el Ministerio de Economía y son para laboratorios adscritos al IMIBIC.

En mi escrito manejaba los datos que ofreció a la prensa, el 20 de noviembre de 2012, el actual vicerrector de Política Científica, Prof. Castaño. En aquella comparecencia, anunció la captación de 9,2 millones por parte de la UCO, en su mayoría de Fondos FEDER, para el desarrollo de tres proyectos de investigación en el IMIBIC, mediante la modalidad de “compra pública precomercial”.

Para entender por qué digo que esos millones son para empresas, debo primero explicar lo que es “compra pública precomercial”. En 2011, la ministra Garmendia aprueba la regulación de un modelo de financiación pública de empresas con el objetivo de potenciar su innovación y hacerlas más competitivas internacionalmente,  persiguiendo además que las administraciones públicas pudieran prestar mejores servicios. Para ello, el gobierno español regula el 8 de julio de 2011 la Compra Pública Innovadora (CPI), definiendo en ella dos tipos: la Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI) y la Compra Pública Precomercial (CPP). En la primera (CPTI), las administraciones financian proyectos para que las empresas ofrezcan, en un plazo razonable, el desarrollo de una tecnología nueva y un plan sobre su explotación. En la segunda (CPP) las administraciones financian proyectos para que las empresas aumenten el conocimiento y hagan exploración y diseño de soluciones de problemas elegidos por la administración, pero sin incluir actividades de desarrollo comercial.

En mi opinión, en la primera opción los resultados son fácilmente controlables por la administración pública que pone los fondos, mientras que en la segunda, este control es más complicado, pues, aunque se prevea una comisión de seguimiento, será difícil valorar el aumento del conocimiento.

Pues bien, la Universidad de Córdoba, según informaba el Prof.  Castaño, había conseguido 9,2 millones para financiar tres proyectos en la modalidad CPP. Cuando se consulta la página web de los contratos CPP (en definitiva son contratos públicos, con lo que ello implica de publicidad, concurrencia, transparencia,…), encontramos que el 26 de octubre de 2012 la UCO ofertó efectivamente una compra CPP por valor de unos 4,69 millones de euros, y no por 9,2 millones, para tres proyectos que tienen por título: Proyecto “Sistema de conservación celular”, por 684.035 euros, proyecto “Sistema de detección de compuestos volátiles para diagnóstico precoz de cáncer”, por 2,21 millones y proyecto “Robot quirúrgico”, por 1,79 millones, proyectos que coinciden con los indicados por el Prof. Castaño a la prensa.

Estos tres proyectos están en la fase final de adjudicación, y todo parece indicar que los de “Conservación” y “Robots”, se adjudicarán a una empresa del País Vasco con una financiación total de más de 2,4 millones, mientras que el proyecto “Diagnóstico” lo será a una empresa ubicada en nuestra ciudad por más de 2,2 millones.

Como se recoge en el pliego de prescripciones de la CPP, es la UCO la administración que oferta el contrato, y no el IMIBIC. Por tanto es la UCO la que debe ser la responsable de haber solicitado y obtenido esos fondos que proceden de los presupuestos generales del Estado, y es también la UCO la que debe haber decidido los problemas en que deben trabajar las empresas.

En mi artículo, por tanto, no hay datos “totalmente inexactos”. No cabe duda de que la mitad de los 9,2 millones anunciados como CPP van a dos empresas. No me corresponde a mí, ni creo que al Prof. Aguilar, sino al Prof. Castaño, explicar el destino de la otra mitad, puesto que, por lo que parece, no han sido destinados a la “compra pública precomercial”. Quizás ha sido dedicada a investigaciones de laboratorios adscritos al IMIBIC, como dice el Prof. Aguilar, aunque para ello, por lo que he explicado, se haya tenido que forzar la legalidad de lo que son los “contratos públicos precomerciales”.

En estos tiempos de crisis y recortes, la UCO debería hacer un ejercicio de transparencia y explicar dónde y cómo decide asignar los fondos públicos que consigue; es más, debería explicar cómo los consigue. En estos malos tiempos que corren, los ejercicios de transparencia ayudan a que la mayoría que soporta recortes lo haga con un espíritu diferente.

¿FONDOS PÚBLICOS PARA EMPRESAS EN LA UCO?

Artículo publicado hoy Viernes 22 en “el Día de Córdoba” por Enrique Aguilar Benitez de Lugo, en respuesta al mio de “Fondos públicos para empresas en la Universidad de Córdoba”.

¿Fondos públicos para empresas en la UCO?

 ENRIQUE AGUILAR BENÍTEZ DE LUGO.

 CUANDO me jubilé anticipadamente al comenzar el curso 2012-2013, en la comida que algunos amigos y compañeros tuvieron a bien ofrecerme, indicaba que “me jubilaba, pero que no me iba” y que procuraría estar al tanto de los avances en mi disciplina y en el día a día de la vida de mi Universidad.

Durante estos meses he recordado algunas veces las laboriosísimas gestiones y la gran cantidad de trabajo necesarios para poner en marcha el Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación (cei-A3) y el Instituto de Investigaciones Biomédicas (Imibic).

En El Día del viernes 15 de febrero, aparece el artículo Fondos públicos para empresas en la UCO  del que es autor el profesor Llanes en el que se hace referencia al Proyecto de Rabanales 21 y al Imibic.

En relación al Proyecto Rabanales 21, el profesor Llanes lo considera excesivo o megalómano y critica que se vayan a dedicar fondos públicos a un proyecto que interesaba, fundamentalmente, a las empresas privadas. Casi 15 años después de tomar aquella decisión estratégica, el profesor LLanes hace una reflexión que es difícil no compartir, al menos parcialmente. Sin embargo, pasa como con los economistas, que siempre interpretan muy bien el pasado, pero no aciertan en sus pronósticos de futuro. Decía Gil de Biedma que “escribir un poema sobre la lluvia sólo se puede hacer en un día lluvioso”. Igual sucede con Rabanales 21.

Cuando la UCO lideró la creación del Parque Científico Tecnológico era un momento de extraordinaria bonanza económica (basada, básicamente, en la cultura del ladrillo) y de auge en la concepción y creación de Parques Tecnológicos como alternativa a “la economía del ladrillo”. En esos momentos, prácticamente todas las universidades tenían o aspiraban a tener uno y había abundantes fondos públicos (en las convocatorias conocidas como “parquetazos” para potenciarlos; de hecho, la urbanización y los fondos para los semilleros de empresas son de origen público, no universitario).

Coincidió aquella época con mi etapa de vicerrector de Investigación y me tocó recibir a bastantes empresarios que intentaban instalarse en el parque. Las peticiones eran examinadas por la Comisión de Investigación y muchas de ellas rechazadas por no demostrar suficientemente en qué medida potenciaban la I+D. Aún recuerdo el informe, extensísimo, que tuve que preparar en torno a la petición (finalmente denegada) de Baldomero Moreno S.A. La crisis ha hecho desistir, momentáneamente, a algunas de esas empresas. Al haber cesado como vicerrector , ignoro las causas y la conveniencia por las que la Universidad ha decidido, recientemente, aportar un millón de euros al funcionamiento del parque. Tal vez se trate de un nuevo esfuerzo de activar, que no enterrar, el proyecto. Indica el profesor Llanes que los terrenos aportados por la UCO como cuota de participación en Rabanales 21 se han devaluado. Esta devaluación, probable, pero no contrastada por ninguna tasación, seguramente es similar a la que se ha producido en el valor de todos los terrenos y que ha conducido a la quiebra de numerosas empresas y entidades. ¿Valdrían mas si perteneciesen a la Universidad? ¿Deberían haberse vendido?

De mayor gravedad, según el profesor Llanes, es la obtención de 9,2 millones de euros por el Imibic para desarrollar Proyectos de Investigación. Crítica que “esos fondos van directamente a financiar empresas y no a la institución pública que pone los fondos, en este caso la UCO”. Esto es totalmente inexacto porque: 1) los fondos no los aporta la UCO, los aporta el Ministerio de Economía y 2) los fondos no van a las empresas, van a financiar proyectos desarrollados por investigadores del Imibic en laboratorios adscritos al Instituto. Estos fondos han permitido, entre otras acciones, mantener y contratar investigadores. En la actualidad se están presentando nuevos proyectos para su financiación, algunos de carácter fundamentalmente básico. Más adelante, el subconsciente traiciona al articulista, cuando dice “¿no hubiera sido más adecuado dedicar los 9,2 millones para financiar al sector Agroalimentario, la seña de identidad de nuestra Universidad y no al sector de Biomedicina ?”. Y yo digo, ¿debe deducirse un criterio corporativo que transforma los 9,2 millones de malos en buenos según el área de conocimiento que los recibe?

La investigación en España atraviesa un momento delicadísimo por los recortes y por la “cuasi” nula aportación del sector empresarial a la misma. Es preciso conseguir mayor inversión en I+D por parte de las empresas y una mayor relación con las universidades, lo que incluye cambiar la visión “cortoplacista” de muchos empresarios. Solo así saldremos adelante.

UNA NOTIFICACIÓN DESAFORTUNADA (CORREGIDA) Y UNA INJUSTICIA SOCIAL QUE LA UCO NO PUEDE PERMITIR

El pasado miércoles 13 de Febrero se hizo pública en los tablones de anuncios de los Centros una relación de los estudiantes que tenían cantidades pendiente de abono del curso 2012-2013, con la indicación de que en el plazo de 10 días deberían ponerse en contacto con su secretaria para aclarar su situación o solicitar una liquidación, que se habrá de abonar en este plazo, transcurrido el cual sin haberse resuelto la situación se produciría el bloqueo cautelar del expediente, según establece el artículo 131 del Reglamento de Régimen Académico de la UCO.

Me sorprendió, y me pareció desproporcionada y desafortunada, esta notificación pública. Me resultaba difícil evitar la comparación con la práctica medieval de la picota y el escarnio público. Por ello me dirigí a la Sra. Defensora Universitaria para, en primer lugar, preguntarle si es legal hacer pública una relación de deudores. Según la Defensora Universitaria, esto jurídicamente no es ilegal, aunque hay conflicto entre dos normas jurídicas (Ley de procedimiento administrativo y Ley de protección de datos), por lo que a su juicio debe primar la intimidad de los interesados. Me informaba de que se había dado orden a los administradores de los centros para que retiraran esos listados y se sustituyeran por un aviso general (https://www.uco.es/servicios/sega/anuncios/convocatoriasabiertas).

Otro tema que planteé a la Defensora Universitaria es que, al ser una medida general, se tratan por igual casos que pueden ser muy diferentes, pues muy diferentes pueden ser las causas por las que un estudiante no haya pagado estas cantidades, lo puede dar lugar a situaciones de injusticia social que deberían evitarse. Le proponía que hiciese gestiones ante los órganos de gobierno de la UCO para que no se aplique esta medida con carácter general sino que se estudien caso a caso las causas por las que no se ha pagado, y si se tratase de una causa justificada sobrevenida, por ejemplo ingresos insuficientes en la unidad familiar por causa del paro, no se ejecute esta medida y se estudien otras alternativas.

Respecto a esta segunda parte de mi consulta, la Defensora Universitaria me contestó que está desde hace tiempo intentando buscar soluciones para personas que por problemas económicos sobrevenidos por la situación actual, no pueden hacer frente al pago de las matrículas y que, de hecho, se han ido resolviendo casos particulares con medidas también muy particulares adaptadas al caso concreto. Así, en su informe anual comunicó que había elevado al Sr. Rector una recomendación en el sentido de contemplar la posibilidad de que en los fondos de Acción Social se contemple una partida presupuestaria de ayudas para estos casos. Finalmente me comunicaba que el próximo día 25 de febrero se reunirán los defensores universitarios andaluces para intentar hacer una propuesta común e incluso elevarla al Defensor del Pueblo Andaluz para que la presente al parlamento.

Agradezco a la Defensora Universitaria la rapidez de la respuesta a mi consulta y el trabajo que está haciendo en este tema. Y por supuesto le deseo que logre convencer a las autoridades universitarias de que actúen con sensibilidad social en este tema. Es una buena ocasión para que la UCO contribuya a no aumentar la ya muy alta tasa de injusticia social a la que ha llevado la política económica de los gobiernos de España en los últimos 3-4 años a una buena parte de la sociedad española.

LOS RECORTES EN LA UCO NO AFECTAN A LA FINANCIACIÓN DE EMPRESAS PRIVADAS.

FONDOS PÚBLICOS PARA EMPRESAS PRIVADAS EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.

Diego Llanes Ruiz

No procede repetir aquí las razonables quejas que los rectores de las universidades públicas españolas han realizado sobre la disminución en inversiones en I+D del gobierno central y de las comunidades autónomas. El rector de la UCO ha ocupado un lugar destacado en la prensa en estas críticas, en mi opinión, muchas veces acertadas. Sin embargo, hay unas inversiones en I+D que no sufren recortes: las inversiones públicas para potenciar el I+D de empresas.

No es usual que la universidad pública dedique fondos a financiar proyectos de empresas privadas, especialmente ahora que la institución sufre importantes recortes. El que la UCO tenga previsto dedicar más de 10 millones de euros de fondos públicos a potenciar empresas privadas, creo que es noticia y una prueba de que hay inversiones públicas que escapan a los recortes cuando afectan a determinados proyectos privados.

Repasemos brevemente los datos. Hemos conocido recientemente que la UCO ha dispuesto de casi un millón de euros de su presupuesto para invertir en Rabanales 21 SA. Esta inversión, que tendrá la forma de “préstamo participativo”, es para evitar los problemas de impago que arrastra esa empresa por acometer una urbanización megalómana. Este tipo de préstamo se convertirá en una inversión en el capital social de la empresa, dado que muy probablemente la empresa no podrá devolverlo. Debemos recordar que Rabanales 21 SA es un proyecto privado, al que la UCO se unió con la aportación de unos terrenos de su propiedad y, por tanto, públicos. La entrada en esta sociedad se presentó en su momento como un buen negocio para la UCO. La participación en el proyecto de diversos socios solventes, especialmente Cajas de Ahorro y alguna constructora, unido a un buen proyecto en I+D, apoyado por la Junta de Andalucía, debería concluir con la revalorización de los terrenos. Conclusión: un gran negocio y además en I+D+i que era lo moderno. Sin embargo, doce años después, el proyecto en I+D+i aún no ha echado a andar, los terrenos se han devaluado y la UCO se ve en la necesidad de enterrar casi un millón de euros públicos en un proyecto que ya es privado. En su momento muchos universitarios nos opusimos a un proyecto de I+D, que por desmesurado nacía muerto, y que se ha mantenido en pie en tanto ha durado la burbuja inmobiliaria. Los 2 o 3 edificios que hoy funcionan serían suficientes para cubrir la capacidad en transferencia de la UCO por muchos años. Sorprende todavía más que tenga que ser la UCO la que, con fondos públicos, acuda en salvación de una sociedad privada y que los bancos presentes en el accionariado (Caixabank, accionista mayoritario, y Kutxabank) no hagan nada y miren hacia otro lado. Más pronto que tarde sería interesante abrir un debate en nuestra universidad y en la ciudad sobre el futuro de unos terrenos que nunca debían haber dejado de ser públicos.

Aun siendo importante la inversión de un millón de euros en Rabanales 21 SA, ésta aparece como ridícula cuando se compara con los 9,2 millones de euros, que la UCO ha anunciado haber conseguido para que el Instituto Maimónides de Investigación en Biomedicina (IMIBIC) lleve a cabo tres novedosos proyectos de investigación. Lo que no se ha dicho es que estos fondos, al venir en la forma de Compra Pública Innovadora, modelo de financiación pública para aumentar la competitividad de empresas, van directamente a financiar empresas y no a la institución pública que pone los fondos, en este caso la UCO.

En resumen, en un año en que los recortes acosan a las universidades públicas, la UCO consigue 10,2 millones de fondos públicos y los dedica a financiar proyectos de empresas privadas. Al margen de lo sorprendente de la noticia me surge la siguiente pregunta: ¿no hubiera sido más adecuado dedicar los 9,2 millones para financiar al sector agroalimentario, la seña de identidad de nuestra universidad y no al sector de la biomedicina donde las Universidades de Granada y Sevilla ya nos llevan una importante delantera?

Lo descrito tiene su explicación última en el hecho de que junto a las actividades docentes e investigadoras, la universidad ha sido obligada a jugar el papel de motor económico de un modelo de crecimiento que hace agua por todos lados. Los gestores universitarios, como funcionarios diligentes, cumplen lo que desde las más altas instancias políticas se les indica, que no es otra cosa que favorecer los intereses del sector financiero. En cualquier caso, sería interesante conocer las explicaciones que nuestros gestores dan a estos hechos,  confirmándolos, desmintiéndolos o matizándolos. Además de transparencia, se añadiría claridad a los planes de futuro que tienen  para nuestra universidad, si es que los tienen.

LA UCO SI TIENE FONDOS PARA RABANALES 21.

Sería interesante saber la cuantía de los fondos que la UCO ha destinado a Rabanales 21, en el “préstamo participativo” que realizará a través de la Corporación Empresarial de la UCO (CEUCOSA.La noticia aparecía ayer en las novedades.
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/item/89131-20130117
Resulta curioso que no existiendo fondos para muchas actividades, si existan para una sociedad cuyo socio mayoritario CAIXABANK, antes CAJASOL, no participa en ese “préstamo participativo”, tampoco lo hace la KUTXA, antes CAJASUR el otro accionista privado en tanto el ayuntamiento se lo está pensando. En cambio si participa la conocida Agencia IDEA de la Junta de Andalucía lo que viene a dar una pista sobre la necesidad del dinero.
Imagino que el Consejo de Gobierno habrá dado el visto bueno y sabrá lo que se hace. Pero no creo que sea una buena noticia que la universidad, en una situación de crísis, entierre más fondos en un proyecto que nació muerto como plan de I+D y que solo se justificaba en tanto duró la burbuja inmobiliaria.
Creo que la UCO debería cambiar desde su base, mientras no se pueda, al menos estar informados y criticar este tipo de actuaciones es lo mínimo que podemos hacer.